RESPUESTA A RECIENTE COLUMNA
Estimada Directora,
Leímos con atención la columna del coronel (r) John Marulanda, de Acore, titulada “Pues sí, es el narcotráfico”, publicada en El Colombiano el 14 de septiembre.
En cuanto a la afirmación del coronel (r) Marulanda de que la negociación con las Farc tuvo como telón de fondo el narcotráfico, reconocemos que este, sin duda, es una de las tantas dimensiones del complejo contexto en el que transcurrió el conflicto armado.
Por esta razón, uno de los cinco puntos de la agenda de conversaciones fue la solución al problema de las drogas ilícitas. La negociación se realizó bajo el entendido de que el narcotráfico alimentó el conflicto y que su resolución abre una oportunidad histórica para encontrar una solución de largo aliento para este problema. Esto es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. Gracias al nuevo contexto que resultó de la firma del acuerdo de paz, el Esta- do colombiano ha tenido la posibilidad de intervenir territorios en donde antes le era imposible llegar de una manera permanente e integral.
El coronel (r) Marulanda se equivoca cuando afirma que apenas hemos logrado acuerdos de sustitución con 1.500 familias. A pesar de que el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) arrancó en febrero de 2017, ya hemos suscrito acuerdos colectivos departamentales y municipales de sustitución voluntaria con aproximadamente 110.000 familias que reportan un estimado de 85.000 a 90.000 hectáreas de cultivos de coca.
Desde el 11 de mayo del 2017, momento en el que empezó el ingreso individual de familias al PNIS, ya hemos vinculado 21.901. Estas familias están sustituyendo voluntariamente 17.000 hectáreas de cultivos de coca, bajo la verificación y monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). En noviembre del presente año completaremos la vinculación individual de familias, a través de las cuales sustituiremos las 50.000 hectáreas fijadas en la meta de 2017. A estas hectáreas se suman las 50.000 que se están erradicando de forma manual y forzada. No son anuncios o buenas intenciones sino hechos.
Por décadas la respuesta del Estado colombiano a los cultivos ilícitos fue la erradicación forzada vía aspersión aérea. Aparte del efecto negativo que tiene sobre la salud pública y el medio ambiente, esta alternativa es de dudosa efectividad. En los últimos 16 años se intervinieron dos millones de hectáreas entre aspersión y erradicación forzada y los cultivos ilícitos aún son un problema.
Si queremos encontrar una solución duradera a este flagelo debemos modificar las condiciones que empujan a miles de familias campesinas a optar por los cultivos ilícitos. Con el fin del conflicto, dimos un gran paso, ahora debemos avanzar por el camino de la inversión social y la generación de oportunidades