Forenses contradicen versión del Gobierno en masacre
Hay dos versiones sobre el asesinato de los campesinos, Gobierno sostiene que fueron las disidencias de las Farc y los labriegos que fueron los antinarcóticos.
Siguen dos teorías encontradas sobre los disturbios en los que, por lo menos, seis personas fueron asesinadas en Tumaco, Nariño, tras una protes- ta contra la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. El Gobierno sostiene que los responsables hacen parte de la disidencia de las Farc, pero el resultado de la investigación de Medicina Legal coincide con la versión de los campesinos manifestantes. Defensoría pide investiga- ción de las autoridades contra los policías antinarcóticos. ¿Qué hallaron investigadores en la escena?
Siguen sin resolverse oficialmente los hechos que dejaron, por lo menos, seis campesinos muertos en Tumaco, Nariño, según Medicina Legal, durante protestas de campesinos cultivadores de coca contra la erradicación forzosa que adelantaba la Policía Antinarcóticos. Sin embargo, el parte del Instituto de Medicina Legal confirma, en parte, la versión de los manifestantes que aseguran que el ataque fue de la Fuerza Pública.
Después de la necropsia a los campesinos el Instituto aseguró que “los cuerpos presentan lesiones causadas por proyectil de alta velocidad. Los expertos en balística determinaron que los disparos no fueron hechos a corta distancia”.
Es decir, la versión de los campesinos de que la Policía Antinarcóticos, que estaba al frente a ellos, disparó a mansalva contra los manifestantes cobra vigencia.
Lo que desmiente la posición del Gobierno, que sostuvo desde el viernes pasado, un día después de los disturbios, a través del vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, que la disidencia de las Farc, que estaban
entre los manifestantes, habían disparado en contra de los campesinos y habían utilizado explosivos improvisados. Entonces señaló a alias “Guacho” como el responsable y ayer lo atribuyó a alias “Cachi”.
Defensoría pide investigar
La región donde ocurrieron los hechos limita con Ecuador, en un una extensión aproximada de 300 kilómetros, y está bañada por los ríos Mira, Nulpe y Mataje. Solo allí se calcula que hay sembradas unas 10.000 hectáreas de coca, de las más de 23.000 que hay en Tumaco.
Hasta ese lugar se desplazó una delegación de la Defensoría del Pueblo, enviada por el defensor Carlos Alfonso Negret,
con el fin de verificar lo ocurrido. Tras la visita, se le pidió a los organismos disciplinarios y judiciales investigar la presunta responsabilidad de los miembros de la Policía Antinarcóticos en los asesinatos.
Su conclusión fue que los labriegos coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
“Los manifestantes aseguran que fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía Antinarcóticos, que en el momento de los hechos no hubo intervención de grupos armados ilegales ni tampo- co se registró el lanzamiento o activación de cilindros bomba o los denominados ‘tatucos’, contrario a lo informado por las autoridades”, dijo la Defensoría, quien no observó evidencia de tales explosiones.
El general Naranjo, quien permanece en la zona desde el viernes, respondió que “aquí hay testimonios coincidentes de las comunidades que tienen que ser confrontados con las pruebas técnicas y la evidencia material de prueba que está recabando la Fiscalía”.
Aclaró, además, que el conducto regular para suspender a los policías que podrían estar implicados, mientras se adelanta la investigación judicial, depende de la decisión del procurador general, Fernando Carrillo, quien podría asumir el poder preferente para dejar la investigación a su cabeza o dejar la competencia disciplinaria en manos del director de la Policía, general Hernando Nieto