LOS PAPELES DEL PRESIDENTE
Los Papeles del Paraíso desvelan que, según el registro mercantil de la muy opaca isla de Barbados, Juan Manuel Santos fue director de una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal. Hasta mayo de 2001, según esos documentos, habría estado al frente de Global Tuition & Education Insurance Corporation, coincidiendo con su etapa en el departamento de Hacienda.
Los documentos también evidencian que Santos fue director de otra compañía aseguradora de Barbados, Nova Holding Company Limited, entre abril y mayo de 2000.
Ambas sociedades de Barbados son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia S.A., la empresa que se dedica a financiar los gastos educativos de colombianos en el exterior. De acuerdo con documentos del registro, Santos fue miembro de la junta directiva Global Education Group Colombia en 1998.
El presidente asegura que no recibió remuneración por su desempeño como director de la sociedad: “Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria a la cual renuncié en el 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía”. El presidente remarca que su relación como miembro de la junta terminó antes de asumir como ministro de Hacienda y no hubo lugar a remuneración, pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar. “Mi única relación con Global desde entonces ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de mis tres hijos”, ha dicho. Sobre su vinculación con la otra sociedad, Nova Holding, quedan explicaciones que dar.
A primera vista, no parece que Santos anduviera en ninguna actividad ilegal. De hecho, formar parte de una sociedad radicada en un paraíso fiscal no implica automáticamente que esta sea una tapadera para realizar actividades ilegales. Un buen ejemplo de esto son los “trust” que muchas familias con ingentes activos mantienen en países donde las condiciones de las transmisiones patrimoniales son más favorables. Eso no quiere decir que dichos activos sean opacos o provengan de actividades delictivas.
Los “trust” son un instrumento muy utilizado en sucesiones. Como alternativa al testamento, los bienes o participaciones se ceden automáticamente evitando el pago de impuestos. Evita el juicio sucesorio y sus costes, y en ocasiones sirve para eludir derechos de consanguinidad forzada, que impiden la libre elección de los herederos. También es habitual utilizarlo para la separación de bienes entre esposos.
Con esta fórmula, los bienes de la persona que promueve el «trust» son transferidos a un «trustee» o administrador, por lo que legalmente dejan de pertenecerle. Esto hace que estén fuera del alcance de posibles acreedores o litigantes por otras causas (divorcio, pleitos contractuales, fiscales o mercantiles).
Es cierto que la polémica precede a Santos por su vinculación en otros escándalo como el del monstruo Odebrecht, que nació en Brasil, pero que expandió sus tentáculos por toda América Latina comprando gobiernos tanto de la izquierda como de la derecha. Por lo que respecta al presidente, hubo un supuesto ingreso de un millón de dólares en su campaña para la reelección en 2014.
Sinceramente, soy poco amigo de este tipo de presuntos trabajos de investigación donde se revelan datos confidenciales “robados” vaya usted a saber cómo. Los nombres de los “acusados” se exponen como en la época de Robespierre a una muchedumbre lista para dejar actuar la guillotina. Un espectáculo donde bajo el supuesto “nuevo periodismo” se ofrece escarnio público de personajes relevantes que, quizá, sólo buscan proteger su patrimonio de la mejor manera y que a lo mejor tienen declarados todos y cada uno de sus bienes. Por eso, me parece de recibo ofrecer el beneficio de la duda a Santos. Por una vez al menos