Participación electoral: promesa hecha realidad

Dejen las armas y se les permitirá participar en la política. Esta ha sido la promesa que se les ha realizado en Colombia a las guerrillas. Palabra, que desde la década de 1990, se ha intentado cumplir a cabalidad con los diez grupos armados desmovilizados, desde el M-19 hasta las Farc. Así, la posibilidad de participar en política se ha convertido, tal vez, en el mayor incentivo que se le ha entregado las organizaciones armadas en el país para firmar la paz. Por esto, durante el primer año de implementación del Acuerdo Final del Teatro Colón, uno de los mayores avances ha sido, precisamente, permitir a las Farc convertirse en movimiento político. Desde septiembre de 2017, y luego del informe de la ONU sobre el éxito del desarme, viene aparecido en la arena política la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como nuevo actor político, que para los colombianos tiene la ventaja de estar obligada comportarse de acuerdo a las reglas del sistema jurídico y político. Su actuación, a partir de ahora, será premiada o castigada con las normas de la democracia. Y en las próximas elecciones, aunque tiene una representación asegurada en el Congreso, tendrán que competir por los votos como todos los demás aspirantes. Es una participación que, como se observa en la actualidad, tiene grandes retos. Dos de ellos son: el soportar las críticas de los que no aceptan la participación política sin antes haberse sometido a los procesos de la JEP, esto a pesar de las claridades de la Sentencia C-674 del 14 de noviembre pasado; y del incremento en los riesgos que corre el Acuerdo Final para que no se le asocie con el programa político de las Farc y provoque mayores retrasos en la implementación de lo acordado.