Clamor por Cartagena
El periodismo ha informado al país acerca de los graves problemas que enfrenta Cartagena. Pero corresponde al Gobierno, entes de control y a la propia comunidad cartagenera tomar decisiones.
Puede decirse, sin exagerar, que desde hace varios lustros Cartagena de Indias ostenta la calidad de capital alterna de Colombia. No solo se realizan allí varios de los más importantes eventos internacionales que escogen como sede a Colombia, con presencia de estadistas, líderes mundiales en todos los campos, expertos científicos, culturales, tecnológicos, humanísticos. Es también la principal vitrina para la presentación de nuestro país en el resto del mundo. No hay día de cualquier semana del año en que no hagan presencia allá muchos de los más altos funcionarios del Estado, de todas las ramas del poder público, así como de la clase dirigente y empresarial.
Precisamente por todo eso, uno de los mayores contrasentidos en este de por sí contradictorio país, es que Cartagena sufra el cúmulo de problemas que tienen las demás urbes colombianas, pero a un grado superlativo, inadmisible incluso para los deficientes parámetros nacionales en desigualdad, pobreza, ingobernabilidad, inequidad económica y social, educación y servicios públicos deficientes, destrucción ecológica, así como en desgreño administrativo oficial. Que surgen to- dos ellos de causas perfectamente identificables: corrupción y más corrupción. Corrupción en índices tan escandalosos que sus cifras ya superan incluso la capacidad de entendimiento estándar de una sociedad colombiana más bien tolerante con esa lacra.
La semana pasada, el periodista Mauricio Gómez Escobar presentó una serie de cuatro informes televisivos (en CM&, Canal 1) que en apretados capítulos de media hora cada uno ilustraron a los ojos de los televidentes el panorama de una ciudad a la que todos los colombianos dicen amar, que relumbra desde sus vitrinas más vistosas, pero cuyos rincones, centrales o periféricos, a poco que se indague, muestran la cara más atroz de una corrupción omnipresente.
Las imágenes son suficien- temente ilustrativas, pero la denuncia no se detiene en ellas, pues van acompañadas con cifras y análisis del contexto. Los colombianos leen a lo largo de los años las interminables vicisitudes de la Alcaldía y el Concejo Distritales, con varios de sus dignatarios en la cárcel, pero la inestabilidad política y el caos de ingobernabilidad no cesan, ni se remedian. Al punto de que muchos se preguntan si hay mecanismos que permitan una intervención del Gobierno central para asumir las riendas de la ciudad, aunque esta alternativa tampoco asegure que la situación cambie, entre otras cosas porque está más que visto que la corrupción en Cartagena ha sido tolerada, cuando no estimulada, por los gobiernos nacionales, como queda patente en los informes periodísticos mencionados.
El procurador, Fernando Carrillo; el contralor general, Edgardo Maya, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, declararon a Mauricio Gómez que tienen equipos de trabajo concentrados en desentrañar las redes clientelares y corruptas que tienen copada la administración pública cartagenera. La Fiscalía, por lo menos, parece que ha tomado algunas medidas.
Sin embargo, nada de esto será definitivo mientras no sea la propia sociedad civil cartagenera y la clase dirigente no contaminada por prácticas ilegales, la que anime a todos sus habitantes a tomar decisiones informadas, por ejemplo a la hora de elegir sus gobernantes. Colombia debe ayudar pero es la propia comunidad de Cartagena la que puede enderezar su destino