¿De dónde saldrá la financiación de la universidad pública?
Aunque el Gobierno asegura que nunca se había dispuesto de un presupuesto mayor para educación. El 90% de ese monto se va en salarios, pasivo pensional y gastos corrientes. Muy poco para investigación.
La pregunta sobre el posible riesgo y la falta de competitividad de la universidad pública en el futuro, por falta de dinero, volvió a estar en el debate por las denuncias de estudiantes y rectores.
Esto a raíz de la aprobación del presupuesto del Ministerio de Educación, sobre el cual el gobierno sostiene que nunca había tenido un monto tan alto, que alcanza 37,5 billones de pesos, pero que, revisando las cifras, solo el 9 % está dirigido a inversión, igual a 3,4 billones de pesos, frente a los 34,1 billones de pesos destinados a gastos de funcionamiento, incluyendo pagos de pasivos pensionales.
Es poco lo que le queda a las universidades que se declaran en crisis, teniendo en cuenta que de los 3,7 billones de pesos dirigidos a las universidades, solo el 3,1 % va para mejorar la calidad educativa, con 174 mil millones, mientras que lo demás irá para gastos de funcionamiento, según el reporte entregado por el Ministerio de Hacienda.
Las dudas están encaminadas a que no es claro cómo será la asignación de recursos para el próximo año.
Santiago Fonseca, representante estudiantil de la Universidad Nacional en Bogotá, sostiene que hay un déficit de 15 billones de pesos, que se arrastra desde 1992, cuando el Gobierno congeló el presupuesto y determinó que aumentaría de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, IPC.
Fonseca critica que la única apuesta sólida del Ministerio de Educación es la promoción de créditos educativos a través del Icetex, lo que genera el endeudamiento de las familias , inequidad y falta universalidad en la educación superior. Finalmente se trata de créditos.
“Por ejemplo, en el presupuesto para 2018, el Icetex tiene más de 1 billón de pesos, mientras que las universidades siguen en las mismas condiciones”, advirtió. De acuerdo con el Presupuesto General de la Nación, el programa Ser Pilo Paga está incluido en el monto adjudicado al Icetex.
Sara Abril, exrepresentante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, va más allá, y asegura que no hay interés del Gobierno para aumentar la financiación.
“Hace un año hicimos una movilización pidiendo 1 billón de pesos para la educación y el Ministerio de Ha- cienda nos respondió que no tenía plata, pero ahora el Icetex tendrá más presupuesto, lo que nos demuestra que el Gobierno no tiene voluntad”.
La preocupación no solo de los estudiantes. Este panorama también lo plantean los rectores cuyas instituciones hacen parte de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun. Su presidente, Adolfo León Atehortúa, denuncia que la situación es grave y que no hay una estrategia clara para superar las dificultades que enfrenta la educación superior.
Según Atehortúa, esto plantea una privatización de la educación y condena a la universidad pública a su inviabilidad y posibles cierres.
Esto lo respalda el rector de la Universidad del Quindío, José Fernando Echeverry, al manifestar que no es claro cómo será la financiación del próximo año, a pesar de que la Reforma Tributaria, aprobada en diciembre del año, planteó que llegarían recursos para la academia.
Felipe César Londoño, rector de la Universidad de Caldas, también muestra su preocupación frente a la realidad que deberán enfrentar el próximo año, en caso de que las condiciones planteadas en el presupuesto del próximo año no cambien.
“Hace algunos meses tuvimos diálogos con el Gobierno para que nos escuchara y entendiera las dificultades de las 32 universidades públicas de Colombia, pero ahora esto no es una opción, y se convirtió en una obligación manifestarle al gobierno que respete lo que está aprobado por la ley, a través de la reforma tributaria, que nos posibilitará la supervivencia”, recalca Londoño.
Agrega que respaldó y respaldará las movilizaciones estudiantiles que sean necesarias, hasta que el Gobierno les muestre un panorama más alentador.
Cuál es la realidad
El Ministerio de Educación Nacional, MEN, en respuesta a un cuestionario enviado por EL COLOMBIANO, aseguró que esta ha sido una preocupación que comparten con estudiantes y, en general, con las Instituciones de Educación Superior, IES.
“Por esta razón, el Gobierno ha hecho múltiples esfuerzos y se ha logrado un aumento significativo de recursos para la IES”.
Sostiene que, de 2010 a 2017, el presupuesto aumentó 62 %, pasando de 2,24 billones de pesos a 3,65 billones de pesos este año. “En total en estos años se han distribuido más de 23 billones de pesos”, agrega el MEN.
El Ministerio además afirma que de los recursos asignados para este año, se destinaron en mayor medida para cubrir los gastos de funcionamiento de las IES públicas que para inversión. Es decir, los gastos se centralizan, en nómina, pasivos pensionales, servicios públicos, pero no para investigación y educación.
No obstante, el ministerio reitera que el presupuesto de 2017 “representó, por primera vez, luego de la expedición de la Ley 30, en 1992, un aumento por encima de la inflación en 11,75 %, destinando 3,24 billones de pesos”.
Pese a esto, desde el movimiento ciudadano Todos por la educación cuestionan que, desde el 2014, cuando se firmó el “pacto por la educación”, se exigieron reformas estructurales que permitieran tener una mejor financiación y mejorar en términos de calidad y equidad, pero esto, según ellos, no ha sucedido.
Paola Portilla, directora general del movimiento, asegura que no puede seguir pasando que en Colombia el acceso a la educación superior sea un privilegio de pocos.
“Chile ha logrado tener una educación superior en términos de calidad y educación, pero además en términos de gratuidad”, asegura Portilla.
Todos por la educación reconoce que lograr, en poco tiempo, una educación superior 100 % gratuita es prácticamente imposible, pero que en la actualidad, ni en anteriores gobiernos, han visto voluntad.
Portilla cuestiona que Colombia también debe estar orientada a mejorar las condiciones de calidad y equidad de la educación, pero también sostiene que las realidades de las universidades no son las mismas con las que se concibió la Ley 30 de 1992 .
“En esa época, con esos recursos, se cubrían 160 mil estudiantes, pero hoy la cobertura es de 560 mil, y los esfuerzos que se realizan se quedan cortos ante las dimensiones que enfrentan”, agrega Portilla.
Hace referencia a lo que, por ejemplo, sucede en la Universidad Nacional, donde cerca de la mitad de los docentes son doctores y el resto cuenta con maestrías y especializaciones, lo que implica mayores costos para el sostenimiento administrativo.
¿Ser pilo, un problema?
El representante estudiantil de la Universidad Nacional manifiesta que el programa Ser Pilo Paga, creado por el MEN, con el apoyo del Icetex, y que tiene como finalidad promover la excelencia académica, no pasa de ser un “engaño”, porque “lo ofrecen como becas, pero finalmente son créditos condonables, si el estudiante no puede mantenerse, pues tiene que pagar y quedarse endeudado”. Incluso, en el presupuesto está incluido dentro de los 1,5 billones de pesos que tendrá Icetex en 2018.
Aunque no lo califica como un problema, sí sostiene que gran parte de los recursos llegan a las universidades privadas y no a las públicas.
“El Gobierno está en la obligación de garantizar el derecho a estudiar, pero eso no sucede”, agrega.
Una concepción similar sobre el programa tiene la directora de Todos por la educación, al considerar que es un programa que beneficia a 40 mil estudiantes, pero que no promueve la equidad.
Asegura que el problema es mayor, pues en su mayoría, los estudiantes prefieren optar por estudiar en una universidad privada y no en una pública, ya sea porque no superan el examen de admisión, o por gusto por la institución que seleccionan.
Además, Portilla asegura que el discurso del Gobierno se mantiene sobre la base de tener un país más educado, pero los hechos no lo demuestran.
“Una universidad sin recursos no funciona, no puede garantizar equidad y no permite tener una visión seria y a largo plazo para mejorar la calidad educativa”, agrega.
El exsecretario de Educación de Medellín, Felipe Gil, tiene una visión similar a la de Portilla, en cuanto a que el Ministerio y el Gobierno en general deben apostarle a la universalización de los servicios educativos, sin dejar a un lado la educación superior.
“En el Plan Decenal vimos que se tiene como reto la educación superior, pero no se habla de construir más universidades o fortalecer las públicas. Tampoco se habla de nuevos proyectos”, indica el exfuncionario, y agrega que las políticas se han concentrado en Ser Pilo Paga, que aunque no lo ve como problema, sí cuestiona que se trabaje la educación superior como un tema aislado.
Frente a lo planteado por los consultados, el Ministerio de Educación insiste en la importancia de este programa que, según la entidad, permite brindar más y mejores oportunidades de estudio y desarrollo para los jóvenes.
“Colombia ha avanzado en tasas de cobertura en educación superior, pasando del 37 % en 2010 al 51,2 % en 2016, hemos incrementado más de 14 puntos en seis años y nuestra meta a 2018 será alcanzar el 57 %”, manifiesta la ministra Yaneth Giha.
Frente a la financiación, deja claro que esta es una prioridad para el gobierno y que continuará generando estrategias que permitan avanzar en materia de calidad y cierre de brechas.
La ministra agrega que en los próximos días se abrirá la cuarta convocatoria de este programa. De esa manera, se cumplirá la meta del Gobierno de impactar a 40.000 estudiantes. “Se trabaja en poder otorgar incentivos para que se decidan a acceder a universidades públicas con el fin de generar un equilibrio en la distribución de estudiantes con las universidades privadas”, resalta el Ministerio.
A pesar de que el movimiento estudiantil aún no considera un paro en las universidades del país, el representante estudiantil de la Nacional sostiene que esa discusión se está dando en cada institución.
La preocupación se mantiene entre los estudiantes y rectores, aunque el Ministerio asegura que la educación superior es una prioridad, en época de vacas flacas, el mayor presupuesto, que se le dio a este renglón, apenas llega a sostener los gastos
“El gobierno sí tiene plata, pero no tiene voluntad política para financiar la universidad pública”. SARA ABRIL Exrepresentante estudiantil