El viacrucis de la JEP: la justicia que pocos quieren
La proximidad de las elecciones está haciendo que quienes antes apoyaron la implementación del Acuerdo con las Farc hoy estén en contra.
Mayoría, esa es la palabra que atormenta al Gobierno, porque día tras día es testigo de como se desvanece en el Congreso y afecta temas fundamentales para la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.
En esa vía, que Cambio Radical, CR, haya decidido no votar la ley estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, hace temblar la iniciativa o por lo menos le resta contundencia.
A la decisión de CR, cuyo director Jorge Enrique Vélez negó que era impartida por Germán Vargas Lleras, se suman las críticas llegadas de varios frentes: el más común, el del Centro Democrático, CD, férreo opositor a la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.
A este punto, esa colectividad asegura que la JEP es ilegítima, que no es necesario hacer una justicia aparte para investigar y juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, sino que deben ser salas dentro de la justicia ordinaria, es decir, proponen un borrón y cuenta nueva en todo lo acordado en justicia en La Habana.
No obstante, las posiciones están encontradas. El coordinador ponente de la reglamentación de la JEP, Hernán Penagos, manifiesta su sorpresa frente a la presunta ilegítimidad. “No entiendo, ellos y todos sabíamos que en el acuerdo estaba planteado un mecasnimo de justicia transicional para la paz”.
Penagos agrega que “el acto legislativo que creo la JEP fue el 01 de 2017 y fue aprobado hace varios meses. De dónde sacan la ilegitimidad. Lo que se está haciendo es simplemente la reglamentación”.
Estos reclamos son para Enrique Serrano, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la U. del Rosario, entendibles, en la medida de que interpretan la voluntad del 50 % de los colombianos que votó por el “No” en el plebiscito.
Los del CD se deben, según el docente, a la incomodidad con el nuevo orden institucional que usó medios jurídicos para politizar a la JEP.
La salida de Cambio Radical
Cambio Radical, por su parte, tampoco votará la iniciativa. Sus observaciones son similares: cree que la JEP premia de manera significativa y desequilibrada a los miembros de las Farc, que el Tribunal de Paz y las Salas de Justicia están conformados por magistrados con un serio sesgo de izquierda que beneficia a miembros de la extinta guerrilla, y que será un espacio en el que se juzgará con a terceros, en su mayoría empresarios.
Lo de CR, advirtió Serrano, es simplemente un giro hacia la derecha para ganarse allí un gran potencial con miras a las elecciones presidenciales.
En eso coincide Andrés Felipe Bernal, investigador de la
Escuela de Política de la U. Sergio Arboleda, con el agravante de que no se salió a tiempo del apoyo a la implementación.
¿Gobierno debilitado?
Las cuentas están ajustadas. Con el paso del tiempo se acercan las elecciones presidenciales de 2018 y los congresistas no quieren comprometer su caudal político. A parte del CD y CR, el partido de la U empieza a desgranarse, por lo que es difícil para el Gobierno ajustar la mayoría necesaria.
El pecado del Gobierno fue, según Bernardita Pérez, constitucionalista de la U. de Antioquia, aplazar tanto esta discusión y dejar que coincidiera con una etapa de cálculo preelectoral. “Estamos hablando de un Congreso que aprobó por amplia mayoría, hace un año, el Acuerdo de Paz, pero ahora están haciendo sus cuentas para las elecciones y parece que no es muy atractivo políticamente votar un proyecto de paz”.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha explicado en el Congreso las “bondades” de la JEP, cómo pondrá los derechos de las víctimas en el centro de la discusión sobre el conflicto, cómo no será una cacería de brujas contra empresarios y la transparencia con la que fueron elegidos sus magistrados.
El presidente Juan Manuel Santos promulgó ayer un decreto para que puedan ponerse en marcha algunas labores de esta Jurisdicción y que de esta manera los magistrados puedan empezar a trabajar. Podría decirse que es un salvavidas, mientras el Gobierno logra darle vida por la vía legislativa.
No obstante, el acto legislativo que le dio origen a todo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, aprobado a mediados de año por el Congreso, está pendiente de revisión de la Corte Constitucional.
El profesor Bernal dijo que en este caso “el Gobierno compró los muebles sin tener la casa: escogió unas magistrados sin tener una justicia en la cual trabajar”