Colombia y su tensa relación con la CIDH
Ese organismo inició sus sesiones en el país. La mayoría de sus decisiones son contra el Estado.
Colombia es el segundo país de la región con más casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que comprende la Comisión y la Corte, sin embargo y tal vez por eso, ha sido una relación de amores y odios.
La últimas medidas cautelares de la CIDH más recordadas en el país fueron las otorgadas a las comunidades wayuú, cuyos niños mueren de hambre y sed en La Guajira y las de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, cuando fue destituido por la Procuraduría.
Pero además de las medidas cautelares, que ya suman 86 desde el 2006, la Comisión entrega recomendaciones a los estados para que protejan o indemnicen a la persona demandante si ya es imposible restituir el derecho. Casi nunca Colombia cumple con esos consejos.
Ricardo Asturio Gil Barrera, docente de Derecho Internacional de la Universidad de Medellín, explicó que casi todos los estados esperan a que sea la CorteIDH, que es la segunda instancia del Sistema, la que dicte una sentencia definitiva, y que Colombia no es la excepción.
El profesor aseguró que en parte esta es una estrategia para que la indemnización tenga que pagarla el gobierno siguiente, pero también se da porque “siempre se ha discutido si la CIDH en realidad cumple un papel importante”. Una figura como la de la Comisión no existe en los otros sistemas de protección de Derechos Humanos, “en el sistema europeo no existe una comisión sino directamente el Tribunal de DD.HH.”, señaló Gil Barrera.
No obstante aclaró que en los últimos 20 años Colombia ha cumplido con las medidas cautelares.
Ayer, cuando se inuguraron las 167° sesiones de la CIDH en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos dijo que “el Estado colombiano está comprometido con la labor del Sistema Interamericano, una de las conquistas jurídicas más importantes del siglo XX”, y agregó que el Gobierno ve en este organismo “un garante de las libertades y de la democracia, un motor de desarrollo y un antídoto frente a la injusticia”.
La crisis económica
Durante el 2016, la CIDH pasaba por la peor crisis económica de su historia, los estado parte no estaban haciendo lo suficiente para que el Sistema funcionara y el cierre parecía inminente.
Colombia no entregó recursos durante 2011 y 2014, muchas organizaciones defen- soras de derechos humanos señalaron entonces al Gobierno de indolente. Antes de finalizar ese año la Nación depositó 100.000 dólares, que junto a aportes de otros países ayudaron a salvar a la Comisión.
Para Mauricio Jaramillo Jassir, internacionalista de la Universidad del Rosario, la relación de Colombia con el Sistema Interamericano ha sido muy ambigua, “ha habido momentos en los que incluso el Estado amenazó con retirarse”.
De acuerdo con el profesor rosarista, “todos los gobiernos colombianos han tenido un doble discurso, a excepción de Ernesto Samper, quien acató cabalmente las sentencias y recomendaciones. Fue tremenda la relación con Álvaro Uribe y de ahí en adelante, siempre ha habido doble moral”, porque de cualquier manera la Comisión y la Corte Interamericana han sido una piedra en el zapato para los gobiernos desde lo económico, lo político y lo reputacional
EN DEFINITIVA
La ambigua relación entre el Gobierno y el sistema interamericano se da porque las decisiones de este organismo usualmente le son adversas al Estado, pero son necesarias para mantener la democracia.