“Aunque avanza la alternativa para que esa estructura criminal negocie su sometimiento a la justicia, Medellín debe mantener el combate que impida su expansión y afianzamiento urbanos”.
Aunque avanza la alternativa para que esa estructura criminal negocie su sometimiento a la justicia, Medellín debe mantener el combate que impida su expansión y afianzamiento urbanos.
La expansión del denominado “Clan del Golfo”, mediante su presencia directa o la alianza con bandas y combos de Medellín y el Valle de Aburrá, exige que las autoridades se empleen a fondo en el combate a una estructura que, aunque busca alternativas de sometimiento a la justicia, aumenta su penetración e influjo sobre las dinámicas criminales de la ciudad.
La Alcaldía y su Secretaría de Seguridad tienen indicios verificados y concretos de que la agudización de los choques entre grupos ilegales en Altavista y Zafra, por ejemplo, los tres últimos meses, recibe el refuerzo de integrantes y armamento llegados de otros barrios como La Sierra e incluso de pistoleros desplazados de Urabá, del Bajo Cauca y de los mismos corregimientos de Medellín.
Así que no es aceptable ningún “parpadeo” del gobierno local y de la policía en la persecución de una organización que, al tiempo que manifiesta el interés de acogerse a mecanismos jurídicos alternativos, refuerza sus redes y actividades delincuenciales, y sus fachadas legales, en la capital de Antioquia.
Un informe reciente de este diario detalló como desde 2008, cuando el “Clan” contaba con mínimos recursos (en hombres, armas y logística) emprendió un proceso de penetración en las comunas del centroriente y centroccidente, áreas estratégicas de corredores al Valle de San Nicolás y Rionegro y hacia Urabá y el Norte antioqueño.
Desde entonces, aprovechando las guerras internas de otra estructura como “La Oficina”, la organización al mando de alias “Otoniel” ( Dayro Antonio Úsuga) se asentó en territorios de la periferia urbana que le permiten “atenazar y entrar y salir” de comunas y vecindarios clave para el “portafolio de la economía ilegal”, dentro y fuera de la ciudad y del país.
Por su crecimiento como “empresa criminal”, el Clan del Golfo es un asociado más de superestructuras transnacionales del crimen que pasan por Centroamérica, México, EE.UU., Europa, Asia y Oceanía. Cómo no pensar entonces que su voluntad de sometimiento es paralela a su participación permanente en el entramado criminal del hemisferio, extendido a través de socios internacionales.
Acciones específicas, a lo largo de casi una década, con- firman el empoderamiento de esa estructura en Medellín: matanzas y asesinatos selectivos de rivales directos, “paros armados” con quemas de vehículos de servicio público y presión sobre el comercio y ataques a la policía; microtráfico de drogas, extorsión, venta ilegal de lotes, secuestros y robos, son parte del expediente de los también llamados “Urabeños” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.
Aunque el Gobierno Nacional haya confirmado el lunes que está listo, para su trámite en el Congreso, el proyecto para someter a las bandas criminales, que por supuesto incluiría al Clan del Golfo, Medellín y las alcaldías del área metropolitana no pueden bajar los brazos ante este poderoso enemigo de la seguridad, la legalidad y las instituciones.
En contravía de lo expresado años atrás por un general de la Policía, en Medellín no se está ante “una fábula” sino frente a una amenaza real a la sociedad local y nacional, con socios, mercados e intereses globales. Un grupo que pactó estratégicamente con otros la reducción de homicidios y el bajo perfil de su criminalidad, mientras que afianzaba su poder, tiene que ser un objetivo prioritario de las autoridades