Sustitución de cultivos: una apuesta contra reloj
Para mayo de 2018, el Gobierno espera que 50 mil hectáreas que hoy están sembradas con coca se conviertan en proyectos productivos legales.
Son 146.139 hectáreas que según el último estudio de Naciones Unidas hay sembradas con cultivos de uso ilícito en Colombia, y el Gobierno nacional, no solo para cumplir con lo acordado con las Farc en La Habana, sino también con los requisitos en la lucha contra las drogas que tiene con uno de sus principales aliados, EE. UU., busca desaparecer 100.000 de esas hectáreas con dos tipos de estrategias: erradicación forzada (50.000) y sustitución voluntaria (50.000).
Con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el Estado busca aliarse con las familias campesinas para que ellas se encarguen de cambiar las matas de coca que tienen en sus predios, por otro tipo de siembra legal.
El reto de este trabajo conjunto es, aparte de sacar de circulación 50 mil hectáreas de hoja de coca para antes de mayo de 2018, que los labriegos y sus familias puedan tener otro proyecto productivo que les brinde una buena calidad de vida, y aunque es difícil competir con el dinero fácil que genera este cultivo, la voluntad y la palabra de parte y parte se convierten en un factor fundamental para poder lograr el cometido.
Sin embargo, las ganas y la voluntad no son suficientes para que el proyecto funcione, y por eso desde la oficina de la Alta Consejería Presidencial para el posconflicto explican que más de la mitad del camino se debe recorrer en equipo y allí están involucrados el Gobierno, las Farc y las comunidades locales.
“El Gobierno, por su parte, genera los incentivos económicos para impulsar el cambio, las Farc promueven la sustitución en las zonas donde históricamente han tenido influencia y las comunidades participan de manera activa, democrática y voluntaria”, agregan los de la oficina del Posconflicto.
Desde la Dirección para la Sustitución de Cultivos de uso Ilícito explican que una vez se tenga un acuerdo con las familias que siembran coca, se acuerda un pago a cada una de ellas por un millón de pesos mensuales “como remuneración por sustituir, preparar la tierra para siembras legales o trabajar en obras públicas de interés comunitario”.
Adicional a ese primer desembolso, también recibirán un pago único de 1.8 millones de pesos para proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria. “Por otra parte se entregarán nueve millones de pesos para proyectos de ciclo corto e ingreso rápido y para el segundo año de convenio, cada familia recibirá hasta 10 millones de pesos para financiar proyectos productivos y costear mano de obra. También se contará con una asistencia técnica avaluada en 3.2 millones de pesos”.
Aclaran desde la dirección de sustitución, que el compromiso de las familias será no volver a sembrar cultivos de uso ilícito, no vincularse a labores asociadas y no comercializar materias primas para ese propósito.
¿Cómo va el programa?
Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ya ha realizado el proceso de inscripción con 24.953 familias “entre las que se encuentran cultivadores, campesinos que no tienen estos cultivos pero se encuen-
tran en zonas afectadas por este tipo de cosechas y recolectores que prestan su mano de obra en los cultivos ilícitos”.
En este estudio se logró establecer que esas familias están ubicadas en 19 municipios de 10 departamentos, donde se encuentra el 40 % de la coca en el territorio nacional, según el último monitoreo de la ONU.
“A esas familias, que según
nuestros cálculos tienen cerca de 23.000 hectáreas sembradas con mata de coca, se les inició ya la realización de los desembolsos de los recursos que están previstos en el acuerdo. De esas 24.953 familias, 11.208 ya están siendo monitoreadas por Unodc”, dijo Eduardo Díaz Uribe, director del programa integral de sustitución.
Agrega el funcionario que
en los municipios de Briceño, Antioquia; San José del Guaviare, Guaviare; Uribe, Meta; Tibú, Norte de Santander; Puerto Asís, Putumayo y Cumaribo, Vichada, se ha corroborado que las familias que ya están en una etapa más avanzada del proceso de sustitución han arrancado el 88 % o más de los cultivos de uso ilícito que tenían, exceptuando a Tibú donde el avance llega al 48 %.
Unas de cal, otras de arena
Uno de los principales retos que tiene el Gobierno con el programa de sustitución es convencer a los campesinos cultivadores de coca que puede cumplirles con los compromisos pactados.
Lo ocurrido en Tumaco el pasado 5 de octubre, donde murieron siete campesinos en la vereda El Tandil, víctimas de disparos al parecer provenientes de la Policía en medio de un altercado generado por la erradicación de cultivos de coca, ha fracturado la confianza del campesinado en el Gobierno, porque allí en esa zona, según Eduardo Díaz, ya se habían realizado acuerdos con algunas familias para el programa de sustitución.
Desde el componente de Farc a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi), se hizo una critica al PNIS y se le acusa de no estar cumpliendo con el punto cuatro del Acuerdo de Paz: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.
“Desde el componente Farc de la Csivi exigimos que el Gobierno Nacional dé cumplimiento al PNIS garantizando condiciones reales, oportunas y efectivas a las comunidades rurales y desarrolle el principio de integralidad en los términos en que se acordó. Las decisiones unilaterales del Gobierno Nacional afectan la implementación del Acuerdo de Paz y la confianza del país, además dan cuenta del desconocimiento de la Csivi como instancia de seguimiento, impulso y verificación”, afirman las Farc en el comunicado.
El Gobierno, por intermedio del Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, y
Eduardo Díaz, respondieron con una carta a las Farc, en la que aseguran que se mantiene el compromiso fijado desde el Acuerdo y que se está dando cumplimiento.
“Se ha garantizado la participación de delegados de las Farc en las múltiples reuniones de socialización, foros y mesas de trabajo que se han realizado en diferentes territorios, además de mantener espacios de análisis con representantes de organizaciones campesinas con presencia a nivel nacional”, dicen en la misiva.
Lo que se dice en el campo
En la región de Catatumbo, Norte de Santander, hay 24.831 hectáreas de mata de coca. Allí solo 216 familias, la gran mayoría de la vereda Caño Indio del municipio de Tibú, han sido involucradas en el programa de sustitución.
Según Yoni Abril, vicepresidente de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, en Tibú se han sustituido cerca de 300 hectáreas y los labriegos están a la espera del acompañamiento técnico para continuar con el programa. “Lo que está ocurriendo allá es como un espejo para todo el resto de la región”.
Agrega el dirigente que se han adelantado varias reuniones con el Gobierno para avanzar, aunque considera que “ha sido muy lenta la implementación de los acuerdos y acá los campesinos tienen toda la voluntad y ánimo para sustituir, pero necesitamos más acción y no tantas palabras. La preocupación pasa también porque se necesita un diagnostico de tierras para tener certeza de los proyectos productivos que se requieren”.
Otro es el panorama en la vereda San Luis del corregimiento El Aro, municipio de Ituango, norte de Antioquia. Allí, como lo explica Con
rado Atehortúa, uno de los líderes de esa población, el programa de sustitución no termina de convencer. Asegura que para llegar a su vereda se requiere de 4 horas de camino de herradura y que ni siquiera hay carretera al corregimiento, “por eso es difícil cambiar la mata de coca por cultivos que no hay cómo sacar”.
Conrado cita un ejemplo que tienen casi todos los campesinos que están en poblaciones apartadas: “sin vías no hay cómo sacar un proyecto productivo, no queda una ganancia que ayude a sobrevivir, por eso el cultivo legal que hay en estas tierras sirve para alimentarnos, no más. La voluntad está, pero el primer paso lo debe dar el Gobierno con una vía para que el resto funcione”.
La situación en Antioquia
En el departamento son 4.137 familias que están en el programa, más otras 5.000 que se encuentran en fase de preinscripción, “esas personas se encuentran en los municipios de Briceño, Tarazá, Anorí, Cáceres e Ituango, donde se concentra gran parte de los cultivos de uso ilícito”, dice
Luis Fernando Pineda, coordinador del programa de sustitución en Antioquia.
“Se está haciendo un esfuerzo muy grande y acá en Antioquia el programa está marchando muy bien, ya se inició la fase de pagos en algunos municipios y en otros se avanzan las inscripciones. Esta semana empezamos en Campamento y vamos a reactivar negociaciones con Valdivia, Nechí y El Bagre”, añade el funcionario.
Aun con la normalidad en el departamento, EL COLOMBIANO conoció que en Tarazá, específicamente en las veredas Barro Blanco y El 12, el equipo oficial que socializaba la sustitución recibió amenazas y fue obligado a abandonar la zona
“Hay territorios en los que la ONU ha comprobado que los campesinos ya arrancaron las matas de coca”. EDUARDO DÍAZ Director Programa de Sustitución