Plan B para proyectos fast track
Rivera le dijo a EL COLOMBIANO que no es el responsable de lo que se hundió por la vía del fast track.
El ministro del Interior, Guiller
mo Rivera, habló con EL COLOMBIANO sobre el balance de la legislatura en la que pasaron pocos proyectos gubernamentales.
El ministro de Interior, Guillermo Rivera, ya no usa el botón con la paloma de la paz en la solapa. Pese al realinderamiento de las fuerzas políticas, que inició en el segundo semestre de este año, hasta el último momento tuvo fe en las mayorías, pero ahora, con resignación cristiana, reconoce que todo tiempo pasado fue mejor.
Tras la salida de Juan Fernando Cristo a la política electoral, Rivera, quien era el viceministro, asumió como ministro el pasado 25 de mayo, con una tarea fundamental: sacar adelante los proyectos de ley restantes que desarrollaban el Acuerdo, especialmente la reglamentación de la JEP ( que aunque con reparos de las Farc salió adelante), la reforma política y las 16 circunscripciones especiales de paz.
Desde el 2014, cuando no le alcanzaron los votos para pasar de la Cámara al Senado, no tenía un momento tan crítico en su carrera política. Aunque todo era predecible, le fue imposible evitar que, frente a sus ojos, se desmoronara la aplanadora de los últimos siete años de Gobierno.
En diálogo con EL COLOMBIANO afirmó que, cuando el Congreso regrese, el 13 de marzo de 2018, dos días después de las elecciones, ya habrá un mejor ambiente político para sacar adelante seis proyectos de ley de la implementación, pero por la vía ordinaria.
¿Qué balance dejó el fast track para el Gobierno?
“Lo que se logró hacer fue muy satisfactorio: cinco reformas constitucionales en total. En un año fueron aprobados seis actos legislativos, dos leyes estatutarias, dos leyes orgánicas y dos leyes ordinarias. Un balance positivo”.
¿Por qué descartaron convocar al Congreso a sesiones extraordinarias en diciembre y enero?
“Porque la gente está en campaña y difícilmente va a venir a estudiar los proyectos que restan para la implementación del Acuerdo”.
¿Los proyectos que ya habían avanzado con fast
track empezarán de cero?
“Recibimos un concepto del Consejo de Estado y esos proyectos, que fueron radicados después de junio de este año, siguen a partir de marzo en el punto en el que quedaron el pasado 30 de noviembre”.
La Corte dijo que no podía revisar el proyecto de curules, el presidente del Senado no aceptó la decisión de un juez... ¿qué carta le queda ahora para salvarlas?
“Presentamos una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y estamos pendientes de su decisión. No hemos adelantado, ni liderado ningu- na otra acción legal. La Corte Constitucional solo revisa lo que se haya aprobado”.
Si el colapso de las mayorías lo anunció la prensa, voces en la academia y las organizaciones sociales, ¿qué le faltó hacer al Gobierno para evitarlo?
“Nada, el Gobierno hizo todo lo que podía. Le faltaron al Congreso voluntad y grandeza. Presentamos los proyectos, los argumentos, pero algunos sectores del Congreso no quisieron hacer los cambios. Se niegan a reformar la política, se niegan a hacerle una representación política a las víctimas. Eso fue lo que ocurrió”.
¿Qué responsabilidad política tiene usted ante el hundimiento de la reforma política y las 16 curules?
“No, ninguna. Usted no puede
esperar que un ministro sea el portero del recinto del Congreso para que la gente no se retire, para que no haya ausentismo. El ministro lo que presenta es argumentos, y no puede ser medido por si acepta o no los chantajes de los congresistas. Nunca he aceptado ningún tipo de chantaje”.
Varios congresistas de su propio partido le pidieron al presidente del Senado buscar salidas para sacar adelante las curules especiales, pero se ausentaron en la votación final, como el senador Luis
Fernando Velasco, ¿no es eso contradictorio? “Sin comentarios”. ¿Y qué piensa de la decisión del presidente del Senado de implementar una comisión que pueda sacar adelante esas curules?
“Muchos congresistas han mostrado arrepentimiento y ahora están de creativos. Nosotros estamos dispuesto a acompañar esa comisión”.
¿Por qué van a retirar el proyecto que modificaba la ley de regalías?
“Era una excepción para las cuatro agencias que tienen competencia en el posconflicto, pero la ley de garantías ya está vigente, luego ya no vale y ese proyecto no lo vamos a alcanzar antes de marzo, entonces no vale la pena dejarlo en el Congreso”.
“Usted no puede esperar que un ministro sea el portero del recinto del Congreso para que la gente no se retire”.
“Lo que se logró hacer con el fast track fue muy satisfactorio: cinco reformas constitucionales en total”.
La Misión de Observación Electoral (MOE) pidió que fuera retirado el proyecto de reforma política porque se había desdibujado. Si usted dice que el proyecto inició inspirado en las recomendaciones de la Misión Electoral Especial (MEE), ¿por qué se hundió?
“Tengo la impresión de que todavía hay sectores de la política en Colombia, que tienen representación en el Congreso, que no quieren que exista una mayor apertura política”.
¿Qué fue lo que asustó a los congresistas del proyecto de reforma política?
“En los últimos debates en la Cámara lo que había era un gran temor de que surgieran nuevas organizaciones políticas, o que se presentaran ideas de quitarle competencias al Congreso de la República en la elección del Consejo Nacional Electoral (CNE). Hoy ese órgano difícilmente puede desarrollar sus tareas de control a los partidos políticos, porque sus magistrados son postulados por estos, y por eso insistimos en una fórmula distinta”.
¿Qué perdió el país con el fracaso de esta reforma?
“Era una muy buena oportunidad para haber establecido las listas cerradas, con un sistema democrático al interior de los partidos para efectos de la conformación de esas listas. También nos perdimos de ajustar las reglas de juego de la participación electoral para facilitar la conformación de nuevas organizaciones”.
¿El próximo año insistirán más en esta iniciativa?
“Esa oportunidad ya se perdió, este Congreso no fue capaz. Le corresponderá al Gobierno que se posesione el próximo 7 de agosto liderar una nueva reforma, con un nuevo Congreso, y ojalá tenga éxito, por- que así como se necesita una reforma a la justicia, se requiere una reforma integral y profunda al sistema político. Todos los hechos de corrupción y clientelismo que se están conociendo, indican que al interior del sistema hay una reglas que facilitan esos males”.
¿El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, fue el artífice del hundimiento?
“Él se convirtió en un obstáculo para que el sistema político nacional tuviera una profunda e integral reforma”.
Entre las normas aprobadas por fast track está el nuevo Estatuto de la Oposición, que entra en vigencia el próximo 20 de julio...
“Al final del año en todas las corporaciones habrá un debate de evaluación pormenorizada de cómo ha cumplido el ejecutivo el plan de desarrollo. Será una muy buena oportunidad para que la ciudadanía, por cuenta de lo que diga la oposición, haga una evaluación del gobierno, en todos los niveles. También prevé una acción especial para proteger a la oposición. Todavía no ha terminado de revisarlo la Corte Constitucional, esperamos que muy pronto ocurra, porque esa es una ley de carácter constitucional y estatutaria. Como cada 20 de julio, la oposición podrá intervenir, luego de que intervenga el Presidente de la República, para hacer corte de cuentas con el mismo cubrimiento mediático”.
Y en materias de tierras, en lo referente al punto uno del Acuerdo entre el Gobierno y las Farc, ¿qué avances hubo este año?
“El último día del fast track fue aprobada la ley que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Además, el presidente expidió un decreto antes del 30 de mayo de 2016 y aprobó la ley de innovación agropecuaria, que busca crear la modernización de la producción rural, sobretodo en las zonas más afectadas por el conflicto armado”
“Muchos congresistas han mostrado arrepentimiento y ahora están de creativos. Estamos abiertos a escuchar”.