Puente Plato, el lobby que llevó a la Fiscalía a Prieto
Las pesquisas de Odebrecht condujeron a una trama de pagos y contratos presuntamente inflados dentro de la Ruta del Sol 3.
El llamado Puente Plato está ubicado en la salida de la población de Plato, Magdalena, por la vía que comunica a El Carmen de Bolívar con Bosconia y luego a Valledupar, dentro del trazado de la fase tres del proyecto de la Ruta del Sol.
Sobre el papel, la obra no tiene nada ilegal y se ajusta a los proyectos de infraestructura de las vías de Cuarta Generación (4G). Sin embargo, el lobby que habría encabezado Roberto Prieto en la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para conseguir el contrato para su construcción, tiene al cuestionado exgerente de la campaña Santos 2014 cerca de una medida de aseguramiento.
Se trata de un otrosí o contrato de adición, del estilo de la polémica Ocaña-Gamarra, firmado el 20 de julio de 2015 entre el entonces vicepresidente de la ANI Germán Córdoba y el representante de Yuma, Leonardo Castro, por valor total de 5.788 millones de pesos.
Este incluye la edificación de un puente nuevo, distinto al que ya existe allí, a doble carril, pero con los estudios ambientales que impidan una afectación a la Ciénaga Grande del Magdalena.
La tesis que deberá probar la Fiscalía ante un juez es que Prieto habría aceitado la relación entre ambas partes, a cambio de un pago que habría llegado a los 650 millones pesos y con la condición que los estudios y diseños del citado puente quedaran a cargo de Consultores Unidos, empresa del que era directivo Eduardo Zambrano.
El caso Zambrano
Este empresario es otro de los que está con el agua al cuello por el caso de Odebrecht, por haber utilizado a Consultores para realizar contratos en donde se camuflaban los dineros que iban dirigidos a los políticos que hacían lobby para los brasileños.
Así lo confiesan desde la propia empresa, cuyos voceros le di-
jeron a EL COLOMBIANO que, en la actualidad, los mentados diseños de Puente Plato se terminaron, fueron entregados y les falta aún por facturar el último pago convenido, que se realizará una vez la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de el visto bueno al impacto de la obra sobre la ciénaga.
Agregan que Zambrano era independiente sobre los negocios que gestionaba y por eso, dentro de la trama Odebrecht, terminaba inflando contratos para pagar las coimas a los demás salpicados. Por esta razón, Consultores presentó una demanda penal en contra de su exsocio en octubre de 2017, solicitando indemnización.
El interés de Prieto
Dentro de la colaboración de este implicado ante la justicia, ya había descrito los intereses de Prieto con la Ruta del Sol 3, al declarar que se había reunido tanto con los empresarios italianos de Salini Impregilo SpA (socios mayoritarios de la concesión Yuma) como con el entonces director de la ANI, Luis Fernando Andrade, para apalancar este contrato.
Al ser preguntado por coimas, Zambrano declaró inicialmente un pago de 300 millones
de pesos para Prieto, aunque la Fiscalía sostiene que tiene cómo probar que fueron realmente 650 millones.
Según Zambrano, el dinero se pagó con una empresa fantasma, pero la Fiscalía sostiene que se hizo através de Megaland, empresa de un familiar de Andrés Giraldo, el empresario con el que según las indagaciones Odebrecht habría hecho llegar el dinero a la campaña Santos 2014.
Por su parte, en su momento, Andrade fue enfático en afirmar que los 5.788 millones de pesos del otrosí para Consultores salió del presupuesto inicial de la concesión, que fue firmado en 2010 por parte del Instituto Nacional de Concesiones (entidad que se transformó en la ANI en 2011) por un valor de dos billones de pesos y no de adiciones presupuestales.
Aun con todo esto, si bien la trama alrededor de Puente Plato no dejar de hacer parte del entramado de favores y sobornos entre políticos y empresarios alrededor de la Ruta del Sol, sorprende que no haya sido por Odebrecht y la conexión que tendría Prieto con el ingreso de dinero a la campaña reeleccionista y la Ruta del Sol 2 lo que haya llevado al polémico exgerente a responder ante la justicia