EDITORIAL
Lo sucedido ayer en Cataluña hace parte del guión soberanista. Igual que las medidas que serán aplicadas por el Gobierno de Rajoy, quien tiene la ley de su lado. Le falta ganarse a los catalanes moderados.
“Lo sucedido ayer en Cataluña hace parte del guión soberanista. Igual que las medidas que serán aplicadas por el Gobierno de Rajoy, quien tiene la ley de su lado. Le falta ganarse a los catalanes moderados”.
Lo acontecido ayer en Cataluña y en España no fue sorpresivo, a pesar del gran impacto noticioso, político y social que implica que una mayoría parlamentaria de una región declare unilateralmente su independencia y el inicio del proceso constituyente para constituirse como república.
La única novedad fue la fecha fijada por el Gobierno español para la celebración de elecciones autonómicas: el jueves 21 de diciembre. De resto, todo estaba en el guión: la convocatoria al Parlamento catalán, para que sus mayorías declararan la independencia. Que lo hicieran en contravía de la Constitución española, y basándose en una ley autonómica que está suspendida por el Tribunal Constitucional también estaba en la hoja de ruta. Y estaba anunciada, de la misma forma, la aplicación, por parte del gobierno de Mariano Rajoy, del artículo 155 de la Constitución, que habilita al Gobierno central a intervenir en una comunidad autónoma cuando ésta contravenga el régimen constitucional vigente, como de forma pública y notoria ocurre con el gobierno catalán.
Ayer el presidente Rajoy habló ante el Senado. Esta cámara ya había autorizado la aplicación de la norma consti- tucional que autoriza intervenir en Cataluña. El de ayer fue un gran discurso, firme y sereno, de Rajoy, quien si bien ha tenido grandes falencias y demoras en la gestión política para lidiar con el problema catalán, también ha guardado escrupuloso respeto por el orden jurídico que debe aplicar.
Dijo Rajoy ayer, para contrarrestar el eficaz discurso político de los independentistas
catalanes, que “no se trata de suspender el autogobierno ni de intervenirlo ni de recortar
lo. Se trata, sencillamente, de devolverlo a la normalidad lo antes posible. Una normalidad empieza por la ley, por recuperar la legitimidad institucional y por devolver la voz a los catalanes”.
El Gobierno español tiene de su lado la razón jurídica, la legitimidad que le confiere el ejercicio de las potestades constitucionales, el apoyo del resto de comunidades autónomas españolas (salvo la del País Vasco, en un papel de espectador simpatizante con los catalanes), y el compromiso de los países miembros de la Unión Europea de no reconocer una Cataluña independiente. Sin embargo, los independentistas catalanes tienen un buen manejo del discurso, eficaz en su versión victi- mista y de sus tradiciones e identidad nacional.
No obstante, muchos que a lo lejos miran el conflicto político se sorprenderían al conocer las competencias que tenía hasta ahora Cataluña: prácticamente todas las que corresponden a un Estado soberano. Más competencias que en un régimen federal. Bajo ningún punto de vista es Cataluña, por lo tanto, una región sometida a un régimen centralista, ni a un sistema colonialista en el que sí procedería el derecho de autodeterminación.
La decisión de Rajoy de convocar elecciones para diciembre es procedente, así sea arriesgada. Es una forma de medir las fuerzas, y de lograr que se conformen bloques, el de los constitucionalistas, y el de los soberanistas. Además pone a estos últimos en el dilema de si acudir o no a esas elecciones. Si lo hacen, reconocen el sistema constitucional español y la autoridad del Gobierno central. Es posible que accedan a ir a esas elecciones, pero proponiendo que se depositen papeletas a favor de la independencia. Lo que no está en duda es que esas elecciones sí serán legítimas, constitucionalmente válidas, lo contrario del referendo del pasado 1 de octubre, que fue ilegal y no habilita, por ende, ninguna decisión jurídica vinculante