Salpicados por los escándalos, pero lejos de estrados judiciales

No han corrido la misma suerte de otros que rápidamente fueron capturados. ¿Qué cambia?

De los frentes abiertos de investigación en la justicia por escándalos como el de Odebrecht, en el cual más de 20 personas han sido imputadas en la trama, quedan grandes interrogantes sobre la suerte de un puñado de personajes, entre exfuncionarios, funcionarios y particulares, que a pesar de ser nombrados por varios de los directos implicados no han corrido suerte similar.

No se trata solo de menciones al azar, sino de personas descritas por actores de los escándalos de corrupción como fichas partícipes de toda la trama.

Para nombrar a Odebrecht, está sin duda la ficha del exgerente de la campaña reeleccionista de 2014, Roberto Prieto, señalado de ser el enlace de Odebrecht; las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, que actuaron con posibles conflictos de intereses; y del actual director de la Dian, Santiago Rojas, quien maneja el recaudo del Estado pero dice que no supo del ingreso del dinero que venía desde Brasil.

Se trata de un punto de los escándalos en los que las líneas que trazan lo legal y lo moralmente aceptable se separan, pues aunque no haya tenido papel directo, las declaraciones del “me acabo de enterar” del presidente, Juan Manuel Santos, o las actuaciones del fiscal Néstor Humberto Martínez, como abogado de Ruta del Sol, han levantado ampolla en la opinión pública.

El analista político Jorge Iván Cuervo lo considera así: “Sí, hay razón de ser suspicaces, pero es una razón compleja: el Fiscal estuvo metido en el tema como abogado y hubiera sido más transparente declararse impedido y que la Corte nombrara un fiscal ad hoc, como pasa hoy en Estados Unidos con la trama

rusa, que es investigada por un fiscal independiente”.

Pero no solo es la Fiscalía, reconoce Cuervo, la Procuraduría ha sido muy pobre y teniendo comprometidos recursos, la Contraloría tampoco le ha metido el diente”.

Para Cuervo, esto viene de la mano de un fenómeno: que la línea de lo moralmente aceptable se viene corriendo desde las épocas del proceso 8.000 de Ernesto Samper. “Ese Ese escándalo,

en que se comprobó la entrada de dineros calientes a la campaña de un presidente pero este no salió del poder, corrió la vara sobre lo que podemos tolerar”.

Sin embargo, el abogado penalista Rodrigo Parada considera que los señalamientos no implican una participación en el delito.

“En lo penal, se empieza de abajo para arriba: si usted se encuentra con una organización criminal, muchas mucha veces se empieza por los más bajos rangos de esos para que ofrezcan alguna información al respecto. Así se ve en los principios de oportunidad”, explica, y concluye que “en tramas tan elaboradas como estas es demorado desestructurar”.

También le baja el tono a las suspicacias contra el Fiscal, pues “él no conoce ni tiene control directo sobre las actuaciones. Moralmente sí puede que haya discusión, pero la Fiscalía está diseñada para que la cabeza no tenga control directo de las investigaciones y, de cualquier manera, cada decisión tiene control posterior de los jueces” de la República