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Tras años de lucha jurídica, familiares de las víctimas lograron consenso para aprobar la norma.
México pone en marcha ley contra desaparición forzada
Antes de esta semana, cuando en México alguien desaparecía, las vías para encontrarlo o hacer justicia en su nombre eran pocas y frágiles. El escenario es crítico, si se tiene en cuenta que habría 27.638 desaparecidos, aunque es probable que en un país en guerra contra el narco, que minimiza el problema y tiene 120 millones de habitantes, la cifra se multiplique en silencio.
Rosario Villanueva perdió el rastro de su hijo Óscar hace seis años. Aunque hay indicios de que podría estar en terrenos de Coahuila, las autoridades no hacen nada por buscarlo. Hay nueve policías capturados por el caso y a seis ya los liberaron por falta de evidencias en su contra.
“Soñaba que el caminar por el lugar donde ocurrió la desaparición me podría dejar algo. Andamos con varas, ba- rriendo el área y nunca encontramos nada”, dice.
Si bien Rosario reconoce que perdió la esperanza de hallar vivo a su hijo, y cada vez más la de que la justicia opere para esclarecer los hechos, se siente restablecida con la aprobación en el pleno del Congreso mexicano (ni un voto en contra ni una abstención) de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, luego de tres años de lucha por parte de las víctimas.
A partir de ahora se crearán las hasta hoy inexistentes instituciones para luchar contra este flagelo. El primero será el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que dispondrá los recursos y planes para el objetivo.
Luego, estará la Comisión Nacional de Búsqueda, y por fin existirá en México un registro nacional de desaparecidos, protocolos para la búsqueda y autoridades especializadas en la Fiscalía y la Procuraduría.
También se acordó un incremento de las penas para
quienes comentan delitos asociados. Por ejemplo, tendrán entre 40 y 60 años de prisión los responsables que sean funcionarios públicos, quienes además estarán obligados a pagar de 10 mil a 20 mil días de multa, lo cual puede aumentar hasta en el doble cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad, adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos.
¿Una ley necesaria?
Rosario es consciente de que la ley difícilmente resuelva su caso por el tiempo que ya pasó, pero está segura de que ese esfuerzo “extremo” de los familiares de desaparecidos (porque es enfática en que el Gobierno nada hizo para construir y mover la normativa en el Congreso) beneficiará a las familias con casos recientes.
“Quisiera soñar que no deberíamos necesitar de una ley que proteja a la gente, cuando las autoridades están ahí para ayudar, pero no lo hacen porque no les interesa. Luchamos por una ley que en realidad el Gobierno mismo debió crear”, resalta la madre, y añade que la decisión de los parlamentarios fue unánime, porque la problemática de la desaparición “está a punto de reventar”.
Para David Shrink, experto en justicia mexicana de la Universidad de San Diego, en California, la dimensión del problema ha complicado la investigación por parte de las autoridades, pero aun así no está convencido de que la nueva ley pueda atacar realmente el problema, en un país donde la implementación de normativas es lenta.
“Lo que se requiere son recursos y capacitaciones a nivel estatal y local para responder. Hay carencias en los ministerios públicos y en los estados para realizar investigaciones de este tipo. Tampoco hay un buen monitoreo del problema”, dice el experto, y pone como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde no hay una ley nacional para combatir e investigar la desaparición, pero sí una infraestructura a nivel federal y local para atender los casos. “Eso es mucho más efectivo”, concluye.
Incluso así la necesidad de esta ley es imperante para otros. De acuerdo con Lucía Chávez, directora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hasta ahora en México no hay laboratorios de cruce genético, de manera que las muestras de los restos se tienen que enviar a Estados Unidos y la respuesta tarda. De igual forma, hay un número limitado de expertos forenses capacitados para exhumar, y lo mismo sucede con las herramientas con las que cuentan las fiscalías estatales para indagar qué pasó con los desaparecidos.
A diferencia de Colombia, dice la directora, en México no se hacen investigaciones de contexto ni existe la priorización de casos de desaparecidos, lo que impide que la autoridad judicial pueda identificar a los responsables. A lo anterior se suma la impunidad.
El registro de las quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante los años de la guerra contra las drogas, desde 2007 hasta 2016, son alrededor de una centena. De ellas, Chávez conoció que solo hay siete sentencias a nivel federal, y solo una corresponde a desaparición forzada, aunque 78 de las quejas se relacionaban con ese tema. Así las cosas, el nivel de impunidad es de más del 99 %