Caída colectiva de proyectos por la vía del Fast Track
La falta de tiempo, el poco acuerdo político y discrepancias de fondo en normas legislativas llevaron a que este miércoles quedara hundida más de la mitad de los proyectos que se tramitan bajo el esquema del fast track, el cual termina su vigencia el próximo 30 de noviembre.
Esa situación se concretó luego de que las comisiones primeras y las terceras (conjuntas) no pudieran discutir y aprobar las leyes de sometimiento a las bacrim, las reformas a la ley de garantías y el catastro multimodal.
El senador Roy Barreras, ponente de la ley de sometimiento de las bacrim, pidió a las comisiones primeras que aplazaran la discusión del proyecto debido a que si no era aprobado este miércoles, por tiempo ya no alcanzaba a llegar a las plenarias.
La ley planteaba una serie de beneficios jurídicos para que se sometieran los jefes y miembros de las bacrim, y que lideró el ministro de la Justicia, Enrique Gil, quien no se hizo presente en el debate.
Las comisiones primeras tampoco pudieron dar trámite a la discusión del proyecto por el cual se modifica parcialmente la Ley de Garantías, esto con el fin de asegurar el desarrollo e im- días de vida le restan al fast track, el mecanismo para tramitar leyes del acuerdo.
plementación del Acuerdo Final, estableciendo excepciones a las prohibiciones de contratación directa por parte del Estado, la celebración de convenios interadministrativos y la modificación de la nómina del respectivo ente territorial o entidad.
Mientras esto pasaba en las comisiones primeras, las comisiones quintas tampoco pudieron dar trámite al proyecto que habilita la adjudicación o el otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales protectoras- productoras y de reserva forestal.
Situación similar pasó en las comisiones terceras, las cuales no pudieron comenzar la discusión del proyecto que regula el Sistema Nacional Catastral Multipropósito.
Se hundió igualmente en el fast track el proyecto que establece un tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores y la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo que busca permitir la participación ciudadana en el proceso de planeación democrática y participativa