ACOSO A URIBE
Lo que debería avergonzar al Estado colombiano es que sus más altas instancias se dediquen a acosar a uno de los más brillantes estadistas que ha dado el país.
Que al expresidente Uribe le tienen ganas muchos no debería sorprendernos. Con él al frente, y esto es innegable, los colombianos le plantaron por fin cara a las dos lacras que atenazaban al país: las Farc y el narcotráfico, íntimamente vinculados, no lo olvidemos. Gracias a las mayorías abrumadoras que ustedes le ofrecieron, Colombia se quitó de encima los prejuicios que la atenazaban para luchar con todas las armas a su alcance contra el narcoterrorismo. Uribe convenció a todo el país de la necesidad de cortar por lo sano para aniquilar a Marulanda y a sus secuaces. Es el pueblo colombiano el artífice de esta regeneración. Que quede claro. Pero no se puede ser mezquino con quien rigió todos estos años el destino del país. Algo de culpa tendrá Uribe en que las cosas estén como están. Todos ustedes saben de sus jornadas de trabajo infernales y de sus semanas de siete días al frente de los designios del país. De sol a sol y sin descanso aún hoy. Escribí hace unos años que Uribe debería ser declarado patrimonio nacional y lo mantengo. Reitero que deberían embalsamarlo –metafóricamente– y elevarlo a los altares de la convulsa historia política del país por el desempeño de una tarea hercúlea que habría desembocado en la paz absoluta sin necesidad de realizar concesión alguna a los pistoleros.
Lo normal es que después de dinamitar pactos históricos y amaños suculentos a Uribe se le acumulen los enemigos hasta en las más altas instancias. Siempre prestos a rendir favores al poder, algunos han vuelto a salir de sus madrigueras para jalear la caza y captura de Uribe, que ha pasado de acusador a acusado por obra y gracia de la Corte Suprema. El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván
Cepeda por el presunto uso de falsos testigos contra el expresidente, quien acusó a Cepeda de buscar a exparamilitares en las cárceles y convencerlos de que declararan en su contra. Por enésima vez, el senador trataba de involucrar a Uribe con el paramilitarismo, un argumento habitual entre la izquierda de salón, recurriendo al testimonio de convictos capaces de vender hasta a su propia madre por una reducción de condena o cualquier beneficio penitenciario en un sentido o en otro. Tras exculpar a Cepeda, la Corte ha decidido investigar una presunta trama «uribista» para desacreditar al senador y probar que utilizó falsos testigos.
He escuchado y leído las presuntas grabaciones «reveladoras» contra el expresidente que con tanta profusión airean algunos y no he encontrado motivo alguno por el que la Corte Suprema debiera investigarlo. Uribe sabía que le estaban grabando, sí. Nada tiene de particular que un expresidente tan querido mantenga buenos amigos entre los altos funcionarios del país. Tampoco explicar por qué algunas grabaciones no se realizaron. Sin embargo, no es eso lo indignante. Lo que debería avergonzar al Estado colombiano es que sus más altas instancias se dediquen a acosar a uno de los más brillantes estadistas que ha dado el país, capaz de resucitar en menos de una década a un país que estaba moribundo. No hay nadie intocable, ni siquiera quien ha dado la vuelta a Colombia y ha conducido con la firmeza necesaria la mayor revolución democrática de América Latina en decenios. Lo repetiré siempre, Uribe merece que se midan con cuidado las acusaciones en su contra. No hablo de inmunidad sino de respeto. Y para que quede claro, señores magistrados, me pueden pinchar el móvil cuanto quieran. Ni una cerveza le he sacado a su enemigo