Catarsis en Argentina tras condenas por los “vuelos de la muerte”
Por primera vez se dictaron condenas, algunas a cadena perpetua, contra culpables de arrojar personas desde un avión. Hay polémica por libertad de un implicado.
Las sentencias leídas por los jueces Leopoldo Bruglia, Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Pablo Bertuzzi, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de Buenos Aires, Argentina, fueron históricas: 48 exmilitares fueron condenados, 29 de ellos a cadena perpetua, por su responsabilidad en los denominados “vuelos de la muerte” y otros crímenes en el centro de torturas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la dictadura argentina entre (1976 y 1983).
Entre quienes deberán pagar cadena perpetua están los exmarinos Alfredo Astiz ( denominado “el ángel rubio de la muerte”), Jorge Acosta y Ricardo Cavallo de 67, 76 y 66 años de edad respectivamente, quienes ya cumplen prisión perpetua por juicios anteriores sobre los crímenes
Descontento por absueltos
En el fallo de la Corte también se dieron seis absoluciones, entre quienes figuran el exsecretario de Hacienda en 1980 Juan Alemann, de 89 años y el expiloto militar argentino-holandés Julio Cesar Poch de 65.
Precisamente los movimientos de derechos humanos y de víctimas, rechazaron la decisión tomada frente a Poch, quien estaba imputado por los vuelos de la muerte. Sobre su caso, el Ministerio Público de Argentina apelará el veredicto.
En declaraciones a la televisión holandesa NOS, el fiscal Abdel Córdoba aseguró que tiene “confianza en la calidad de la apelación” pero informó que esta comenzará dentro de al menos 18 meses.
Poch, de 65 años, fue declarado inocente por el tribunal a pesar de que varios pilotos reconocieran ante la Corte que él había admitido haber “arrojado gente” desde el avión.
Aún no está claro si Julio César tiene intención de volver a Holanda, su país de nacionalidad, antes de la apelación, aunque según sus abogados, todavía debe obtener un pasaporte nuevo.
Por su parte, integrantes de movimientos de derechos humanos y hasta algunos de los sobrevivientes a la dictadura, aseguraron tras la decisión judicial que “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.
En el transcurso del megajuicio, que se inició en 2012 y tuvo 54 imputados e investigó cerca de 789 hechos, desfilaron unos 800 testigos, 11 de los imputados murieron y otros tres fueron separados del proceso por razones de salud.
“La enorme cantidad de casos e imputados mostró el sentido de la represión sobre colectivos populares y opositores a la dictadura cívico- militar. Por eso decimos que es un genocidio y que no tuvo nada de improvisado”, dijo Carlos Loza, un sobreviviente.
Unas 30.000 personas fueron desaparecidas durante la dictadura, según organismos humanitarios