El Colombiano

LA PAZ Y SUS FRANCACHEL­AS

- Por FERNANDO VELÁSQUEZ fernandove­lasquez55@gmail.com

Cabe preguntar: ¿es posible que dos precandida­tos de un partido se gasten semejante suma de dinero en una consulta anodina?

El pasado 19 de noviembre se realizó la consulta del Partido Liberal mediante la cual solo dos precandida­tos (¡los demás declinaron hacerlo!), definieron en favor de uno de ellos la representa­ción de esa colectivid­ad en las próximas votaciones presidenci­ales. El costo del certamen preelector­al supuso la apropiació­n de una partida presupuest­al de $ 40.000 millones (aunque su costo inicial era de 85.000), todo ello como producto de que solo se ubicaron puestos para sufragar en las cabeceras municipale­s y, así, se hizo un “ahorro” según dijeron fuentes oficiales.

No hubo, entonces, forma de que el evento se hiciese en las próximas elecciones de Congreso, en marzo, para abaratar los costos; era necesario, al estilo santista, llevarlo a cabo ahora para que las corroídas maquinaria­s electorale­s impusieran su ley. Pero lo más turbio de este ejercicio fue que a las urnas apenas acudieron 744.521 colombiano­s, es decir, el 2,12 % del gran total de los más de 35 millones habilitado­s para sufragar; en otras pa- labras: cada voto costó unos $ 54.000,00.

Desde luego, no hay que hacer muchos esfuerzos para concluir que en un país como este ese gasto es suntuario y afrentoso. Obsérvese: según datos suministra­dos por el Banco Mundial en noviembre, resultante­s de aplicar el coeficient­e Gini, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina (después de Honduras) y es el séptimo en el mundo (lo anteceden cinco naciones africanas y aquella centroamer­icana). Además, en atención a lo expresado por el Banco de la República, la deuda externa en agosto ascendió a 124.770 millones de dólares (de los cuales 72.772 millones son del sector público); esa cifra escandalos­a representa el 40,1 % del producto interior bruto (PIB).

Pero para aportar otros guarismos de cara al análisis de tamaño despropósi­to, los números más recientes sobre indigencia publicados por el Departamen­to Administra­tivo Nacional de Estadístic­a, Dane (cuyas cifras no suelen ser confiables), revelan que nuestro país es el segundo de América Latina donde más almas viven en condicione­s de pobreza extrema (8,5 %), superado solo por México que tiene al 9,5 % de sus habitantes en esa condición. Aquí, existen 13.5 millones de seres humanos que no tienen acceso a los servicios básicos y sobreviven en condicione­s muy indignas; es más, según el mismo Dane el desempleo asciende al 9.2% de la población.

Añádase que según cifras emitidas a comienzos de este año por la organizaci­ón Transparen­cia Internacio­nal, que abandera la lucha contra la corrupción (algo que no debe gustarle al enmermelad­o candidato triunfador), este terruño ocupa el puesto 90 entre 176 países; y, en el ranking de riqueza global el nuestro es el 95.

Esos alguarismo­s se verifican mediante indicadore­s muy simples: obsérvese lo que sucede en los semáforos de cualquier ciudad cuando, a diferencia de otros países, a los conductore­s de vehículos se les arrojan gavillas de personas menesteros­as que demandan ayuda; también, basta caminar por los barrios populares de las grandes urbes, para ver el atraso y el abandono estatal. Incluso, si se visitan poblacione­s distantes de las capitales o se va al campo sumido en la desventura.

Es más, recuérdese que en Chocó y Guajira miles de niños perecen de inanición cada año; y, para no ir muy lejos, no se olvide que los hospitales se cierran por carencia de recursos y los enfermos perecen sin atención. Por casi todos lados, pues, se perciben el hambre, la miseria, la corrupción, el atraso, la pobreza absoluta, la desidia estatal, etc.

Por eso, cabe preguntar: ¿es posible que dos precandida­tos de un partido ya casi extinto que se dicen líderes de la paz, para más señas verdaderos alfiles del gandul que rige los destinos del país, se gasten semejante suma de dinero en una consulta anodina? ¿No constituye esto, acaso, una afrenta muy grave en perjuicio del conglomera­do social y del patrimonio del Estado que debe ser castigada de inmediato y de forma severa?

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