EDITORIAL
La negociación del salario mínimo se da en medio de una coyuntura económica y social compleja. Ello demanda de los empresarios y de los trabajadores una alta responsabilidad para recuperar la economía y el empleo.
“La negociación del salario mínimo se da en medio de una coyuntura económica y social compleja. Ello demanda de los empresarios y de los trabajadores una alta responsabilidad para recuperar la economía y el empleo”.
Mañana martes se inician las negociaciones del salario mínimo que deberá regir durante el año 2018. Para tal fin se reunirá la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en la cual participan el Gobierno, el sector sindical y los gremios económicos.
Como es usual, existe una gran expectativa sobre el incremento que se establecerá y para ello, aunque todavía no hay cifras claras sobre la mesa, se comienza a hablar sobre la situación económica del país y sobre su impacto sobre los principales parámetros que deben tenerse en cuenta en la determinación del salario mínimo.
En particular, algunos analistas han llamado la atención sobre el muy bajo crecimiento del producto a lo largo de 2017, el incremento reciente en la tasa de desempleo (fenómeno que es más crítico en las 13 principales ciudades del país), la tendencia progresiva a la baja de los precios, la expectativa de una menor inflación y un mayor crecimiento del PIB en 2018, y el comportamiento, durante el presente año, de la productividad media de la economía.
De allí que, en el cronograma de las reuniones de la Co- misión, se tiene establecido que durante los primeros días diversas entidades, como el Banco de la República, el Dane y el Departamento Nacional de Planeación, deberán ilustrar a los miembros de la mesa de negociación sobre el comportamiento y las previsiones de un conjunto de indicadores económicos y sociales.
Poner de presente el estado de la economía y las perspecti- vas de la misma es, en la coyuntura actual, un factor clave para que, a la hora de la negociación, no se generen aspiraciones de incremento que, antes que ayudar a un pronto reacomodo del mercado laboral, entraben su ajuste.
En particular, debe tenerse en cuenta que, a pesar de la disminución que durante los últimos años se ha presentado en la informalidad laboral en el país, esta continúa siendo muy alta frente a los estándares internacionales.
En estas condiciones, un aumento desproporcionado en el salario mínimo, además de afectar el costo de contratación de la mano de obra y por esta vía la generación de empleo formal, conducirá al incremento del número de trabajadores informales. De esta manera, aquellos que no tienen presencia ni representación en la mesa de negociación, como son los trabajadores informales (los cuales representan un número muy amplio de personas), terminan siendo los más afectados por los intereses de otros grupos que sí derivan beneficios directos del incremento en el salario mínimo.
De igual manera, la situación de la economía y de los diversos sectores económicos no puede servir de excusa para plantear un incremento muy bajo del mínimo. Ello no sólo afectaría aún más el ingreso de los hogares (en especial el de los grupos de más bajos ingresos) sino que haría más lenta la recuperación económica.
En este caso, los empresarios deberán actuar con un alto sentido de responsabilidad social de tal forma que, al tiempo que se hace conciencia de la importancia de evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida de los hogares, se ayude a que la generación de empleo formal retome la dinámica registrada meses atrás.
Por tanto, en las circunstancias actuales resulta de gran importancia que, al final, sean los trabajadores y los empresarios (y no el Gobierno) los que definan el salario mínimo del próximo año