CUANDO LAS ÉLITES PRUEBAN SU PROPIA MEDICINA
Tarde en el 2006, viajé a Arabia Saudita en nombre de Human Rights Watch para discutir derechos humanos con el Príncipe Mohammed bin Nayef, en ese entonces el viceministro del interior para asuntos de seguridad. Él me explicó los méritos de los proyectos de su país para rehabilitar a extremistas deteniendo a miles de saudíes hasta que líderes religiosos los declaran reformados. No era problema, decía él, que las detenciones fueran arbitrarias y por fuera de la ley ni que no había evidencia de la ofensa presentada ante un juez. Todos sabían que las personas detenidas estaban enredadas en extremismo, y era por el bien del país, dijo. De hecho, él personalmente había supervisado las detenciones de cientos de otros sauditas que él consideraba un peligro para el país.
Este año, la jugada se devolvió contra Mohammed bin
Nayef. En junio, según los informes, fue golpeado con una prohibición de viaje y efectivamente puesto bajo arresto domiciliario; en noviembre, sus cuentas bancarias fueron congeladas.
Así como en su campaña antiextremista, estas restricciones no fueron ordenadas por medio de ningún proceso legal. Esta vez, fueron gracias a los caprichos de su primo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman.
Algunos señalarían esto como karma. Pero a raíz de los recientes arrestos y detenciones de más de 200 sauditas acusados de corrupción, incluidos altos empresarios, funcionarios gubernamentales y de seguridad, y miembros de la familia real, se entiende mejor como un presagio para todos los ciudadanos de Arabia Saudita, poderosos e impotentes por igual. Las élites sauditas se han dado cuenta, quizás por primera vez, de que también ellas pueden estar sujetas a los mismos procesos injustos y sin ley anteriormente reservados principalmente para disidentes políticos y sospechosos de terrorismo.
Arabia Saudita no tiene un código penal escrito. Así que un juez puede condenar a alguien de una multitud de no-crímenes como “brujería” o “hechicería” o latigar a un bloguero y encarcelarlo por 10 años por “insultar al Islam”.
Algunos defensores del Príncipe Mohammed y la monarquía saudita están menos preocupados con los derechos de los acusados, confiados de que jamás tendrán que enfrentar a la justicia allí. Han elogiado los arrestos en masa como evidencia de que el Príncipe Mohammed toma en serio la corrupción, y algunos incluso comparan la pérdida de miles de millones de dólares de activos por parte de los arrestados a cambio de su libertad para negociar acuerdos en Estados Unidos.
No es ningún accidente que aquellos arrestados representan a los pocos centros de poder que permanecen por fuera del control del Príncipe Mohammed. Estos incluyen a las cabezas de los principales establecimientos mediáticos del país, el jefe de la única fuerza de seguridad restante que estaba fuera de su mandato y representantes de las familias más ricas del reino. Si el gobierno estuviera hablando en serio sobre enfrentar la corrupción, podría haber introducido una ley de conflicto de interés para dar manejo a la autocontratación entre oficiales del gobierno. En cambio aprobó una “ley de antiterrorismo” el primero de noviembre que consolida aún más poder en el nuevo Ministe- rio Público y Presidencia de la Seguridad del Estado, que reporta directamente al Rey Salman, y por lo tanto al Príncipe Mohammed, su asesor más confiable.
Bajo esta ley, cualquier saudita puede ser encarcelado como “terrorista” entre cinco y 10 años por representar al rey o príncipe heredero “en una manera que deshonra la religión o la justicia”. Este ensayo, si fue escrito por un saudí en el país, podría llevar al autor a la cárcel durante años por “terrorista”.
No hay duda de que el Príncipe Mohammed ha aprovechado un impulso desesperado entre los sauditas por la reforma. Su confianza y su supuesta popularidad le han permitido prometer cambios, como poner fin a algunos aspectos de la tutela del gobierno sobre las mujeres y permitirles conducir, por lo que incluso grupos de derechos humanos como el mío lo felicitan.
Pero el matoneo caprichoso no frenará los abusos en Arabia Saudita, ni llevará a los saudíes a confiar en que su país está comprometido con la reforma y el estado de derecho. Y seguramente, muchos más sauditas están ahora relampagueando y manteniendo la cabeza gacha, preguntándose quién será el siguiente
Las élites sauditas se han dado cuenta de que también pueden estar sujetas a los mismos procesos injustos y sin ley reservados para disidentes y sospechosos de terrorismo.