“El Comité de Escogencia consideró que posiciones ideológicas y políticas, sabidas y muy definidas, no eran inconveniente para la imparcialidad de la justicia que impartirá la JEP. La duda persiste”.
El Comité de Escogencia consideró que posiciones ideológicas y políticas, sabidas y muy definidas, no eran inconveniente para la imparcialidad de la justicia que impartirá la JEP. La duda persiste.
La estructura y objetivos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedaron definidas en el Nuevo Acuerdo Final entre el gobierno colombiano y las Farc, en el que constituye uno de los capítulos más prolijos, complejos y polémicos de ese texto. Allí se definía un Comité de Selección, compuesto por representantes de cinco entidades, que elegirían a los magistrados del Tribunal de Paz y a los jueces de las Salas de Justicia.
Los nombres elegidos se conocieron ayer. Varios de ellos ya estaban dados por fijos. Sí es destacable que más de la mitad de los escogidos sean mujeres, y que ellas representen pluralidad de áreas de conocimiento jurídico, experticia en derechos humanos y diversidad racial.
Uno de los temores frente a este proceso de elección era la militancia política e ideológica de quienes llegaran a asumir la responsabilidad de impartir este tipo de justicia especial que es la transicional, que en el caso colombiano fue diseñada por el Gobierno y las propias Farc, cuyos máximos responsables de crímenes atroces y delitos de lesa humanidad serán destinatarios de esas normas.
Algunos de los nombrados, con seguridad, tendrán que declararse impedidos en cierto tipo de expedientes, pues están ahí, a la vista de todos, sus prejuicios que ellos mismos se han encargado de hacerlos públicos (caso del excandidato del Polo Democrático al Senado, Rodolfo Arango) contra un determinado grupo político. Como militante partidista y profesor tenía todo el derecho a manifestar su opinión. Pero como magistrado del Tribunal de Paz estará obligado a la imparcialidad y, por ende, a apartarse de cualquier caso que tenga que ver con los partidarios o miembros de la fuerza po- lítica frente a la que ha demostrado abierta hostilidad.
El Comité de Escogencia no consideró, al parecer, que estas posiciones políticas e ideológicas fueran inconveniente para procesos y juicios imparciales. Eso quedará por ver. La duda, en todo caso, persistirá.
Ayer, al presentar la lista de los escogidos, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, llevado por un exceso de entusiasmo, llegó a decir que esta justicia está siendo estudiada en el resto del mundo, para efectos de ser incorporada por otros países. Habría que ver cuántos Estados están dispuestos a conformar un sistema de justicia redactado de consuno con quienes intentaron bajo todas las formas posibles, incluyendo el terrorismo, derribar el sistema jurídico, político y democrático.
Otra afirmación por lo menos contraevidente es que esta justicia vaya a servir para cerrar heridas y para que se imponga la reconciliación. La tentación de usarla como arma de desquite contra adversarios políticos que lucharon desde el Estado, con la legalidad vigente, contra quienes en La Habana redactaron sus normas, es un asunto que solo se dilucidará con el paso de los años. Alias “Andrés París”, de las Farc, dijo la semana pasada en la Universidad Externado que la JEP debería servir para “poner preso” al ex presidente Álvaro Uribe.
Aparte de esto, falta que el Congreso apruebe la Ley Estatutaria de Justicia Especial para la Paz. Y, según afirmó a este diario el secretario Ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, saliendo las cosas rápido, esta nueva jurisdicción comenzaría a funcionar en marzo de 2018. Dentro de tres años tendrá unos 1.057 funcionarios y costará cerca de 400 mil millones de pesos al año.
El costo económico será secundario, finalmente, si algún tipo de justicia y reparación pueden ser ofrecidas a las víctimas. No es solo que se conozca la verdad, como sostuvo el presidente ayer. Para eso estará la Comisión de la Verdad, próxima a conformarse. El sentido de la justicia y de la no impunidad debe asegurarse. Si no, no habrá reconciliación posible, como de forma literal lo dijo el Papa Francisco en Colombia