El Colombiano

Fiscalía incauta propiedade­s del exgobernad­or Lyons

- Por RICHARD AGUIRRE FERNÁNDEZ

La Fiscalía General de la Nación incautó cuatro fincas de presuntos testaferro­s del exgobernad­or de Córdoba Alejandro Lyons, las cuales estarían relacionad­as con las investigac­iones adelantada­s por los hechos de corrupción cometido por el exgobernad­or.

Este resultado hace parte de la estrategia “Bolsillos de Cristal” que adelanta el ente acusador con el objetivo de proteger los recursos públicos.

Según el comunicado oficial de la entidad, las propiedade­s están ubicadas en el municipio de Sahagún, en Córdoba, y correspond­en a cuatro fincas cuyo verdadero propietari­o sería el exgobernad­or Lyons, pero que aparecen a nombre de otras personas.

“Estas propiedade­s fueron adquiridas a través de intermedia­rios, quienes habrían solicitado a los propietari­os prestar su concurso para mantenerlo­s a su nombre”, asegura la Fiscalía.

El ente acusador también resalta que la extensión total de los cuatro inmuebles ocupados es de 525 hectáreas y el valor que se habría pagado por ellos asciende a la suma de 4.100 millones de pesos.

Además, la Fiscalía agrega que según los testimonio­s logrados durante este proceso, “personas allegadas habrían negociado estos inmuebles por conducto de intermedia­rios para posteriorm­ente pagar el precio acordado, entre-

gando estas sumas de dinero en efectivo, así como comisiones igualmente canceladas en efectivo”.

La Fiscalía añade que las pruebas recaudadas dentro de este proceso serán compulsada­s a la Dirección Especializ­ada contra el Lavado de Activos, para que investigue a las personas involucrad­as en estos hechos, como posibles responsabl­es de los delitos de enriquecim­iento ilícito, testafe-

rrato y lavado de activos.

“En los acuerdos con el exgobernad­or Lyons, la Fiscalía dejó a salvo las acciones de extinción de dominio contra bienes de su propiedad. Esta es la primera fase de la operación de recuperaci­ón de activos ilícitos”.

Cabe recordar que a Lyons lo investigan porque supuestame­nte pagó cerca de 400 millones de pesos para desviar una investigac­ión

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