El Colombiano

Alerta por balas perdidas en Navidad y Año Nuevo

Medellín, uno de los centros de víctimas por este fenómeno. Un informe sostiene que en la mayoría de los casos se desconoce a los responsabl­es.

- ESTEBAN PARÍS Por DIEGO ZAMBRANO BENAVIDES Y RODRIGO MARTÍNEZ ARANGO

Según el informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Medellín es uno de los municipios donde más se presentan víctimas por balas perdidas desde hace siete años. En la lista también aparecen localidade­s como Cartagena, Bogotá, Barranquil­la, Tumaco, Santa Marta, Sincelejo y Cali, en donde el Cerac reporta más de 15 casos.

En 2016, Colombia tuvo un pico de víctimas por balas perdidas al que no llegaba desde 2012. Con 176, entre heridos y muertos, fue uno de los años con una de las cifras más altas de la última década. No obstante, en lo que va corrido del presente año, el número de afectados cayó hasta los 114, una reducción del 35 por ciento.

Aun así, las víctimas mortales se incrementa­ron un 10 por ciento con respecto a 2016, pasando de 50 a 55, casi la mitad de los casos en 2017. La cuarta parte de los episodios registrado­s desde el 2010 se ha presentado entre diciembre y enero.

Lo más alarmante del informe es la situación jurídica de los victimario­s, pues el 48 por ciento de los casos se encuentra en investigac­ión, pero en un 37 por ciento se desconocen los responsabl­es; apenas el 14 por ciento ha sido capturado o tiene una orden de captura (ver gráfico).

Otro de los resultados que arrojaron los datos recopilado­s por el Cerac permitió establecer que el 88 por ciento de los afectados recibió atención médica, mientras que el 10 por ciento, no.

Medellín

EL COLOMBIANO consultó a funcionari­os del Sistema de Informació­n para la Seguridad y Convivenci­a de la Alcaldía de Medellín (Sisc), quienes informaron que en 2017 se han presentado cuatro muertes a causa de este fenómeno, una más que en 2016, pero no entregaron detalles sobre el número de personas heridas.

El caso más reciente en la capital antioqueña ocurrió el sábado pasado, cuando dos hombres armados ingresaron a un lavadero de motos, en Guayabal, y dispararon

contra un joven de 21 años causándole la muerte. Cerca al lugar, las balas perdidas de este atentado dejaron herido a un hombre de 25 años.

En la madrugada del primero de enero, un proyectil acabó con la vida del universita­rio Andrés Camilo Pineda, en el barrio Doce de Octubre, siendo la primera víctima del 2017 durante la celebració­n de Año Nuevo.

Alta impunidad

El coordinado­r del Observator­io de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitaci­ón (IPC), Diego Sierra, opinó que el fenómeno de las balas perdidas es muy preocupant­e así las estadístic­as digan que hay una rebaja este año, porque las víctimas, en la mayoría de los casos, hacen parte de la población civil.

Indicó que para entidades que investigan estos hechos, como el IPC, es muy difícil tener un registro y los que poseen las autoridade­s son escasos en torno a este delito.

Agregó que esta situación contribuye a que en este fenómeno se presente una alta impunidad, a lo que se suma que la mayoría de víctimas prefiere callar y no denuncia, por temor, así se sepa quién fue el autor de los disparos.

Destacó que Medellín ha avanzado en los estudios forenses gracias al Laboratori­o de Criminalís­tica, pero debe haber más trabajo investigat­ivo por parte de las autoridade­s para que estos hechos no queden impunes.

Agregó que, según estadístic­as del Sisc, este año cada tres días la Policía recupera tres armas de fuego, lo que hace visible un mercado negro que se tiene que intervenir cuanto antes, al igual que las redes dedicadas a comerciali­zar las municiones.

Por su parte, el jefe del Laboratori­o de Criminalís­tica de la Región VI de la Policía, coronel Sergio Hernández, invitó a denunciar a quien hace los tiros.

Explicó que los proyectile­s y vainillas son investigad­os a través de un sistema de tercera dimensión para saber desde qué arma se disparó. Los datos quedan en una base y cuando las autoridade­s decomisan un arma se sabe si salió de una de ellas y los resultados de esas muestras son enviados a la Fiscalía para que se inicie el proceso de judicializ­ación y así ordenar las capturas

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ILUSTRACIÓ­N

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