Tolima y su fantasma del trasteo de votos
Hay municipios con más personas inscritas para votar que habitantes.
En seis municipios del Tolima confluyen riesgos de fraude y de violencia para las elecciones legislativas del 11 de marzo, según el informe Riesgo Electoral, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE).
El documento refiere que Ibagué está en nivel de riesgo extremo debido a que, por un lado, tiene una participación electoral atípica y un registro inusual de votos nulos, y por otro, está la presencia y acciones de grupos armados ilegales o bandas delincuenciales, violencia contra la libertad de prensa, y amenazas a seis líderes sociales y un dirigente político. En alerta alta están San Atonio, Ortega y Coyaima, mientras que en riesgo medio se encuentran Villahermosa y Murillo.
Entre otras cosas, el reporte precisa que once poblaciones tienen algún grado de alerta de fraude electoral al Senado de la República, siendo los municipios de Valle de San Juan y Alpujarrra los únicos en nivel extremo. En cuanto a la Cámara de Representantes, seis localidades presentan estas preocupaciones.
Según la MOE estos son los municipios con posible afectación por violencia: Villahermosa, Armero, Murillo, San Isabel, Rovira, Roncesvalles, San Antonio, Natagaima, Dolores y Villarrica, con riesgo medio; Cajamarca, Ortega y Coyaima, con rango alto, e Ibagué con nivel extremo.
El reciente atentando contra del alcalde de Alpujarra, Alexánder Díaz Martínez, perpetrado por una persona aún desconocida, no fue tenido en cuenta en el mapa debido a que ocurrió por fuera de la periodicidad del estudio.
En contraste con las pasadas elecciones parlamentarias, los municipios del Sur del Tolima (Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco), no aparecen en el informe producto del Acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las Farc. De hecho, el monitoreo demuestra que este tipo de riesgo ha disminuido de forma continua desde 2007, año en que se elaboró por primera vez el mapa.
“Con este conjunto de situaciones no queremos decir que se van a robar las elecciones, pero sí queremos evidenciar este mapa de riesgos para que se desarrollen acciones, de acuerdo con las competencias de cada una de las autoridades, para minimizar la afectación”, indicó Cristian Martínez, coordinador de la ONG en el Tolima.
Según dijo, este panorama supone un reto para las autoridades si buscan garantizar unas elecciones transparentes, libres y objetivas al electorado.
En los municipios de Prado y Ambalema se registró un incremento inusitado de votantes. De acuerdo con la proyección del censo electoral del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en Prado existen 449 votantes más en relación con el número de habitantes, y en Ambalema la diferencia es de 267 personas.
“Algunas autoridades han mencionado que no se trata de trashumancia electoral. Entonces llamémoslo como está establecido en el Código Penal: inscripción fraudulenta de cédulas. Las autoridades, especialmente la Fiscalía, debe explicar cuáles van a ser las medidas”, comentó.
El alcalde de Ambalema, Juan Carlos Chavarro, no denunció a tiempo que en octubre de 2017 llegaron vehículos de forma masiva a realizar inscripciones de cédulas en un puesto de votación rural. Recordemos que la MOE confirmó que en las pasadas elecciones regionales se configuró trasteo de votos en estos municipios, un fraude electoral que ya fue advertido y que se espera tomen las medidas al respecto.
Entre tanto, la proyección de población en Ambalema para 2015 fue de 6.837, mientras que el número de inscritos para las elecciones alcanzó los 6.926, una diferencia de 89 personas que no habitan en ese municipio.
De acuerdo con Martínez, buena parte de estas irregularidades ocurren porque el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente responsable de la transparencia de los procesos electorales, no tiene presencia en las regiones, carece de capacidad operativa para adelantar investigaciones y, principalmente, está politizado.
Por otro lado, Martínez hizo un llamado a las alcaldías para que reporten a los partidos y movimientos políticos que violen los lineamientos y las restricciones definidas para la época electoral