Ediles claman por garantías para desarrollar su labor

Ponen la cara. Denuncian. Pisan callos, exigen y debaten en los territorios. Los 134 ediles de Medellín son actores determinantes en la planeación de sus comunidades, labor que, confiesan, los mantiene en riesgo de seguridad.

Para exigir garantías y rendir homenaje a 36 ediles que en el año, reporta Asocomunal—organismo que los agremia—han sido asesinados este año en Colombia, un grupo de esos representantes de barrios y corregimientos marchó ayer por la comuna 13.

Amantina Rengifo, de Asocomunal, apuntó que en Medellín, durante el 2017, han asesinado seis ediles y otros tantos están amenazados, por lo que han tenido que salir de sus comunidades.

“Los organismos comunales somos los que estamos en el territorio, enfrentamos lo que se presente, y la Administración Municipal en vez de apoyarnos nos clasifica como que estamos defendiendo a los ilegales. O, de otro lado, por pedirle a la comunidad que no arroje basuras, pasamos a ser objetivo de los violentos”, anotó.

Actualmente la zona de Medellín en la que, reveló Asocomunal, más se presentan intimidaciones a miembros de Juntas comunales es en Altavista, donde hay disputas entre combos delincuenciales.

“También tenemos gente desplazada en la comuna 13, y varios amenazados en Zafra”, anotó Rengifo.

Claudia Marcela Ramírez, presidente de Asoediles, otro organismos que agrupa a estos líderes, explicó que las Juntas comunales tienen como función ser el vínculo entre alcaldía y comunidad, fomentan la participación y los servicios en los territorios y hasta apoyan los planes de inversión.

“Es una labor difícil. No recibimos salario. Cada uno tiene su trabajo. Se viven situaciones difíciles, porque el trabajo con la comunidad lleva mucho tiempo. Las alcaldías, por ley, nos pagan seguros de vida, y en Medellín nos dan transporte”, aseveró.

Ramírez añadió que las sedes de estos servidores están, en la mayoría de casos, en los Cerca, pero en la comuna 14, El Poblado, de donde es edil no cuentan con un espacio para desarrollar su labor y tiene que reunirse en colegios.

Tanto Rengifo como Ramírez, exigieron al Gobierno Nacional prioridad en los estudios de protección para los líderes amenazados, pues aseguraron que las medidas, en ocasiones, se reducen a la entrega de un teléfono celular