Petro ya puede participar en la carrera por la Presidencia
Antes de que comenzara la campaña se decía que las investigaciones podrían ocasionarle dolores de cabeza.
Una candidatura, ya sea por firmas o con el aval de un partido debe estar sustentada en que el candidato no se encuentre inhabilitado. Por eso no podrá haber sido condenado penalmente. También están las sanciones impuestas por la Procuraduría que suprimen los derechos políticos. En época de campaña las investigaciones salen a flote y los candidatos asumen su defensa.
El primer interesado en mostrar que no está inhabilitado para llegar a la presidencia es el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien fue sancionado por la Procuraduría y la Contraloría para ejercer cargos públicos. Además le abrieron procesos fiscales por detrimento al patrimonio público.
La última decisión judicial fue la del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó levantar la suspensión e inhabilidad contra Petro, de manera provisional, hasta que se resuelva el recurso de apelación ante el Consejo de Estado. Petro fue sancionado por la Contraloría con una multa de 200 millones por reducir el valor de pasajes de Transmilenio.
El concejal Hollman Morris, quien hace parte de la campaña de Petro, asegura que el candidato no tiene inhabilidad “ni para participar, ni para posesio-
narse como presidente. Tiene derecho a las cuentas bancarias que le habían confiscado, esa medida ya fue congelada acatando el pronunciamiento de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que solo un juez puede remover derechos políticos”.
Pese a ello el constitucionalista Juan Manuel Charry asegura que mientras la sanción de cualquier candidato “no haya sido anulada por un juez de lo contencioso administrativo, la persona está inhabilitada para participar en cualquier cargo de elección popular”.
La precandidata, Piedad Córdoba, también ha acudido a instancias judiciales para recuperar sus derechos políticos. El Consejo de Estado fue la instancia que decidió suspender las dos sanciones que la Procuraduría le había impuesto por supuestos vínculos con la entonces guerrilla de las Farc