Violenta de Maduro
Al régimen más cerca de la Corte Penal Internacional.
Maduro de un supuesto enemigo interno, patrocinado por gobiernos extranjeros.
Tigre de papel
De hecho, Maduro habló de que el muerto planeaba poner un carro-bomba y que estaba respaldado por colombianos. Y este viernes, cuando el Parlamento citó al ministro de Defensa Vladimir Padrino a responder por la masacre, se divulgó la versión de que la célula terrorista de Pérez planeaba asesinar al Presidente.
Pero los analistas concuerdan en que el alcance del policía, desertor del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), era más mediático que militar.
Primero se le vio piloteando un helicóptero robado, en el que sobrevoló Caracas y llamó a la rebelión. Ese día, el 27 de junio de 2017, disparó y lanzó dos granadas sobre el Tribunal Supremo de Justicia.
También subía a redes videos de entrenamiento, portando fusiles M-4 y pistolas semiautomáticas en sus pierneras. Y el 18 de diciembre se tomó un puesto de comando de la Guardia Nacional en los Altos Mirandinos (a las afueras de Caracas) y sometió a por lo menos 16 funcionarios sin disparar un solo tiro pero llevándose consigo 26 fusiles de asalto, tres pistolas y 3.240 balas. Sin embargo, al final, el operativo en el que murió dejó en evidencia su verdadero alcance.
“Llama la atención que un grupo comando, renegado, no tuviera una unidad de resguardo y vigilancia. La vulnerabilidad de su escondite demuestra un error estratégico. Solo tenía un punto de entrada y salida”, dice San Miguel.
Y añade que el grupo de Pérez no solo demostró que fue sorprendido, sino que además tenía una limitada capacidad de respuesta y una estructura pobre de organización. De hecho, circuló la hipótesis de que eran idiotas útiles, para mantener el estado de emergencia, que permitiera apresar opositores, amedrentarlos y mantener el control sobre las Fuerzas Armadas y policiales.
Pero ahora es claro que su caso será usado para alimentar el dosier internacional contra el régimen de Maduro e impulsar un eventual proceso en su contra ante la Corte Penal Internacional (CPI).
“Fue una violación fragante de todos los códigos de conducta de Naciones Unidas, en materia de uso de la fuerza por parte de las autoridades, frente a movimientos políticos adversos, incluso terroristas. La aplicación de la fuerza debe ser
proporcional y progresiva y no vimos eso”, explica Mijares. Y agrega que, de paso, Maduro le dio una patada a la mesa de diálogo con el sector más moderado de la oposición, que aparentemente avanzaba desde República Dominicana.
El ministro del Interior, Néstor Reverol, se encargó de sembrar cizaña en torno a la Mesa de Unidad Democrática, diciendo que desde allí salió la información sobre la ubicación de Pérez, ahondando en la división de la oposición venezolana.
Ahora, se espera un pronunciamiento de los cancilleres del llamado Grupo de Lima, doce países que le quitaron el título de democracia a Venezuela desde agosto de 2017. Estos se reunirán este martes en Chile y no se descarta que tomen finalmente la iniciativa de pedirle a la CPI abrir una investigación formal en contra del presidente Nicolás Maduro, un riesgo que ningún estado ha tomado hasta ahora en solitario. Luis Almagro, desde la OEA, también, estaría preparando una
movida diplomática similar.
La Unión Europea, mientras tanto, ya anunció sanciones individuales contra Reverol, Diosdado Cabello (el segundo del régimen) y el presidente del tribunal supremo, Maikel Moreno, por ser culpables de la represión.
La medida se anunció este jueves mientras retumbaban las últimas palabras de Pérez: “Venezuela, no quieren que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir. Fuerza” *Este artículo es una iniciativa de los medios impresos de la Asociación de Medios de Información (AMI). Fue coordinado y realizado por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, con el apoyo de Valentina Lares, en Caracas, y el periódico EL COLOMBIANO.