HACER TRIZAS EL BLINDAJE Y LA CONSTITUCIÓN
La decisión de la Corte Constitucional de declarar la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2017 le da un blindaje al Acuerdo de Paz. Es una decisión de gran importancia porque con ella la Corte muestra que el Acuerdo aprobado por el Congreso se ajusta a la Constitución y que para desarrollar sus contenidos todos los organismos del Estado deberán respetar durante los próximos 12 años lo que se pactó entre el Gobierno y las Farc, especialmente los contenidos que correspondan a normas del derecho internacional humanitario o a derechos fundamentales.
Frente a esta decisión, los críticos del proceso de paz han enfilado sus baterías para atacar al Estado de derecho. La senadora Valencia habló de un referendo derogatorio. El precandidato Ordóñez propuso una asamblea nacional constituyente. El expresidente Uribe añadió al programa “hay que hacer trizas los acuerdos”, la frase: “el blindaje de los acuerdos de las Farc es un seguro de destrucción democrática”. De esta forma, el uribismo amenaza los principios del constitucionalismo democrático y pretende impedir la realización de los acuerdos de paz.
¿Puede un expresidente o el uribismo ir contra el Estado de derecho porque no acepta el Acuerdo Final? Sobre esto hay dos posiciones.
La primera responde positivamente a esta pregunta afirmando la supremacía de la soberanía popular y de su prioridad sobre la constitución. Conforme a la idea del pueblo como constituyente primario, se concibe que la democracia consiste en “gobernarse por sí mismos” y en el hecho de que las decisiones se adopten por su mayoría, de modo que sean expresión de la soberanía popular –populismo–.
La segunda postura es representada por el constitucionalismo democrático, el cual afirma que para garantizar la democracia es necesario quitarle a la mayoría el poder de suprimir o limitar aquellos principios fundamentales que el legislador democrático estableció en la Constitución (la paz, el principio democrático, la separación de poderes y la supremacía de la Constitución). La Constitución ata las manos de las generaciones presentes para impedir que éstas amputen las manos de las generaciones futuras, dice el constitucionalismo.
En este sentido, la Corte limita las posibles decisiones sobre los acuerdos hasta por 12 años. Se trata de la protección de la paz, que es constitucionalmente un derecho de obligatorio cumplimiento. En el Estado de derecho, el Poder Legislativo se subordina a la Constitución. La política, como expresión de la voluntad popular o constituyente, tampoco es absoluta y debe subordinarse a ella. Esto no quiere decir que hay una superioridad de los jueces constitucionales sobre el Legislativo o el constituyente primario. La Constitución es el estatuto de determinación de los principios, los derechos fundamentales y la articulación de los tres poderes.
Si Colombia sigue la postura del populismo plebiscitario, la Constitución del 91 no será más que un adorno creado por una generación y morirá con ella. Si esto llega a suceder, no cabe duda de que las pretensiones del uribismo terminarán destruyendo la Constitución y nos devolverán a la guerra de todos contra todos