Viudas en tierra ajena
Se rehúsan a entregar más de 90 hectáreas, dos predios y una bomba de gasolina para reparar a las víctimas.
Además esposas, excónyuges y suegras de exparamilitares son dueñas de 90 hectáreas, dos predios y una bomba de gasolina en Urabá. Los terrenos eran de familias que a la fuerza, entre 1995 y 2000, los entregaron por miedo. Hoy, ellas esperan recuperarlos, pero compañeras de hombres como Carlos Castaño, aferradas a lo que les queda, no dejan dar un paso allí. ¿Cuáles son los casos?.
ABenjamín Alfonso Martínez no le alcanzó la vida para volver a su terruño. La tristeza de no recuperar las tierras, que vendió obligado a los paramilitares en la época más dura de la violencia en el Urabá antioqueño, le consumió la existencia. El 2 de noviembre de 2015, a sus 85 años, dejó este mundo con una petición: la promesa de que sus hijos lucharían para recuperar esos predios.
El viejo, como lo llaman cariñosamente sus herederos, tuvo que vender sus parcelas ubicadas en la vereda El Congo, en Turbo. Como muchos de los campesinos, bajo la amenaza del cañón de un fusil y con la famosa sentencia en la negociación ilegal de las tierras de los campesinos “o nos vende usted o negociamos con la viuda”, entregó “Las Margaritas”, “Puertoriqueño”, “Los Claveles”, “El Conejo” y “Nueva Ilusión 2”, terrenos prósperos en los que tenía todo para vivir con su esposa y sus 11 hijos.
Así lo recuerda una de sus vecinas a quien llamaremos Olga, pues prefiere mantener en secreto su nombre ante el miedo de las represalias que le quebranten la paz que vive en el momento. “Benjamín tenía finca con ganado y cosechas. Él la vendió. Yo no sé por qué o qué pasó, pero en ese tiempo la violencia nos hizo salir”.
Y sentencia: “Todos acá saben quién era Benjamín, todos acá lo querían mucho”.
*** Como una norma implantada a la fuerza, el anonimato es la carta de seguridad para los habitantes de las tierras despojadas por los paramilitares. Apoyado en esa ley impuesta, uno de los hijos de don Benjamín, quien se guarda su nombre con el mismo sigilo que el machete en la vaina, asevera que “fueron 100 años de trabajo perdidos, 50 de mi papá y 50 de mi mamá. Él no pudo superar esa pérdida y todo empeoró tras su muerte”.
Hace poco menos de un año, el hijo de Benjamín volvió al terruño donde nació, donde creció, donde ordeñó vacas, sembró ñame y cultivó plátano. Lo hizo cuando la Unidad de Restitución de Tierras se adentró en esta zona solitaria para medir los linderos de la finca.
En su parcela solo hay silencio. No hay cosechas ni casa ni nada de lo que dejaron en su huída. En los vastos terrenos solo se escucha el bramar del ganado ajeno. De los predios no sabe nada, y de quiénes los tienen, prefieren no saberlo.
“A todos nos tocó hacerle frente a la vida y sacar adelante nuestras familias. Ya llevamos mucho tiempo esperando a que se solucione a nuestro favor lo de los terrenos, pero hemos sido muy precavidos; eso nos ha dado tranquilidad y pedimos a Dios que siga así”, dice el labriego.
Pero su terruño no quieren devolverlo.
La finca por la que su padre fue contactado una vez en Urabá para la firma de las escrituras, y cuyo pago fue entregado en un maletín con billetes mojados —que impidió su conteo— por hombres de Jesús Ignacio Roldán, alias “Monoleche”, uno de los ex paramilitares de confianza de Carlos Castaño, máximo jefe de las Autodefensas y de quien se rumora fue su verdugo, hoy está a nombre de Kenia Susana Gómez, esposa del extinto jefe paramilitar. Ella se niega a devolver esos predios para la restitución.
Se oponen a la restitución
Pasando el corregimiento San Vicente del Congo de Turbo, rumbo al municipio de San Pedro de Urabá, hay un desvío a la izquierda en un sector conocido como el Bongo. Esa es la entrada para llegar a las fincas que fueron de don Benjamín y que ahora están a nombre de la viuda de Castaño y su hija Rosa María Castaño Gómez, las mismas que se niegan a devolver a los despojados.
Son poco más de 94 hectáreas agrupadas en un solo predio en el que figura la esposa de Carlos Castaño como titular inscrita en la matrícula inmobiliaria 034-48936 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo.
La entrada es una trocha por la que solo pueden transitar caballos, una que otra moto y campesinos a pie. Existió una vía, pero el invierno que sufre por estos días Urabá, y gran parte del país, vuelve el camino un lodazal, de esos que se pegan en los zapatos o en las llantas, y las quebradas y el río Bongo que cruza por el sector y llega a niveles que hacen imposible su paso por sectores anegados.
Estos terrenos fueron englobados a nombre de José René Zapata Vanegas y Amparo Pereira Rivera, exesposa de alias “Monoleche”, quienes una vez realizada la compraventa sobre las tierras del campesino Benjamín, unificaron los derechos de propiedad y ocupación.
Por esta razón, en un Auto del Juzgado Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras Itinerante-Antioquia conocido por EL COLOMBIANO, se citó a Amparo Pereira Rivera y José René Zapata Vanegas, quienes inicialmente compraron los predios, para que detallen los pormenores de cómo se realizó la negociación de esta finca.
Paola Andrea Cadavid, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, URT, asevera que en Urabá son las esposas o las viudas de los exparamilitares quienes se oponen a la restitución.
El término de opositoras, según Cadavid, es referido a personas que actualmente ostentan la titularidad de los predios porque están como
propietarias inscritas en folios de matrícula inmobiliaria, y en las respectivas demandas presentadas a los jueces, serán la contraparte.
“En el caso de Kenia Gómez no solo tiene los predios sino que los está explotando. Esas tierras no solo están a nombre de ella, sino de su hija menor de edad. La Unidad de Restitución buscó el acompañamiento del ICBF porque en la demanda la niña aparece como titular”, dice Cadavid, y con el agravante de que la niña pade-
“Se ha evidenciado que estas personas (terratenientes) aún siguen explotando los predios en Urabá antioqueño”. PAOLA ANDREA CADAVID Directora de la URT en Antioquia
ce una enfermedad rara.
Para la directora de la URT Antioquia, poner bienes a nombre de personas que tienen una condición especial para disfrazar el testaferrato y el despojo es un asunto que pasa por la ética, y son trabas para obstaculizar la restitución en un territorio en el que la violencia expulsó entre 1985 y 1994 a 68.146 campesinos y recibió a 30.000 provenientes de Córdoba, quienes salieron huyéndole a la violencia.
EL COLOMBIANO buscó la versión de Kenia Gómez a través de su abogado, e incluso envió mensajes con un emisario, aunque se comprometieron a dar respuesta, finalmente, no volvieron a contestar.
No es el único caso
El 25 de noviembre de 2011 en versión libre conocida por EL COLOMBIANO, el exjefe paramilitar del Bloque Catatumbo,
Salvatore Mancuso, reconoció ante la fiscal 25 de Justicia y Paz que puso a nombre de su excónyugue, la señora Martha
Dereix, varios predios en la vereda la T, en el corregimiento Lomas Aisladas de Turbo. “Mi exesposa Martha De
reix, cuando me hace recordación de esto, mando a buscar todas estas cosas y encuentro que la presioné para que firmara a nombre de ella aún sigue a nombre de ella ( sic) por lo tanto, ella le solicita a usted señora fiscal, y a la Fiscalía, a través del abogado que la representa, que le aplique principio de oportunidad en la medida que ella denuncia que en algún momento yo la presioné para adquirir las tierras a nombre de ella y son dos predios...”
Lo que pudo establecer la fiscal 25 de Justicia y Paz es que estos predios fueron despojados mediante tres estrategias diferentes: venta forzada, venta falsa y despojo material.
Este fue el caso de Marina, una mujer campesina de Turbo a quien campesinos de su vereda le ofrecieron contactarla para venderle las tierras a Mancuso. El negocio estuvo mediado por una advertencia: era mejor venderle al jefe pa- ramilitar las parcelas.
“Nosotras sí accedimos a vender y recibimos el dinero para firmar las escrituras pero no el resto por la venta de las fincas”, expresó una de las víctimas que hoy reclama.
Cadavid, la directora de la URT en Antioquia, explica que en este predio, y en otros, se evidencia explotación y testaferrato, por lo que aunque las propiedades estén a nombre de los familiares de los excomandantes paramilitares, un juez de restitución de tierras podría dictar sentencia a favor de las víctimas, que fueron obligadas a abandonar o a vender a muy bajo precio, y quitarles los bienes. Conocida la denuncia, Jaime Alberto Paeres, abogado de Salvatore Mancuso y de su ex esposa, Martha Dereix, expresó que su defendida lo que menos pretende es obstaculizar la restitución de tierras.
“Jamás hemos torpeado, jamás hemos hecho lo que dice la Unidad de Tierras. Nosotros estamos sellando para que los bienes vayan a las víctimas y no se queden en otras manos. La próxima semana vamos a poner denuncias penales contra personas que engañaron a los jueces, a los fiscales, a la unidad y se hicieron pasar por falsas víctimas. Eso no es torpedear, eso es luchar porque los bienes que entregó para reparar Salvatore, realmente lleguen a quien lo merece”, asevera Paeres.
Pero no solo fincas y terrenos son los activos que según las autoridades excónyugues o familiares de exparamilitares se niegan a devolver. Una bomba de gasolina y un restaurante ubicados en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, fueron entregados por el excomandante paramilitar
Ever Veloza, alias H.H., quien era comandante del Bloque Bananero, para la reparación de los afectados por su accio-
nar delincuencial.
Sobre los bienes hubo una acción de reclamación de la suegra del paramilitar asesinado César Gómez, conocido como “el Panadero”, quien ejerció como comandante de estas estructuras ilegales en el Nordeste antioqueño.
“Este caso la unidad lo resolvió de manera desfavorable. La suegra de ‘ Panadero’ quiso reclamar un predio entregado para el fondo de reparación diciendo que este predio le había sido despojado por H.H., y cuando verificamos la información, encontramos profundas inconsistencias que nos llevaron a determinar que se trataba de un caso de testaferrato”, explica Cadavid.
Esperan por una decisión
A lado y lado de la carretera de San Vicente del Congo se ve de lo que vive esta región urabaense: ganadería, cultivos de plátano y arroz. Son extensas tierras en las que no se observan casas.
En una de estas trabaja el hijo de Benjamín, quien espera la restitución para cumplirle la promesa a su padre. “Él, antes de morir instauró la demanda para recuperar sus predios, donde nacimos y crecimos nosotros. Ahora estamos a la espera de que suceda algo y que podamos cumplir el deseo del viejo”, agrega.
Así le hará honor a este labriego quien no murió en sus tierras como lo soñó hace más de 47 años, cuando derribó monte y selvas para hacer de Urabá su mejor territorio para vivir
“No queremos torpedear la restitución. Lo que buscamos es que los bienes lleguen a las víctimas verdaderas”. JAIME ALBERTO PAERES Abogado de Martha Dereix