Polémica por intento de cambios a la JEP
La corporación ha intentado incluir varias reformas a la a la Justicia Especial, algunos consideradas anticonstitucionales
Organizaciones de derechos humanos, víctimas y analistas creen que reformas del Senado son inconstitucionales. ¿Cuáles son algunas de ellas?
El Senado, que por estos días vota la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, generó polémica al aprobar un impedimento para que juristas que hayan defendido a las víctimas o al Estado, en tribunales nacionales o internaciones por hechos ocurridos durante el conflicto armado en los últimos 5 años, puedan ser magistrados del Tribunal de Paz y de las Salas de Justicia de la JEP.
La decisión causó malestar entre colectivos de abogados, constitucionalistas e incluso en grupos que representan a los afectados por el conflicto armado, quienes la consideran anticonstitucional e incluso discriminatoria.
Jomary Ortegón, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, dijo que en esa corporación creen que se trata de un mal mensaje del Senado porque puede leerse como una medida discriminatoria y se señala a aquellos que han ejercido como defensores de los derechos humanos.
“Entre los requisitos para hacer parte de la JEP era tener labor en derechos humanos y entonces por qué ahora se va a señalar como inhabilidad. La voz y los defensores de los derechos humanos siempre han tenido un apoyo importante en el plano internacional”, agregó Ortegón. Por su parte, Patricia Lina
res Prieto, presidenta de la Justicia Especial de Paz, aseguró que “de acuerdo con la información disponible, y dado que las inhabilidades que aprobó el Senado para los magistrados de la JEP parecen darse a partir del ejercicio lícito de la profesión de abogado, esa disposición sería inconstitucional”, por lo que no pasaría el filtro de la Corte. Académicos como David
Suárez, de la Universidad Eafit, coincidieron en que lo establecido por el Senado es una norma que va en contravía a la Constitución, “que viola la igualdad, es discriminatoria y desproporcionada. Si bien el Congreso tiene la potestad de fijar requisitos, calidades o impedimentos, es claro que la Corte dijo que eso debe tener cierta racionalidad y proporcionalidad”.
Explicó el analista que en un país como Colombia con altos índices de violación de derechos humanos, son muchos los abogados que de alguna manera han trabajado en temas relacionados, “por eso creo que sería imposible conseguir 51 juristas con experiencia y trayectoria y que nunca hayan trabajando en este campo o que no estuvieran en contacto con casos sobre el conflicto o que en algún momento no hicieran comentarios sobre la guerra o Uribe y Santos”. Otras modificaciones a la JEP Desde que la Corte le dio habilidades al Congreso para modificar la ley estatutaria de la JEP, han sido varios los intentos (unos aprobados, otros no) de hacer cambios que, igual como pasó con el requisito para la elección de los magistrado, han generado polémica.
Una de esas propuestas que no pasó consistía en que quienes se encuentran condenados por la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo los parapolíticos, pudieran acogerse a la JEP y obtener todos los beneficios que esta justicia ofrece, incluida la participación política.
Otra de las intenciones que tuvo apoyo de varios senadores, pero que tampoco fue aprobada, tuvo que ver con la participación política de las Farc. La idea de lo propuesto era que los excombatientes de ese grupo tuvieran que pasar por todo el proceso que requiere la jurisdicción
de paz para entrar en la contienda electoral; sin embargo, la Corte Constitucional aclaró que en este caso, a los exinsurgentes solo les bastará con suscribir su voluntad de estar en la JEP para poder ejercer cargos públicos.
Pero no todo se quedó en intenciones. Uno de los cambios que sí fue aprobado es el que tiene que ver con la participación voluntaria de terceros y agentes del Estado civiles en la JEP. Este punto también causó polémica y fue criticado por movimientos políticos como Voces de Paz y la misma Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc.
Jairo Estrada, quien es uno de los representantes de Voces de Paz, afirmó en su cuenta de Twitter: “afecta el propósito de esclarecimiento de verdad al extender fuero a todos los agentes civiles del Estado que solo acudirán voluntariamente”, además “terceros civiles (auspiciadores del paramilitarismo) acudirían voluntariamente. Se favorece la impunidad”. Por el lado de Farc, Iván Már
quez, representante de ese partido político, advirtió que el hecho de que los terceros se puedan presentar voluntariamente a la jurisdicción implica una exoneración de los mismos.
“La idea de la JEP no solo era para el tránsito de las Farc a la vida civil, también lo era para superar el régimen de impunidad que se deriva de la justicia ordinaria, al sacar a los civiles se reserva la impunidad se desprecia a las víctimas y no contribuye a esclarecer a la verdad”, puntualizó el ex comandante guerrillero