SOBERANÍAS EN VILO Y ESTATALIDAD
El Acuerdo es el punto de partida para empezar a resolver la pobreza y la desigualdad.
Con la finalización de las negociaciones del Gobierno con las Farc, en el Acuerdo Final se consideró que Colombia daba un paso más en el afianzamiento de la estatalidad y en la superación de lo que María Teresa Uri
be denominó las soberanías en vilo. En esta situación la sociedad vive en lo que Hobbes llamó un estado de naturaleza o de guerra de todos contra todos. Soberanías en vilo quiere decir, entonces, que la guerra en Colombia es simplemente la perpetuación de dominios territoriales contraestatales y paraestatales que mantienen en vilo la soberanía del Estado y configuran órdenes de facto con pretensiones soberanas.
Si se considera que el acuerdo con las Farc y el proceso de negociaciones con el Eln son momentos en ese proceso de afianzar un Estado con soberanía territorial, ciudadanía igualitaria y seguridad económica y social, debemos preguntarnos ¿qué indican fenómenos como los asesinatos de líderes sociales, el resurgimiento de la violencia entre grupos en los territorios que fueron controlados por las Farc, el reagrupamiento de los disidentes de las Farc en nuevos actores armados, y el estancamiento de los acuerdos, causado políticamente? ¡La paz sangra!
Hay diferentes interpretaciones de lo que está pasando. Algunos analistas dicen que hay un temor muy grande a que la participación política de las nuevas Farc conduzca al populismo de izquierda y al castrochavismo. Mary Kaldor analiza a Colombia como un típico caso de las “nuevas guerras”. Así dijo recientemente que “estas se centran usualmente en disputas sobre la identidad y se crea una economía política depredadora en la que múltiples actores armados acumulan dinero a través de la violencia y en la que dichos actores pueden crear identidades extremistas” (La Silla Vacía).
Otros consideran que en la medida en que la JEP y la Comisión de la Verdad develaran las estructuras criminales que produjeron el despojo de las tierras, el desplazamiento y la muerte de miles de pequeños propietarios, es imperativo hacer trizas el acuerdo, pues ese lado de la historia criminal no debe ser develado. En este sentido, el dictum de la ultraderecha es que hay que trabar todo el proceso: la ampliación de la democracia, el develamiento de la verdad y la política de distribución de tierras. Tal como explicó Francisco Gutiérrez, “es en esto en lo que confluyen plenamente el corruptísimo Cambio Radical, el Centro Democrático y también parte del Partido de la U. Necesitan no solamente la impunidad, sino el silencio”.
El Acuerdo es el punto de partida para empezar a resolver la pobreza y la desigualdad, ya que promete la formalización de siete millones de hectáreas y la distribución de tres millones para los campesinos más pobres. Pero estos procesos no avanzan y la economía de guerra, vinculada al tráfico de drogas, la minería ilegal, produce más violencia. Colombia no llega al nivel de estatalidad que Weber estableció: “El Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí, con éxito, el monopolio de la coacción física legítima”