A Farc le incautan el doble de lo declarado
Desde 2011 la Fiscalía ha detectado 5.632 bienes de la organización por un valor cercano a $2,9 billones.
La persecución de la Fiscalía a las propiedades de las Farc que pudieran estar en manos de testaferros cada día da más resultados. Desde agosto, cuando el Secretariado declaró 540.700 millones de pesos en bienes y dinero en efectivo al Gobierno Nacional para la reparación de las víctimas, la Fiscalía ha decomisado con fines de extinción del derecho de dominio propiedades por 1,13 billones de pesos.
Además, el ente investigador ha capturado a diez presuntos testaferros, quienes en medio del proceso judicial podrán decir realmente a quiénes pertenecen el dinero, los negocios y los bienes incautados.
Andrea del Pilar Malagón Medina, directora Especializada de Extinción del Derecho del Dominio de la Fiscalía General de la Nación, garantizó que ninguno de esos bienes decomisados hacen parte del listado que las Farc entregaron al Gobierno para hacer su tránsito a la vida civil.
Por su parte, el Consejo Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido de la extinta guerrilla, aseguró en un comunicado que “todas las imaginerías y arbitrariedades sobre las fabulosas cifras presuntamente no declaradas por las Farc tendrán que demostrarse”, y agregó: “lo que se impute tendrá que demostrarse en los estrados judiciales. Que se ponga en conocimiento de la JEP. Lo demás es espectáculo mediático”.
La carga de la prueba
La mayoría de los bienes, según estableció la Fiscalía, pertenecerían a Henry Castellanos, conocido como Edison Romaña, y a Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa.
En Colombia, en la extinción del dominio opera la carga dinámica de la prueba, es decir, corresponde al afectado probar los hechos que sustenten la improcedencia de la causal de extinción.
“Cuando el afectado no allegue los medios de prueba requeridos para demostrar el fundamento de su oposición, el juez podrá declarar extin- guido el derecho de dominio con base en los medios de prueba presentados por la Fiscalía”, dice la Ley 1849 de 2017.
Es decir, las Farc deberán demostrar que no son culpables de lavar activos producto del narcotráfico, la extorsión y el secuestro, con los bienes incautados a través de testaferros, si no lo logran, deberán ir a la cárcel.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha dicho en varias oportunidades que “en cuanto a los bienes que no estén relacionados, serán de competencia de la justicia ordinaria y se realizará el proceso de extinción de dominio. Es decir, a quienes los ocultaron los espera la cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, planteó el ministro.
Sin embargo, lo que no es muy claro, es quién es el que estaría ocultando esas propiedades. Juan Manuel Charry, constitucionalista de la Universidad del Rosario, explicó que la justicia penal es personal, por lo que no podrían responder las Farc sino sus comandantes. “Es un hecho que si esos bienes efectivamente son de las Farc hubo un incumplimiento por parte de alguien, pero lo que no está establecidos es si es responsabi- lidad del comandante de cada frente o del Secretariado que fue quien entregó el listado al Gobierno Nacional”.
Y más allá de los asuntos penales, los recursos incautados a las Farc irán a la extinción del dominio y no al Fondo Fiduciario para la Reparación de las Víctimas