Juntas deben al Municipio $10.000 millones
La Alcaldía y el Concejo estudian alternativas de alivio que no violen el estatuto tributario municipal.
La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Hacienda, busca fórmulas de solución para aliviar una deuda de más de $10.000 millones que actualmente tienen 120 Juntas de Acción Comunal por concepto de pago de impuestos predial y de industria y comercio sobre bienes inmuebles de su propiedad, la cual se ha acumulado a lo largo de los años.
Según el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Daniel Escobar Valencia, en el rastreo que se ha hecho del tema, se han hallado juntas que deben dineros incluso desde hace 15 años.
El concejal Carlos Alberto Zuluaga, quien lidera una comisión sobre el tema, sostiene que, por su naturaleza cívica, las JAC desarrollan en estos inmuebles actividades relacionadas con el Plan de Desarrollo Municipal.
“Suena contradictorio que se les cobre impuesto a estas sedes cuando en ellas se ejecuta la oferta institucional del Municipio; es decir, estos salones son usados por las secretarías de Salud, Educación o el Inder para realizar actividades relacionadas con la gestión municipal”, señala Zuluaga.
Aunque la Secretaría de Hacienda aclara que las Juntas de Acción Comunal funcionan como entes privados y si tienen un bien inmueble, este es sujeto de impuestos, el concejal Zuluaga advierte que si bien eso es cierto, para las JAC resulta imposible cancelar los pagos ya acumulados.
“Muchos de estos bienes las comunidades los adquirieron a punta de empanadas y de rifas y si sus miembros difícilmente tienen para pagar los impuestos de sus casas, menos van a cancelar las deudas de las JAC”, alertó Zuluaga.
Cada caso es distinto
Pero en el mismo saco no se pueden meter todas las JAC.
El subsecretario de Ingresos, Escobar Valencia, precisa que en el tema de los impuestos hay que analizar caso por caso, porque hay diferentes tipos de bienes inmuebles.
En primer lugar, hay algu- nos que siendo de las JAC, se usan para actividades comerciales que no tienen que ver con su objeto social. Para estos no hay fórmulas de alivio.
Otros son utilizados en comodato por establecimientos educativos para dictar clases por cobertura y con estos hay
que analizar cómo sería la fórmula para pagar. El concejal Zuluaga propone que se aplique el cobro por estudiante a través del Estatuto Tributario “y así se saldaría la deuda por corresponsabilidad”.
Hay un tercer grupo de bienes inmuebles que cumplen su objeto social de prestar servicios comunitarios y de la Alcaldía.
Los segundos y los terceros se pueden acoger al Acuerdo 064 de 2012, en cuyos numerales 4 y 5 se establece una exención de pago de impuestos hasta el 31 de diciembre 2018, pero siempre y cuando estén el día en los pagos.
“A pesar de existir esta norma, no sabemos por qué muchos no se acogieron a ella
buscando la exención”, señaló el subsecretario de Ingresos.
Explicó que estos beneficios deben ser solicitados por ellas, pues en la ciudad hay 342 matrículas inmobiliarias pertenecientes a JAC y la función del Municipio no es analizar cada una. La Alcaldía y el Concejo estudian con lupa este tema y anunciaron que en 15 días presentarán las alternativas para que a futuro el caso no se repita