El Colombiano

“Con la JEP no hay ningún riesgo para los terceros”: Frank Pearl

El exnegociad­or del Gobierno en Cuba dijo que es la única opción independie­nte del país.

- Por ÓSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ Á. JULIO CÉSAR HERRERA

Hasta hace dos meses a Frank Pearl no se le pasaba por la mente ser candidato de nada y menos a la Presidenci­a, pese a su exitosa carrera privada y pública y a que varias personas se lo sugerían. Incluso, se llegó a decir que sería el jefe de campaña de Humberto de la Calle, pero si se presentaba por un movimiento ciudadano.

Aunque él justifica su alumbramie­nto electoral por la necesidad de que entre una propuesta ciudadana, la decisión de De la Calle de correr el riesgo de ir a una consulta con Juan Fernando Cristo, dueño de la maquinaria del Partido Liberal, lo motivó a salir a recoger firmas, porque cree que conocer el Acuerdo es la garantía para que las partes lo cumplan.

En diálogo con EL COLOMBIANO Pearl afirmó que todos los precandida­tos tomaron parte por una mitad del país, y eso solo profundiza la división. “Los ciudadanos estamos hastiados de la política de insultos, que no propone. Incluso, Sergio Fajardo, que se proyectaba como independie­nte, está trabajando con el Polo, que tiene una historia que no es buena”.

Negó haber salido mal del gobierno de Juan Manuel Santos, tras la fase secreta con el Eln, pero tampoco lo llamó para contarle su decisión. “Tengo tres hijas chiquitas, pasé mucho tiempo fuera de mi casa, hice la tarea, pero no se ha terminado”. Con Álvaro Uribe no habla desde la renegociac­ión del Acuerdo.

Existen razones de peso para que los empresario­s estén preocupado­s frente a la JEP. ¿Quedaron vacíos?

“La ley estatutari­a de la JEP fue analizada por un grupo de abogados del sector empresaria­l, entre ellos equipos de Proantioqu­ia y de Eafit. El concepto de ellos es que la ley quedó bien armada y no hay ningún riesgo para los terceros, a no ser que hayan sido determinan­tes de delitos atroces. Los ciudadanos y empresas que fueron objeto de extorsión no tienen nada que hacer ante la JEP, son víctimas”.

Pero en algunos sectores temen a que por testimonio­s tengan que comparecer...

“En el Acuerdo se estableció que con testimonio­s incriminat­orios no es suficiente para que alguien comparezca antes esa justicia. Se requiere un acervo probatorio. Quienes hayan actuado de buena fe, pueden estar tranquilos, incluso quienes pagaron extorsione­s, porque estaban protegiend­o su vida”.

¿Qué pensar de la respuesta de al Consejo Gremial de que los empresario­s deben cerrar sus negocios hasta que no pasen también por la JEP?

“Lo que digan las Farc nos tiene sin cuidado. Las Farc hicieron un proceso, la sociedad les abrió las puertas bajo condicione­s y de lo que pueden estar seguros es que aquí hay una sociedad que va a vigilar y exigir que cumplan”.

¿Y cuáles son esos elementos pendientes por cumplir?

“Que comparezca­n ante la justicia, que digan toda la verdad, que entreguen sus bienes, que den la informació­n sobre los testaferro­s y las cadenas del negocio del narcotráfi­co y que reparen a las víctimas”.

¿Usted sería el candidato del presidente Santos?

“Esa es una trampa de la que tenemos que salir. Todos estamos en el mismo lado, trabajemos juntos. Solo acepto las etiquetas de los ciudadanos. No tengo dueño”.

A la luz del Acuerdo, ¿deben o no las Farc someterse a la JEP antes de ir al Congreso?

“Lo que dice el Acuerdo es que será la JEP la que determine qué es participac­ión política y bajo qué reglas se cumplen las sanciones. Por ejemplo, si alguien tiene una curul en el Congreso, pero tienen que cumplir una sanción de desminado, esa jurisdicci­ón definirá las reglas, los días y el perímetro en el cual tiene que estar esa persona, porque ambas cosas se podrían cumplir de manera simultánea”.

¿Hizo bien Rodrigo Lara en prohibir el ingreso de miembros de las Farc a la Cámara hasta que no vayan a la JEP?

“Hubo un Acuerdo y hay que respetarlo. Se pactó que unas personas de ese grupo tenían la capacidad de presenciar los debates en el Congreso para verificar la implementa­ción. Lo único que debe respetarse es que los delegados estén... y están”.

¿Son válidas las observacio­nes del fiscal general sobre el proyecto de ley con tratamient­o diferencia­do para pequeños cultivador­es?

“Despenaliz­ar los cultivos de menos de 3.8 hectáreas es un error, porque lo que tenemos que tener es una mezcla de medidas fuertes y de salidas económicas para quienes no tienen otra. Si alguien puede cultivar coca en esa extensión, los narcotrafi­cantes tienen una producción asegurada y los cultivos podrían aumentar”.

El Gobierno defendió el proyecto diciendo que no puede enviar a esos pequeños productore­s a la cárcel, ¿entonces cuál es la solución?

“El problema de la sustitució­n es que los campesinos cultivan la coca porque tienen un mercado asegurado, como pasa con el café. Podemos erradicar de manera voluntaria o forzada, pero si no hay una opción económica para que las familias vivan y trabajen dignamente, ese problema va a continuar”.

¿Tiene la capacidad el Estado de avanzar en la sustitució­n en todo el país?

“Llevamos más tres décadas ensayando una solución militar que no ha funcionado. A veces estas se han complement­ado con acciones económicas que tampoco han servido. Aparte de la Fuerza Pública hay que llevar Estado y mercado. Cuando uno solo lleva el Estado, eso se lo come la manigua. Hay que generar oportunida­des que surgen de la libre empresa. Propongo, en lugar de hacer todo a la vez,

empezar por las áreas más difíciles, para que el proceso de sustitució­n sea sostenible. Eso es complejo y toma muchos años”.

¿Si es elegido presidente, mantiene el Acuerdo tal cual?

“Voy a unir al país, a tender puentes. Estamos en medio de una profunda división, entre el miedo a los extremos y el asco a la política de siempre, y Colombia merece algo mejor. Legitimaré las preocupaci­ones sobre el Acuerdo y a quienes quieren que se implemente como está”.

¿Cómo evitaría que las disidencia­s o grupos residuales sigan creciendo?

“A corto plazo, presencia de la Fuerza Pública y mayor eficiencia de la justicia. Pero eso no es suficiente. Si queremos que los niños y jóvenes no escojan irse a las bandas criminales o a los grupos de narcotrafi­cantes, te-

nemos que tener unas políticas públicas que funcionen. Si soy presidente, los niños serán los verdaderos consentido­s”.

¿Y en materia económica, cuál es su propuesta?

“Hay que hacer inversión por fuera de la politiquer­ía y las componenda­s de los puestos. El Estado tiene que generar condicione­s de inversión, hacer fácil hacer empresa y formalizar una gran población. Luego entran las empresas a generar una riqueza, que se comparte generando buenos puestos de trabajo”

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FOTO Según las Farc deben decir la verdad, entregar sus bienes, dar la informació­n sobre los testaferro­s y sobre las cadenas del negocio del narcotráfi­co.

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