Caso Gómez Hurtado, ¿y los culpables?
Tras 22 años de demoras, muertes misteriosas y desidia estatal, declarar el crimen de lesa humanidad abre la puerta para condenar los responsables.
El crimen del líder conservador, declarado de lesa humanidad por la Fiscalía, no precluirá. ¿Ahora sí avanzará la investigación? Analizamos implicaciones.
El sicario esperó a que Álvaro Gómez Hurtado se subiera a su carro para acercarse, romper la ventanilla y descargarle una ráfaga de metralleta. El reloj marcaba las 10: 20 a.m. del jueves 2 de noviembre de 1995 y antes que las manecillas llegaran a las 11, el líder conservador murió en la Clínica del Country junto a su escolta y asesor jurídico, José Huertas Astamorir, también alcanzado por las balas.
Tras 22 años de acusaciones a altos miembros del gobierno de Ernesto Samper -incluyéndolo a él mismo-, de las muertes de posibles testigos, y de reproches a la Fiscalía por parte de la familia del opositor más fiero del gobierno de la época, ayer, el propio ente investigador declaró el asesinato un crimen de lesa humanidad.
Este epíteto en sí mismo no significa que se esté más cerca de la verdad o que se vaya a priorizar el caso, pero sí implica que la investigación no precluirá y no estará condenada a terminar en un archivador de la Fiscalía.
Solo esto es una luz de esperanza para la familia.
Así lo explicó a EL COLOMBIANO Enrique Gómez Martínez, sobrino de Gómez Hurtado y abogado de la familia: “Hay un cambio en la postura histórica en la Fiscalía y eso es fundamental... Se ha acusado a este ente de fabricar pruebas y ha habido mucho testigo falso. Ellos mismos han sido un palo en la rueda de la investigación y es la primera vez que hay reconocimiento”.
La tesis que defiende la familia Gómez, desde hace más de 10 años, es que se trató de un crimen de Estado y que hubo encubrimiento del asesinato.
Recalca que la Policía ha incidido en la intimidación de testigos y encubrimiento de pruebas, recordando que el asesinado coronel de la Policía Danilo González fue varias veces señalado en el caso.
Esta muerte y otras como la de José Ignacio Londoño Zabala, el llamado “abogado de la mafia”, señalado de ser el autor intelectual del asesinato, deben ser esclarecidas para poder avanzar en el caso, declaró Gómez Martínez.
Además de eso “Hay una serie de testimonios que (el exfiscal Eduardo) Montealegre impidió, como el de Miguel Rodríguez Orejuela, y de otros capos que han ofrecido colaboración y que son fundamentales”, aclaró.
“La familia lo que quiere es ir a juicio, que se impute a los responsables y que un juez decida. El país necesita saber la verdad”, argumentó.
Contexto necesario
La declaración provino de un fiscal de derechos humanos que lleva el caso, quien concluyó que el magnicidio se enmarca en la oleada de violencia del cartel de narcotráfico del norte del Valle, en 1995, cuando emprendió “una política de exterminio de perso- nas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición” y sus características.
Aparte de eso, la Fiscalía comunicó que se ordenaron seis nuevas pruebas dentro del caso Gómez Hurtado (Ver consecuencias).
Si bien el ente investigador no ahonda en las implicaciones del convulso momento político de la época, atravesado por el Proceso 8.000 y el comprobado ingreso de dinero a la campaña del presidente Samper quien estaba contra las cuerdas, es necesario recordar que Gómez Hurtado no solo era uno de los principales opositores al gobierno liberal de la época, sino que, en 1998, se reveló un documento que data del 95 (año del magnicidio) y que consigna las intenciones de un sector de las Fuerzas Armadas de realizar un golpe de Estado en el que tendría un papel protagónico el fallecido líder conservador.
A eso se suma la explosiva revelación en 2010, de uno de los exjefes del cartel del Norte del Valle Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, en la que acusa a Samper y a su ministro del Interior, Horacio Serpa, de haber instigado el crimen del conservador.
La declaración escrita, entregada a una comisión judi-
cial en Estados Unidos, fue desmentida de plano por Serpa, pero para Gómez Martínez, no solo tiene asidero sino que es una versión real.
El proceso
La mesura frente al futuro de este caso es la postura más racional posible, a juicio del exfiscal general de la Nación y exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, quien fue enfático en que la declaratoria es importante, “en la medida en que haya una actividad investigativa que lleve a tomar una decisión final en el caso”.
Según el jurista, si no se pasa a la acción puede ocurrir un caso como el de Guillermo Cano (exdirector de El Espectador), cuyo asesinato, el 17 de diciembre de 1986, fue declarado de lesa humanidad recién en 2010 y al día de hoy, 31 años después, no hay resultados en la investigación.
“No tiene sentido que se quede en una declaratoria. Lamentablemente ha hecho carrera en el país que las investigaciones que tras 10 ó 15 años no han tenido éxito, las declaren de lesa humanidad”, explicó Gómez Méndez, antes de aclarar que “la declaración es válida siempre y cuando haya esclarecimiento del hecho”.
Con antecedentes poco prometedores en la justicia colombiana, el exfiscal concluyó rememorando un viejo adagio en la investigación criminal: “El tiempo que transcurre es la verdad que huye”