Estafadores, en las listas al Congreso
Este es un llamado por parte de las autoridades para que los partidos verifiquen y depuren sus candidatos.
782 de los 5.679 candidatos en Colombia tienen pendientes temas por resolver ante la justicia, reveló la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), también conocida como ventanilla única. La mayoría de esos aspirantes comete delitos como falsedad en documento público y lesiones personales en accidentes de tránsito. Conozca el informe y lo que implica en las campañas.
De los 5.679 candidatos que están por las calles del país haciendo campaña al Congreso y pidiéndole a usted que vote por ellos, 631 tienen procesos en la Corte Suprema de Justicia y 103 han cometido algún delito. Es más, cuatro son presuntos asesinos y siete, posiblemente, han estafado a alguien. Una docena de ellos han mentido en documentos públicos y ocho han robado. El diagnóstico no es para nada alentador.
Estos son algunos de los datos que arrojó la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior, el cual es publicado por el Gobierno Nacional con el fin de darle un campanazo a los partidos y movimientos políticos en la construcción de las listas al Congreso. Por eso, este análisis fue enviado a las colectividades con el fin de identificar a sus candidatos con asuntos judiciales por resolver y puedan tomar decisiones antes de las elecciones del 11 de marzo.
Otros datos: De 45 aspirantes inhabilitados por la Procuraduría, los partidos dejaron de inscribir a 24, pero sí incluyeron a 19 con inhabilidades. De estos, se encontró que 10 fueron consultados extemporáneamente; 7 no fueron reportados en la Ventanilla y 2 fueron consultados y se notificó a la colectividad de sus antecedentes.
De acuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, en 2014 se presentaron 33 solicitudes por parte de las diferentes fuerzas políticas, en contraste con este año que ya van 133 solicitudes para averiguar por la situación de sus candidatos. En las pasadas elecciones solamente 8 partidos acudieron a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) y en esta contienda ya lo han hecho 16 organizaciones. “Hemos detectado que 76 candidatos tienen algún antecedente de tipo delictivo”, dijo
Para el ministro, lo más importante de este hallazgo es que los diferentes partidos,
antes de tomar decisiones frente a los candidatos, todos estén consultados en la ventanilla única para establecer la situación de cada uno de ellos frente a investigaciones disciplinarias, penales o fiscales.
“Hay antecedentes sobre un número importante de delitos, que van desde inasistencia alimentaria hasta concierto para delinquir. Esa información se la estamos facilitando a los partidos para que tomen decisiones. Lo importante es que los votantes puedan escoger entre personas que no tengan ningún tipo de antecedentes”, indicó.
El esperado blindaje
Patricia Muñoz Yi, docente e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó que lo que hace la Ventanilla Única es complementar el filtro que hacen los partidos para escoger las mejores candidaturas. “Esto permite que las listas definitivas sean mucho más sólidas. Este es un filtro importante con el fin de tener candidatos sin antecedentes”.
Entretanto, Juan Carlos Álvarez, docente de Derecho Penal de Eafit, explicó que la Constitución Política establece que solo una condena en
firme puede configurar un antecedente penal, y una investigación por sí sola no inhabilita a una persona para aspirar a una corporación pública.
“Sin embargo, creo que el asunto penal no es el problema. Considero que los partidos políticos tienen posibilidad de establecer requisitos relacionados con los avales que otorgan. No obstante el asunto es complejo, debido a que una investigación no implica que la persona realmente sea culpable y se utilicen las denuncias para así lograr que una persona se inhabilite”, explicó el académico.
Para el profesor una vía intermedia podría ser que los partidos, por ejemplo, no den avales si ya existe una resolución de acusación. Es decir, si la persona ya ha sido llamada a juicio, “pero mientras solo sea una investigación preliminar creo que sería abrir una puerta que pudiera dar lugar a injusticias”