CONSECUENCIAS INTANGIBLES Y GRAVES
La corrupción de las personas a quienes en Colombia se les encomienda la dirección y operación de los poderes del Estado revela un frente inaplazable de atención y trabajo para las familias y las instituciones educativas: la formación de personas íntegras, tal como los antiguos griegos lo advirtieron al señalar entre los varios atributos de los hombres públicos, que estos debían ser insobornables e incorruptibles, según lo afirma Platón en la República.
Íntegra es la persona que al actuar ante cualquier situación o paradigma que la vida le depara, obra siempre inspirada en principios de orden moral tales como justicia, corrección, honradez, bondad y bien común, condición necesaria para permanecer fiel a sí mismo y ser socialmente intachable (coherencia), es decir, haciendo uso de su razonamiento ético. Ínte- gro es alguien en quien se puede confiar porque siempre hace lo correcto, por las razones correctas y del modo correcto. Hacer lo correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y que no afecta negativamente los intereses de las demás personas.
El daño social ocasionado por el incorrecto proceder de los funcionarios públicos debería ser también valorado y sancionado con consideraciones que van más allá de las implicaciones legales y económicas. Ellos están obligados a ser paradigmas y referentes legales, morales, éticos y sociales de integridad y decencia.
De tales comportamientos corruptos se derivan consecuencias nefastas, que no por intangibles o inmedibles dejan de ser menos graves que las transgresiones imputables y cuantificables. La primera de ellas, el mal ejemplo, la duda, las contradicciones y el escepticismo que suscitan en la niñez y la juventud que se encuentra en procesos tempranos de formación ético-moral y cívico-política. Segunda, la deslegitimación del Estado y sus instituciones como depositarias de la salvaguarda del bien común, la solidaridad y la justicia. Tercera, la vulnerabilidad de la soberanía nacional y la identidad cultural de la Nación, al constatar que son los tribunales y agencias externas al país las que logran identificar y develar las irregularidades pactadas entre las élites del país. Cuarta, el desestímulo entre amplios sectores de la población de la vocación al servicio y a la vida pública, lo anterior por el temor a tenerse que corromper y criminalizar para poder actuar en ella, ya que esa parece ser una característica de tendencias inmodificables. Quinta, la explícita desautorización que tales hechos implican a los procesos y esfuerzos de padres de familia y educadores que sustentan a diario el sentido del deber.
Es hora de rescatar y salvar las instituciones a través de una decidida acción ciudadana * Director de Docencia, U. Eafit
Los funcionarios están obligados a ser paradigma y referentes morales, legales, éticos y sociales de integridad y decencia.