EDITORIAL
Pueden controvertirse los términos, pero el debate de fondo planteado por el gobernador de Antioquia es relevante y debe encararse. Transparencia y descentralización, grandes deudas.
“Pueden controvertirse los términos, pero el debate de fondo planteado por el gobernador de Antioquia es relevante y debe encararse. Transparencia y descentralización, grandes deudas”.
El campanazo de alerta lo dio el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en una nueva carta que dirigió al presidente Juan Manuel Santos. La forma y los términos podrían ser controversiales, pero el fondo del asunto era realmente importante. Aseguraba el gobernador en su misiva que “la Nación les arrebata a los departamentos recursos propios territoriales y se los lleva a Bogotá con destinación al Adres”.
Adres, para que se comprenda el problema, es la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Fue creada por el Gobierno para unificar la gestión y las cuentas del sistema de salud. Mediante la ley del Plan Nacional de Desarrollo se estableció el marco normativo y se definieron los fondos y aportes que deberían destinarse a esa cuenta centralizada y, en efecto, varias de ellas son rentas de propiedad de las entidades territoriales.
El pasado 29 de diciembre, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 2265, con las firmas de los ministros de Hacienda y de Salud. En 40 páginas reglamenta las condiciones generales de operación de la Adres. Toca muchos temas del sistema general de seguridad social en salud, de su gestión y de las prestaciones para los afiliados tanto al sistema contributivo como al subsidiado.
Más específico fue el gobernador Pérez en su carta al ministro de Hacienda. Reitera que la exacción de recursos que se le haría a Antioquia sería del orden de los 247 mil millones de pesos al año. Y le cita, de forma acertada, las disposiciones constitucionales que establecen que la propiedad de las rentas departa- mentales es exclusiva de las entidades territoriales y que tendrá la misma protección legal que las de propiedad privada.
Podría darse aquí una discusión técnica, como seguramente la sustentarían funcionarios del Gobierno central, en el sentido de que las rentas departamentales no pasan con este decreto a ser propiedad de la Nación, sino que se centralizan en una cuenta única pero para ser destinada de nuevo a las regiones. Es decir, sería un asunto de gestión administrativa y contable.
Sin embargo, el debate planteado por el gobernador Pérez Gutiérrez y por los otros mandatarios regionales que se sumaron a su protesta, es pertinente y tiene que darse de forma más clara en lo que tiene que ver con las explicaciones y argumentos de los funcionarios del Gobierno Nacional.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, después de reunirse con varios gobernadores, dijo que lo importante no era mirar atrás sino saber que el tema se había resuelto. No parece tan claro, porque sí hay que pedir explicaciones, ellos darlas, y que el Gobierno fundamente las decisiones que plasma en decretos. Para eso estamos, se supone, en democracia, donde debe operar la rendición de cuentas.
El lunes se firmó un documento en el que el ministro de Salud dice que el Gobierno Nacional modificará el Decreto 2265. No dice cuándo, y por ende, sus disposiciones siguen vigentes. Si los Departamentos no las cumplen, podrían verse en aprietos con los organismos de control. Lo que hay es un documento de buenas intenciones, así este sirva de evidencia de que el Gobierno no tuvo en cuenta a las entidades territoriales para reglamentar un asunto que les afectaba en su gestión.
Y si lo que hay es desconfianza con las regiones -que encontraría fundamento en la corrupción flagrante- nada garantiza tampoco que la centralización de la administración de los multimillonarios recursos resuelva los malos manejos cuando se hacen solo desde Bogotá