¿Qué ganan las bandas sometiéndose a la justicia?
Los miembros de estructuras criminales que quieran obtener beneficios deberán decir la verdad, pagar cárcel y reparar a sus víctimas.
Reducción en la condena y quedarse con un porcentaje de los bienes que sean declarados como “mal habidos” son los principales beneficios que podrían tener los miembros de las bandas criminales que decidan someterse a la Justicia.
El proyecto de ley será radicado hoy por el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, y en su formulación también participó la Fiscalía General de la Nación. Será discutido en el Congreso por vía fast track, por lo que solo tendrá tres debates y pasará a control constitucional.
Esta modalidad de sometimiento es para los Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) lo que quiere decir que quedan incluidas organizaciones de más de tres personas.
Rebaja de penas
El proyecto de ley contempla una rebaja de hasta 40 % en la pena que deberían pagar según el código penal colombiano quienes se acojan a la justicia, este beneficio no puede ser computado con otros subrogados penales.
La norma incluye pena privativa de libertad de 48 a 108 meses por concierto para delinquir y de 8 a 18 años para genocidio, desaparición forzada y terrorismo. Las multas van entre los 2.700 y los 30.000 salarios mínimos mensuales. Para los casos de contrabando, las penas serán entre 6 y 12 años.
Si en los siguientes 5 años a la sujeción de las personas vuelven a delinquir perderán la rebaja en la condena. Estos beneficios no eximen a los miembros de los GAO de ser extraditados si el Gobierno así lo dispone.
Manejo de los bienes
El dominio de los bienes y recursos que estén ligados a la actividad criminal de la organización será objeto de extinción.
“Hay una ley de extinción de dominio que fue aprobada recientemente y permite que en los casos de entrega de todos los bienes mal habidos se pueda tener o conservar hasta un 5 % del valor de los mismos, una vez sean monetarizados sin exceder los 2.500 salarios mínimos”, señaló el ministro.
Reincorporación
Aunque es una figura de sujeción a la justicia, este proceso también incluirá un componente de reincorporación: El Inpec diseñará, junto con la Agencia para la Reincorporación y Normalización, “un programa especial y con enfoque diferencial de reintegración social y laboral. Estos programas serán financiados con recursos de la extinción de dominio”.
¿A cambio de qué?
Tras los beneficios los criminales deben entregar “información precisa que permita identificar la estructura del grupo armado organizado, su área de influencia y expansión territorial, su modo de operación y el número total de sus integrantes”.
Una de las condiciones más relevantes en el proyecto de ley es la desvinculación de menores de edad de la estructura delincuencial. El grupo armado que decida someterse deberá hacer una individualización de todos los miembros que se van a acoger a la justicia. Los interesados deberán detallar los delitos que reconocerán de manera colectiva o individual, “en especial, lo relacionado con actos de corrupción y la vinculación de servidores públicos en ellos; tráfico de estupefacientes, lo que incluye rutas de narcotráfico, lavado de activos y ubicación de plantaciones; participación de menores en las actividades del grupo armado organizado; minería criminal y tráfico de armas”.
Además, deberán diseñar un plan para reparar a sus víctimas, quienes podrán participar del proceso de judicialización con miras en la garantía de sus derechos, especialmente al de no repetición.
Así serán las reuniones
El Gobierno nombrará un delegado para acordar las condiciones del sometimiento a la justicia de las estructuras criminales. Las reuniones se realizarán en alguna lugar de Colombia donde se establecerán las zonas de negociación, para lo que se definirán corredores de seguridad. Mientras dure esa etapa de sometimiento las órdenes de captura contra los miembros de la organización serán suspendidas