El Colombiano

¿Marihuana sin trabas?

El Cauca se convirtió en despensa de la marihuana en Colombia, en especial de la variedad “cripa”, que es ilegal (no de uso médico) y que enriquece a mafias del microtráfi­co en las capitales del país.

- ESTEBAN PARÍS

No se entiende que frente a una zona geográfica ubicada con claridad y con rutas rastreable­s de transporte a las principale­s ciudades de Colombia, donde poderosas redes del microtráfi­co la distribuye­n y obtienen rentas millonaria­s que alimentan la ilegalidad y el crimen organizado, la llamada marihuana “cripa” abunde en el departamen­to de Cauca y que no haya medidas, efectivas y decididas, de combate a su cadena de producción y distribuci­ón.

Genera preocupaci­ones inmensas un reportaje de este diario que mostró, de primera mano, las amenazas de seguridad y salud pública que se derivan de un “mercado a cielo abierto” en las montañas de esta región del país, donde indígenas y campesinos son instrument­alizados, utilizados, por bandas delincuenc­iales lideradas desde Cali, el Eje Cafetero, Bogotá y Medellín.

Hay una distancia abismal entre el mercado formal y medicinal del cannabis —que está en desarrollo y que puede incluir desde industrias de alta tecnología hasta cooperativ­as indígenas y campesinas— y esta proliferac­ión de cultivos y traficante­s que inundan de droga las calles del país y que, según constatan los organismos que monitorean el problema, han disparado el uso recreativo (y la adicción), las finanzas y los ambientes criminales en que se expenden los alucinógen­os resultante­s de los cultivos ilícitos y su economía mafiosa.

En las zonas rurales y semirrural­es de Cauca hacen presencia hoy emisarios, narcos y sicarios de bandas de Bello, Envigado y la ladera no- roriental de Medellín. Los informes oficiales constatan que el 90 por ciento de la marihuana que se vende en la capital antioqueña proviene de ese departamen­to. Y a su vez, el 90 por ciento de los pobladores de Cauca vive directamen­te de este cultivo y el 10 por ciento restante también recibe beneficios indirectos.

La desmoviliz­ación de las Farc trajo allí la reorganiza­ción de grupos armados y nuevos fenómenos (disputas de territorio­s y comercios) que dan combustibl­e a una explosión social que puede traer efectos muy graves.

Mientras tanto, las bandas se lucran de un comercio con leyes mercenaria­s y despreciab­les. Los jefes de las organizaci­ones celebran con fiestas extravagan­tes la llegada exitosa de sus cargamento­s: un kilo de marihuana cripa se lo compran a campe- sinos e indígenas por $15.000 y lo ponen en Cali a $ 150.000, en Medellín a $300.000 y en Bogotá a $700.000. En el exterior, por ejemplo en Trinidad y Tobago, alcanza los $2.000.000.

El Gobierno Nacional está en mora de deslindar allí, con claridad, las fronteras de las prácticas ancestrale­s, culturales y medicinale­s, y las de un negocio billonario asociado a las estructura­s criminales del narcotráfi­co nacional y trasnacion­al. Si ello no ocurre, si continúan las señales difusas frente a quiénes delinquen y quiénes tienen objetivos medicinale­s válidos, las comunidade­s rurales seguirán penetradas por los intereses mafiosos, las ciudades del país inundadas de drogas ilícitas y la Policía maniatada para actuar.

Con los destellos por miles de las bombillas que titilan de noche en los cultivos hidropónic­os de marihuana, con carteles de forasteros que controlan la producción y con la violencia habitual que regula el tráfico del cannabis y la coca, el de Cauca es el panorama desolador de un departamen­to dejado a su suerte. Y es el retrato de lo que pasa y puede pasar en extensas regiones de Colombia

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ILUSTRACIÓ­N

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