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El alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, reconoció que aplicar lo pactado en las regiones requiere un esfuerzo extra de la institucionalidad.
Rodrigo Rivera, comisionado de paz, en entrevista.
Los últimos brotes de violencia y el incumplimiento de algunos puntos de la implementación del Acuerdo de paz pactado entre el Gobierno y las Farc, han cuestionado su eficacia, sobre todo en regiones como Nariño.
A este panorama se suma el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos que agregan tensión a esta etapa, con reclamos de seguridad por parte de las víctimas.
EL COLOMBIANO dialogó con el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, sobre el recrudecimiento del conflicto, a través de diversos actores, que deja la sensación de un acuerdo débil y sin una hoja de ruta clara.
¿Por qué en el país está la percepción de una alta tensión en la implementación del Acuerdo de paz?
“Nunca ocultamos que la implementación es extraordinariamente compleja y es el desafío más grande que Colombia ha tenido en esta materia. No se parece en nada anterior, a la desmovilización con las Auc, el M-19 o el Quintín Lame”.
Pero hay reclamos por incumplimientos con lo acordado en las regiones, el tema de la justicia especial genera recelo... ¿Cuál es la ruta a seguir ante la tensión?
“El mayor desafío que tenemos en esta materia es un camino que no está mapeado y en el que, con mucha humildad, tenemos que reconocer la complejidad. Segundo, es necesario sincronizar toda la institucionalidad del Estado, pero también ámbito departamental y municipal”.
En esa línea, ¿cuál es el balance de la implementación en estos primeros meses?
“Ha sido como construir una casa: lo más vistoso es el techo, la obra blanca, pero es lo que se hace de último. Lo primero es lo que hemos hecho este año, los cimientos para que no se caiga la casa”.
¿Y cuáles son las acciones específicas?
“Apenas llevamos 60 días de reincorporación, se estaban construyendo los cimientos, es decir, se estaban identificando a más de 10.000 de ellos, entregándoles cédulas de ciudadanía a más de 8.600 que no tenían o tenían doble identidad, afiliando al sistema de salud a más de 10.000, más de 3.000 al sistema de pensiones. Estábamos construyendo ciudadelas a la carrera para que se concentraran, poniendo servicios especiales de salud, llevando los primeros cursos del Sena, trayendo todo el sistema de Naciones Unidas para que recibieran las armas. Hicimos censos socioeconómicos, de educación y salud para trazar rutas de reincorporación individual, pero eso no es visible. Lo más espectacular será cuando lleguen proyectos productivos”.
Frente al ese tema de proyectos productivos, las Farc han expresado que no hay fondos, ni tierras. ¿Están asegurados los fondos para que excombatientes hagan empresa?
“Hay dinero para esos proyectos productivos, cada uno tiene una suma de 8 millones de pesos para realizarlos de forma individual, la idea no es entregarlos a la topa tolondra, no entregarlos a la carrera, sino cuando ya exista- la preparación adecuada para que sean sostenibles”.
Sin los proyectos, los desmovilizados se están saliendo de los espacios territoriales para la reincorporación a rebuscarse la vida. ¿Cómo evitar este tipo de situaciones?
“La mayor parte de ellos han recibido una cuota de normalización de 2 millones de pesos, han recibido dos y tres cuotas mensuales del sostenimiento de renta mensual equivalente al 90 por ciento de un salario mínimo y con eso se están manteniendo. No podemos entregar proyectos productivos hasta que no haya cierto nivel de preparación e instrucción. Esto para que no cojan la plata y se la gasten en lo que no es”.
El Gobierno anunció la depuración de la lista de colados de las Farc. ¿Cómo van las investigaciones?
“Hemos acreditado unos 200 ó 300 nombres más de las listas que estaban en revisión para identificarlos y poder verificarlo con las agencias de seguridad y la Fiscalía. No ha habido más excluidos. Los casos sensibles siguen estando bajo observación y lo único que tendría que aclarar es un nombre que apareció hace dos o tres días mencionado por un candidato presidencial, un señor Irineo, mexicano. Vale aclarar que esa preocupación es válida y no fue acreditado como integrante de las Farc porque ellos nos pidieron que retiráramos el nombre”. Situación de Tumaco
¿Cuál es la lectura del Gobierno sobre lo que está sucediendo en Nariño?
“La primera víctima en toda esta violencia que está ocurriendo en Colombia es la verdad. Por eso, queremos ser prudentes. Tenemos información de la comunidad, pero todavía no consolidada por las autoridades”.
Pero la comunidad denunció el asesinato de seis excombatientes de las Farc, y el mismo partido político lo confirmó. ¿Qué información tienen?
“Acá estamos hablando de seis personas que se dicen eran excombatientes de las Farc. De los seis nombres que han aparecido, hay cinco que coinciden con los que tenemos en lista de nuestros acreditados pero todavía no sabemos si están muertos. Esto ocurrió bastante lejos de los espacios de capacitación y reincorporación; en esos espacios ellos tienen seguridad y cuando salen empiezan a aparecer riesgos de esta naturaleza, esto es un llamado a actuar con mucha prudencia”
¿Se está fallando en la protección de los líderes sociales en Colombia?
“Cuando ya se trata de líderes sociales o líderes de derechos humanos y han sido amenazados acuden al sistema nacional de protección y suelen ser bastante eficaces”
“El mayor desafío que tenemos en esta materia (implementación) es un camino que no está mapeado”. RODRIGO RIVERA Alto Comisionado para la Paz