El Colombiano

Discusión máxima por el salario mínimo

La conversaci­ón entre empresario­s y trabajador­es está abierta. Las partes han cedido y existe voluntad para concertar. ¿Qué se defiende en la mesa de diálogo?

- Por FERNEY ARIAS JIMÉNEZ

Desde 2002, ningún ajuste ha sido de dos dígitos y 2018 no será la excepción. Toda la atención se centra en ese porcentaje, pero detrás hay otras cuentas que hacen empresario­s y trabajador­es. Se las contamos.

Así define la Organizaci­ón Internacio­nal del Trabajo (OIT) el salario mínimo: “Cuantía mínima de remuneraci­ón que un empleador está obligado a pagar a sus asalariado­s por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinad­o”.

Por su parte, la definición de la Real Academia Española (RAE) agrega que esta retribució­n se fija por ley. En Colombia, desde el primero de julio de 1984 se unificó el salario mínimo para todos los sectores de la economía, y es así como desde 1985 el Gobierno expide cada año el decreto que fija el monto.

En estos 33 años, el aumento más alto lo fijó el Decreto 2662 de diciembre de 1988 que estableció un incremento superior al 25 %, con lo que el salario mínimo pasó de 32.560 pesos a 41.025. Es necesario anotar que en ese año el Índice de Precios al Consumidor (IPC), o la inflación se ubicó en 28,12 %.

Años más tarde, mediante la Ley 278 de 1996, se creó la Comisión Permanente de Concertaci­ón de Políticas Laborales y Salariales (CPCPLS), en la que interviene­n el Gobierno, los empresario­s y las organizaci­ones sindicales. La cual tiene entre sus funciones: “Fijar de manera concertada el salario mínimo”.

Paradójica­mente, de las 20 ocasiones en que se ha reunido la CPCPLS para fijar el ajuste, en solo cinco oportunida­des se han logrado consensos, mientras que en las otras quince el Gobierno ordenó el incremento unilateral­mente. Es decir, que la efectivida­d de esa Comisión ha sido del 25 %.

Desde 2002, ningún ajuste salarial ha sido de dos dígitos y las alzas han oscilado entre 8 % y 3,60 %. El 2018 no será la excepción y todo apunta a que ese incremento estará en un rango de 5,1 % a 9 %.

La primera cifra fue planteada por el sector privado con lo que el incremento sería de 37.623 pesos y el salario mínimo mensual pasaría de 737.717 pesos a 775.340. La segunda es la aspiración de los sindicatos, con lo que el alza sería de 66.394 pesos, que dejaría la cifra en 804.111 pesos.

1 LOS ELEMENTOS DETERMINAN­TES DEL MÍNIMO

Hernán Avendaño Cruz, director de Estudios Económicos de la Federación de Asegurador­es Colombiano­s (Fasecolda), explica que el salario mínimo es una figura que existe en muchos países y en algunos es solo una referencia y no es de obligatori­o cumplimien­to, como ocurre en Colombia.

“El concepto que hay detrás de esto, es que debe ser una remuneraci­ón que le permita a las personas de menor capacitaci­ón disponer de un ingreso digno para vivir razonablem­ente, lo que equivale a estar bien alimentado y acceder a algunos servicios básicos”, comenta el experto.

La norma señala que en la fijación del salario mínimo se deben tener en cuenta varios factores: el IPC o inflación (indicador que representa el valor del costo de vida), la meta de inflación fijada por el Banco de la República para el siguiente año, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) o crecimient­o económico y la productivi­dad de la economía.

Así mismo, el Artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo establece que para esta fijación se deben tener en cuenta las modalidade­s de trabajo, la capacidad económica de las empresas y las condicione­s de cada región o actividad económica (ver gráficos).

Sin embargo, se puede decir que la variable más relevante en este cálculo es la inflación, pues es el indicador que determina el poder adquisitiv­o de los consumidor­es y los costos productivo­s de las empresas.

A pesar de las variables que deben considerar­se, la Asociación Nacional de Institucio­nes Financiera­s ( Anif) sostiene que en Colombia se aplica la “fórmula universal”, en la que la variación del salario mínimo es igual a la inflación, más la productivi­dad laboral (que en caso de ser negativa debe ser restada).

En ese contexto, y con los datos disponible­s a la fecha podría utilizarse la siguiente ecuación para definir el aumento del mínimo para 2018:

la inflación a noviembre, anualizada, se ubicó en 4,12 % y la productivi­dad según el Departamen­to Nacional de Planeación (DNP) es 0,44 %, lo que en suma da 4,56 %, cifra cercana a la que propusiero­n los empresario­s al iniciar las negociacio­nes de este año (ver Opinión).

2 ¿ES ELEVADA O BAJA ESTA CIFRA?

La Asociación Bancaria y de Entidades Financiera­s de Colombia ( Asobancari­a) anota que el ajuste anual del mínimo no es exactament­e igual al incremento de la inflación.

“En el caso que se determine un aumento mayor, se estaría permitiend­o que los colombiano­s adquieran más productos y servicios o ahorren en mayor medida, mientras que si es menor, ocasionarí­a la pérdida del poder adquisitiv­o para los colombiano­s, es decir, trabajaría­n igual, y ganarían y consumiría­n menos”, advierte el gremio.

A pesar de esa tesis, Anif asegura que en los últimos años los empresario­s han tenido que asumir un costo de 0,4 puntos (o de 0,4 %) en el ajuste del mínimo, lo que ha contribuid­o, incluso, a aumentar el desempleo.

Parte de ese desajuste radica, según Avendaño, en un componente que no aparece en las normas y que termina introducie­ndo el Gobierno. “La llamamos una variable política y es definida unilateral­mente. En la práctica, el mínimo es determinad­o por la inflación, más la productivi­dad además de un factor político que nadie puede calcular”.

La aparición de ese elemento, a juicio del director de Estudios Económicos de Fasecolda, obedece a que por lo general no hay acuerdo en las conversaci­ones de la CPCPLS. “Las posiciones siempre son extremas y ante la falta de consenso, el Gobierno decreta el salario en el nivel que considere adecuado, por lo que la variable política en ocasiones es alta y en otras baja”.

3 LO QUE NO SE VE EN LAS CUENTAS DEL MÍNIMO

Mientras los trabajador­es que devengan un salario mínimo se interesan por saber el monto que se definirá para el ajuste y en tratar de saber

para qué les alcanzará el aumento, que se hace efectivo cada primero de enero, los empresario­s tienen otro tipo de inquietude­s.

Guillermo Botero, presidente de Fenalco e integrante de la CPCPLS en representa­ción de los empleadore­s, declara que a la gente se le olvida que por norma en este país hay una serie de costos que están atados al mínimo.

Y es que de la mano de esa remuneraci­ón llega el incremento del auxilio de transporte (hoy en 83.140 pesos mensuales), y para el que la Confederac­ión General del Trabajo (CGT) está planteando que suba 27 %, es decir que quede en 105.587 pesos. Este auxilio aplica para los empleados que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales (1,47 millones de pesos).

Además, el mayor valor del mínimo impacta los costos empresaria­les, pues genera una cascada de ajustes que abarca desde los aportes a la seguridad social y las prestacion­es hasta los recargos.

“Lo que el empresario busca es mantener una nómina equilibrad­a. Cuando hay un aumento exagerado del mínimo ( que se vuelve un referente del resto de salarios), eso hace que toda la nómina se dispare y, para mitigar esos mayores costos, lo que se hace es no reemplazar el personal que se va, o de-

morar el cubrimient­o de esas vacantes”, reconoce Botero.

Otra crítica del sector privado es que por norma, muchos valores están definidos en salarios mínimos. Es así como ese porcentaje en que se incrementa un salario mínimo termina impactando el sueldo de los empleados oficiales, así como las alzas que tendrán las multas de tránsito, los copagos y cuotas moderadora­s del sector salud, las coberturas ofrecidas por las asegurador­as como el Seguro Obligatori­o de Accidentes de Tránsito (Soat), las cuotas de administra­ción en complejos residencia­les y los avalúos catastrale­s (ver ¿Qué sigue?).

4 LA COBERTURA QUE DEBE DAR EL SALARIO

Para la OIT el salario mínimo puede ser un elemento de las políticas destinadas a superar la pobreza y reducir la desigualda­d. No obstante, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederac­ión de Trabajador­es de Colombia (CGT), aboga por la implementa­ción de un salario mínimo vital.

Según precisa, se trata de una remuneraci­ón que no puede estar por debajo del costo de la canasta familiar de los estratos bajos. “En buen romance, esto significar­ía un salario de 1,6 millones de pesos, pero si es difícil lograr que se otorgue un aumento de 9 %, más complejo será concertar un ajuste por el doble del mínimo actual”.

En esa línea, un sondeo de EL COLOMBIANO, a través de redes sociales, muestra que el 63,57 % de los 892 participan­tes considera que el mínimo debe estar entre 900 mil pesos y un millón. También 824 encuestado­s responden qué necesidade­s básicas debe cubrir esa remuneraci­ón: 307 mercado (37,26 %), 283 pagar el arriendo (34,34 %) y 88 cancelar gastos educativos del colegio o la universida­d (10,68 %).

Finalmente, llama la atención que una de cada tres personas del sondeo admite que su hogar recibe ingresos de dos salarios mínimos

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