¡NO MÁS SILENCIOS!
El pasado 27 de febrero fue otro día luctuoso para el país: cinco humildes soldados fueron asesinados y diez más lesionados en la Vía Tibú-Salazar de las Palmas, Norte de Santander, no como producto de un choque armado en el marco de un conflicto regido por el derecho internacional humanitario, sino fruto del accionar de los extremistas quienes hicieron explotar dos vehículos militares que patrullaban en la zona.
Según fuentes oficiales, la autoría de tan horrendo crimen recae sobre el llamado Ejército de Liberación Nacional, contra cuya cúpula obtuvo la Fiscalía 21 órdenes de captura el pasado día doce, dado que sus integrantes siguen ensañados cometiendo hechos delictivos contra las fuerzas del orden, el medio ambiente, la infraestructura, los ciudadanos comunes y hasta los grupos desmovilizados (homicidios, desaparición forzada de personas), incluido el reclutamiento de menores.
Ello hace imperioso, entonces, que se emprendan acciones concluyentes para repeler esos comportamientos desviados realizados a lo largo y ancho del territorio, que hasta ahora solo están amparados con la impunidad; la intervención de las autoridades no se puede quedar en el campo de la publicidad, del anuncio de investigaciones “exhaustivas”, o de las ruedas de prensa, etc., mecanismos mediante los cuales se busca tranquilizar a la opinión pública. Los delincuentes tienen que ser aprehendidos y conducidos ante fiscales y jueces para que, después de cumplido un debido proceso como corresponde en un Estado de Derecho, se les impongan las sanciones condignas.
Por supuesto, lo acaecido durante los últimos años (en especial las pasadas semanas) demuestra además que la citada banda criminal no tiene ninguna voluntad de someterse al orden vigente y que las negociaciones en el Ecuador solo son un pretexto más para seguir adelante con sus andanzas protervas, hacerse publicidad, y reírse de una comunidad atónita que ansía la paz pero que cada vez la ve más lejana y atormentada.
Desde luego, en atención a los dolorosos precedentes en esta materia y mientras los que rijan los destinos del Estado sean los dignatarios actuales, no parece posible esperar una firme respuesta institucional; por ello, los extremistas acompañados de un marcado fanatismo continuarán pisoteando la Constitución para imponerse y, como ya sucede, al final querrán aparecer en las plazas públicas sin siquiera ruborizarse.
Eso no es de extrañar porque tampoco lo han hecho los paramilitares, las bandas criminales y sus estructuras, incluidas las que actúan bajo el manto de la legalidad; y, por supuesto, todos los corruptos quienes, desde el mundo de la política, tienen a la sociedad civil postrada y de rehén. Por eso, es seguro, también buscarán exhibir sus eventuales “amnistías” o “indultos” (da lo mismo como se les llame, pues aquí hace rato se perdió la hoja de ruta en esta materia), como prueba irrefutable de que gobernantes pigmeos y sin transparencia cedieron ante sus pretensiones o, lo que es peor, se coaligaron con ellos, y por ninguna parte brillarán la verdad, la justicia, la reparación y algo que es trascendental: la no repetición de los comportamientos censurados.
El país, pues, sigue cuesta abajo en medio del derrumbe institucional en un caótico año electoral colmado de candidatos mediocres, maquillados, sin liderazgo ni programas sensatos, quienes en atención a sus pasadas ejecutorias no parecen tener la estatura y la aptitud suficientes como para conducir a esta atormentada nación por unos cauces mejores. Así las cosas, el porvenir no es nada halagüeño máxime si los verdugos quieren imponer la ley del silencio, para que el escepticismo crezca y la esperanza de un mejor mañana se aleje a pasos agigantados, porque en tales condiciones no se logra la convivencia armónica y civilizada.
En fin, si bien es cierto que la escalada de los violentos la tienen que controlar los organismos de persecución penal, asimismo lo es que la población civil ha de movilizarse para rechazar el accionar de los forajidos que impiden la construcción de una patria digna y mejor
El país, pues, sigue cuesta abajo en medio del derrumbe institucional en un caótico año electoral colmado de candidatos mediocres.