Farc dice que todavía no cuenta con garantías
Después de la firma el 24 de noviembre de 2016, han sido asesinados 48 excombatientes y 12 de sus familiares.
Desde que se firmó el Acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016 y hasta la fecha, han asesinado en Colombia a 48 integrantes de Farc y 12 familiares de excombatientes. Dirigentes de este grupo político solicitaron una reunión urgente con representantes de los países garantes y funcionarios del gabinete del presidente Juan Manuel San- tos. El Gobierno presentará nuevas medidas para su protección. ¿Cuál es la situación?
El primer disparo hecho desde la puerta en penumbra le entró a Molina por el cuello, siguió su paso de largo por el hombro, y en su salida le desastilló la clavícula y se incrustó en la pared de la habitación. A Molina, un hombre acostumbrado a esquivar la muerte entre la selva en los años más duros de la guerra, escudado en sus 18 años de militancia en las Farc, la muerte lo sorprendió sin fusil, en camisilla y medio dormido.
Con tres tiros en su cuerpo, Jesús Adán Mazo, nombre de pila de Molina, se desplomó sobre la acera de la casa de paredes verdes ubicada a menos de 100 metros del espacio donde hoy, 145 excombatientes de las Farc buscan volver a la vida civil. El asesinato ocurrió a las 2:30 de la madrugada del 14 de agosto de 2017 en la vereda Santa Lucía, en Ituango, un caserío al que se llega por un camino polvoriento y que tiene una escuela, una iglesia en la que el padre da misa dos veces por semana, 30 casas y un billar.
“Ese día llegaron hombres encapuchados y tocaron muy fuerte la puerta. Cuando Molina abrió, no hubo discusión, solo el fogonazo del revólver, el ladrido de los perros y se escuchó cuando corrieron, pero nadie salió”, recuerda un habitante de Santa Lucía.
El homicidio de quien en vida fuera el jefe de las milicias del frente 18 de las Farc, es apenas uno de los que mueve el contador de muertes del partido político nacido del Acuerdo de paz. Desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el pasado 18 de febrero, van 48 excombatientes asesinados, y a estos se suman 12 familiares, a los que, según los seres queridos, les cobraron con balas haber tenido un hijo, un primo, un tío o un hermano en la guerrilla de las Farc.
Sube la tensión
Los restos de los tres integrantes de las Farc fueron velados en un salón al que asistieron solo sus familiares. Los cubrieron con tres banderas del movimiento político y los ataúdes fueron sellados. Ellos, William Rivera, Johan Silva Paz y José Luis Cortés Cabezas, fueron asesinados por el Eln el 25 de enero de 2018 en la vereda La Florida, municipio de Santacruz de Guachevés, Nariño.
Después del triple homicidio, los cuerpos sin vida fueron enterrados en el cementerio de El Salto, en la vereda La Paloma en Samaniego, Nariño, acompañados de una sentencia del Eln: el que se acercara a ese campo santo correría con la misma suerte. Durante 20 días la tumbas no tuvieron dolientes, ni flores, ni quien llorara a estos muertos.
Estos tres asesinatos, más la desaparición del militante de Farc Alex Santacruz, también con autoría del Eln, y las agresiones a los candidatos políticos en Quindío, Huila y Florencia, subieron la tensión en esa colectividad y solicitaron una reunión urgente con representantes de los países garantes del proceso de paz y funcionarios del alto gobierno.
El encuentro fue el 17 de febrero y en este se analizó el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos así como militantes del partido, la implementación del Acuerdo, el riesgo en el que se encuentra, y el desembolso del dinero para la campaña, el cual hasta ahora no se ha realizado.
Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, aseguró que aunque la situación con respecto a la campaña política es preocupante, para ellos son más dolorosos los homicidios de sus simpatizantes. “Es que ya suman casi medio centenar los guerrilleros reincorporados asesinados por sicarios en diferentes lugares. Un hecho vergonzoso para un Estado que
ofreció toda clase de garantías”.
Al respecto, el Gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, pasando por el ministro del Interior, Guillermo Rivera; y el alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, expresó que hay garantías y se buscarán otros caminos de protección para que los asesinatos y otros hechos violentos no vuelvan a ocurrir en los territorios donde hay presencia de exguerrilleros de las Farc.
El mandatario invitó a los colombianos a no repetir los ciclos de violencia: “tenemos que rechazar y condenar las agresiones contra candidatos –al Congreso o a la Presidencia, de cualquier fuerza política que sean–, y los saboteos que les impiden exponer sus ideas y programa”.
A su turno, el alto comisionado expresó que el Estado “está acelerando los pasos para la construcción de la paz. No vamos a pedir permiso, ni esperar a aquellos que se obstinan en emplear la violencia o se obstinan en el terrorismo”.
Entre las acciones encaminadas a la protección, el ministro Rivera presentará la próxima semana un proyecto para aumentar las medidas de seguridad. “El Gobierno ha ofrecido y seguirá ofreciendo todas las garantías para que Farc y sus candidatos al Congreso puedan continuar con la campaña y les hemos dicho que si hay que hacer algún ajuste en las medidas de protección para que puedan adelantarla, estamos dispuestos a hacerlo”, enfatizó Rivera.
Muertes anunciadas
Cinco meses después del homicidio de Molina, la muerte, personificada en dos hombres de casco y en moto, les llegó a dos desmovilizados de Farc que hacían proselitismo político en Peque, un municipio
del occidente de Antioquia que cuenta con 10.925 habitantes, según el Dane.
Las primeras informaciones obtenidas por investigadores de la Policía señalan que a los dos excombatientes, identificados como Wilmar As
prilla y Ángel de Jesús Montoya
Ibarra, los citaron a un parqueadero del pequeño pueblo para darles una información. Ambos militantes acudieron a las 11:00 p.m. Todo el mundo dormía hasta que los disparos de las armas rompieron el silencio del pueblo en penumbra. Solo hasta la mañana siguiente se supo que eran miembros de la Farc.
Hasta entonces diferentes dirigentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se habían pronunciado sobre los asesinatos, pero con este doble homicidio, aumentaron el tono de rechazo y exigieron garantías de protección.
Sergio Marín, uno de los voceros reclamó: “Exigimos al Estado que actué consecuentemente con lo pactado en el acuerdo de paz y se brinden las garantías integrales para el ejercicio de un partido que le ha cumplido al país”, también lo hicieron Pastor Alape, Timochenko, Iván Márquez y otros dirigentes de la Farc.
Los asesinatos de los excombatientes y ahora militantes son un hecho que aun antes de la firma del Acuerdo eran muertes anunciadas. Los guerrilleros lo sabían, por eso en distintas ocasiones durante la negociación le solicitaron al Gobierno garantías, protección, y “acabar con el paramilitarismo”, señalado por ellos como el potencial enemigo que los llevaría al exterminio, tal
como ocurrió con la Unión Patriótica, un partido político nacido de una negociación de las Farc con el gobierno del presidente Belisario Betancur, al que le asesinaron dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y cerca de 6.528 militantes, casos documentados por Reiniciar, ong encargada de defender los derechos de las víctimas del genocidio de la UP.
El incremento de asesinatos de integrantes de las Farc es un hecho que según el analista del conflicto armado, Juan Carlos
Ortega, obedece a un rencor acumulado por las acciones violentas de ese grupo durante años de conflicto armado; sin embargo, ni el Gobierno ni las autoridades tienen claro por qué los están matando.
“Ahora que las Farc están desarmadas se puede observar una especie de igualdad de condiciones ante los ciudadanos que reclaman justicia. Tienen muchos enemigos que van desde maquinarias políticas, estructuras armadas ilegales y ciudadanos que padecieron los vejámenes del grupo cuando estaba alzado en armas. Eso no se lo perdonan”, explica Ortega.
Dice el experto que esta es la razón por la que se ve a través de las redes sociales videos en los que las personas les reclaman e incluso los incitan a enfrentarse, como el ocurrido en El Socorro, Santander, en el que un ciudadano que se identificó como “el paisa comunero” desafió a muerte a Jairo Quintero, más conocido como Jairo Mechas, quien hizo parte de la dirección del Bloque Magdalena Medio; “pero nada justifica la violencia”, concluye.
Después de la muerte de Molina, en Ituango, llegaron las de Daladier y la de un viejo conocido en ese municipio frío del norte de Antioquia: John
Jairo Ortiz Betancur, conocido con el alias de “el Pájaro”, señalado de detonar, en el 2008, un artefacto explosivo en una calle peatonal que cobró la vida de 9 personas, entre ellas una mujer embarazada.
Lo citaron a un paraje rural, en la vereda El Cenizo. No alcanzó a llegar a la reunión con el Clan del Golfo a la que asistiría para “limar asperezas”. En el camino, cuatro hombres en moto le segaron la vida. A Pájaro, y a los otros excombatientes, les han cobrado con balas lo hecho durante el tiempo de guerra en las Farc