¿En riesgo el acuerdo final por reparos en la JEP?
Farc y el movimiento Voces de Paz creen que hay sectores que quieren hacerle conejo a la ley estatutaria.
Aunque ya se han aprobado cerca del 75% de los estatutos del proyecto de ley que reglamenta la Justicia Especial de Paz, considerada la columna vertebral del Acuerdo entre el Gobierno y las Farc, lo que queda es un espinoso camino que tiene al menos un enemigo asegurado: el tiempo.
El próximo lunes deberán iniciar de nuevo los debates en las comisiones conjuntas que estarán centrados en la aprobación de lo que resta y la discusión se volverá a centrar en puntos relacionados con testaferros, disidentes, desertores y narcotráfico.
En esos temas se enfocaron las recomendaciones de la Fiscalía General de la Nación, lo que ha generado una polémica con las Farc y movimientos como Voces de Paz que velan por el cumplimiento de lo pactado en La Habana, aunque el Gobierno, por medio del ministerio del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que se llegó a un consenso y quedaron claros “los límites entre la justicia especial y la justicia ordinaria sobre el tratamiento que se les debe dar a los disidentes, reincidentes y desertores; así como la competencia de estas justicias (especial y ordinaria) en lo que tiene que ver con los activos, bienes, testaferrato y actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico”.
El Fiscal Néstor Humberto Martínez celebró que se escucharan y aceptaran las recomendaciones de esa institución y recordó que la JEP “queda con sus límites muy bien marcados con la justicia ordinaria. El principio es uno, quien delinque después del proceso de paz queda sometido a la ley como cualquier ciudadano y eso es un principio que no le hace daño a la paz, por el contrario, la consolida”.
Esta situación no tiene contentos a integrantes del nuevo partido político de Farc ni al movimiento Voces de Paz que creen que los cambios que se le quieren hacer a la justicia especial sería incumplir lo que se acordó.
Rodrigo Granda, uno de los principales líderes de Farc, aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que “los cambios propuestos a la ley estatutaria, haría inocua la JEP y clavaría estocada profunda a la parte esencial del Acuerdo”.
Por su parte Imelda Daza, vocera del movimiento Voces de Paz, cargó contra el fiscal general, a quien acusó de “ponerle conejo a la ley estatutaria”.
Daza asegura que el ente acusador “quiere meterse a la JEP, en principio, de manera muy sutil pero en el fondo pretende imponer la justicia ordinaria en la especial de paz, sin entender que se acordó en La Habana y que hace parte
del Acuerdo que hoy tiene carácter constitucional, entonces no se puede modificar”.
¿Está en riesgo el Acuerdo?
Para el constitucionalista Juan Manuel Charri, todo este debate obedece al error de haber tramitado un Acuerdo de Paz, como política de gobierno, sin el respaldo de todos los partidos y organizaciones sociales, y a pesar que lo quiso remediar con una refrendación, no lo logró y todo esto es consecuencia de esa política.
“Los cambios a la JEP se pueden hacer, y políticamente hablando, se puede poner en riesgo lo acordado y firmado con las Farc”, agrega.
Bernardita Pérez, también abogada constitucionalista, afirma que eso se da tras la decisión de la Corte Constitucional de que al Congreso no se le puede quitar su función deliberativa.
“Entonces el hecho de que todo esto esté en discusión es normal, lo que es cierto es que el Congreso no debe poner en riesgo el Acuerdo, por eso se debe llegar a buen puerto y sacar adelante lo acordado”, añadió