Preacuerdo con la Fiscalía, ¿qué viene para Moreno?
De darse la colaboración, se convertiría en el principal “ventilador” del escándalo.
El exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, sobre quien ha girado el escándalo de sobornos al interior de la Corte Suprema de Justicia, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para colaborar con la justicia por sus actuaciones como abogado, no como funcionario de este ente.
Así lo confirmó el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien sostuvo que el acuerdo implica colaboración con todos los entes que lo requieran; la Fiscalía, la Corte Suprema y la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Moreno tiene vigente un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, ante lo cual el Congreso ha pedido que se pause hasta que diga toda la verdad de lo ocurrido en Colombia.
A falta de la aprobación de un juez para que quede sellado el acuerdo, aún es desconocido el beneficio que recibirá y la pena que podría pagar por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada. Ambos delitos que giran en torno al presunto soborno al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, ya fueron aceptados por el exfiscal anticorrupción.
Sin embargo, en los tres meses que lleva privado de la libertad, Moreno ha prendido el ventilador sobre otras personalidades, por lo que la Fiscalía abrió otras líneas de investigación.
De sus declaraciones se destacan los nombres de los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, así como del todavía magistra- do Gustavo Malo.
En estas, explicó como se creó una red de cobros de dinero por la manipulación o alteración de fallos. Ricaurte ya se encuentra detenido, mientras que Bustos y Malo tienen investigaciones abiertas en la Comisión de Acusaciones.
De los congresistas, el liberal Álvaro Ashton se encuentra en la mira y Musa Besaile está detenido.
Según ha trascendido, en la mira del ventilador están también los congresistas Julio Manzur, Luis Alfredo Ramos, Armando Benedetti y Mauricio Lizcano.
Tan solo esta semana anunció que salpicará a otras 15 personas, entre magistrados auxiliares y congresistas, que estarían involucrados en los cobros por fallos judiciales