Acueductos y subsidios de energía, bajo la lupa de la Superservicios
Las multas pueden alcanzar 73 mil millones de pesos. Conozca qué le preocupa.
“No queremos apagones o calamidades. Los servicios públicos tienen que dejar de ser noticia”. JOSÉ MIGUEL MENDOZA Superintendente de Servicios Públicos
Araíz de la segunda temporada de lluvias, que según las previsiones se extenderá hasta la primera semana de diciembre, la Superintendencia de Servicios Públicos se dio a la tarea, junto al Ideam y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de identificar cuáles son los municipios que pueden correr algún peligro en su infraestructura.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el superintendente José Miguel Mendoza explicó cuáles son sus preocupaciones en esta materia, además de las otras tareas que adelanta la entidad para verificar que se garantice la prestación de los servicios públicos en el país.
Destaca las investigaciones a subsidios de energía, lo que dejó el fenómeno de El Niño el año pasado y la situación de los rellenos sanitarios.
“No queremos apagones o calamidades públicas. Los servicios públicos tienen que dejar de ser noticia”.
1. Acueducto
Cada año durante el segundo semestre se presentan las alertas de los municipios que puedan sufrir algún tipo de daño en los servicios públicos. Este año se identificaron 585 municipios, 35 de estos en Antioquia.
“La tarea se concentra en convocar a los prestadores para contarles que tienen la obligación de cumplir el plan de contingencia y, segundo, invitar a grandes operadores para que les transmitan conocimiento”. Según Mendoza, los planes de contingencia deben identificar riesgos, tener un plan de recuperación y garantizar la prestación del servicio.
2. Programa de multas
Mendoza sostiene que la enti- dad no promueve una política de sanciones, ya que tienen en cuenta el tamaño de la compañía que pueda fallar en determinado caso. Contrario a esto, promueven estrategias que les permitan cumplir con lo que les hace falta, porque, según el superintendente, “no tiene ningún sentido llegar a sancionar a un operador veredal, que si paga la multa, quizás no tendría cómo seguir funcionando”.
Las sanciones que puede imponer la Superintendencia alcanzan hasta 73 mil 771 millones de pesos.
3. Fenómeno de El Niño
Otras investigaciones que adelanta esta entidad es por lo cerca que estuvo el país de sufrir un apagón entre finales de 2015 y principios de 2016.
En este caso, la entidad investigó a Termocandelaria, Cel- sia y Guatapé, como presuntas responsables de ese riesgo.
En el caso de Termocandelaria, el superintendente explicó que esta generadora de energía le incumplió al país. “Le impusimos una multa de 30 mil millones, porque incumplió sin tener una justificación”.
Agregó que lo contrario sucedió con Celsia, pues sufrió fallas técnicas que le impidie- ron cumplir. “Estamos investigando si las fallas de Guatapé eran previsibles o no”.
Mendoza señaló que el país sí aprendió de lo que se vivió en esa temporada, pues se ha logrado consolidar una red de supervisión.
4. Rellenos sanitarios
Para el superintendente, esta es una tecnología obsoleta, porque si hay un manejo erróneo contaminaría el agua y el medio ambiente. “Son montañas de basura que provocan lixiviados y, si estos llegan a fuentes hídricas, pues se contaminan, lo que generaría un impacto ambiental negativo”.
Agrega el país debería reducir la cantidad de basura que produce y crear planes de reciclaje. Por ello la entidad implementó una estrategia de vigilancia a través de drones, para
identificar si estas montañas están bien cubiertas o si por el contrario hay deficiencias.
“La Súper solía enviar equipos de personas a los rellenos para que inspeccionaran si se cumplían las técnicas, pero no era eficiente”. En agosto pasado la Superservicios multó al operador del relleno Doña Juana, en Bogotá, por 1.060 millones de pesos, por fallas en el manejo final de los residuos, que dieron paso al derrumbe de basura en octubre de 2015.
5. Lupa a subsidios
Finalmente, el superintendente explica que tienen bajo lupa alrededor de 1,1 billones de pesos de los programas de subsidios dirigidos a la energía, correspondiente al periodo 2012-2016.
Según Mendoza, intentan verificar que estos recursos sí sean dirigidos a compensar las tarifas que pagan los más pobres del país y que las empresas no se queden con estos recursos, que provienen del Fondo de Energía Social. “Por estos hechos sancionamos por 1.475 millones de pesos a Vatia, porque retuvo de manera irregular los subsidios”.
Mendoza aclaró que no están asegurando que haya irregularidades, sino que “falta que los operadores reporten la información”