EN DEFENSA DEL GOBIERNO MERITOCRÁTICO
Hoy, 4 de marzo, 47.019 ciudadanos presentarán su examen escrito para la convocatoria 429 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), la cual tiene la nada despreciable tarea de seleccionar 4.927 nuevos funcionarios públicos para el Departamento de Antioquia, incluyendo 2.094 plazas para la Alcaldía de Medellín. Según explica la CNSC en su sitio web, del total de los candidatos, “27.217 son mujeres y 19.802 corresponden a hombres”, incluyendo cinco candidatos a asesores, más de 12.000 a cargos profesionales y técnicos, y otros 12.777 a cargos asistenciales. Son cifras que, en medio de tantas noticias de clientelismo, nepotismo y corrupción, hacen sentir cierta frescura, pues dan cuenta de una importante iniciativa para profesionalizar la administración pública local.
Por eso llamó la atención esta semana que el gobernador de Antioquia, la Asamblea y el Concejo de Medellín, hayan hecho un llamado para suspender este proceso de convocatoria, aduciendo que era injusto que esta solo se hiciera en Antio- quia (El Colombiano, 27/02/2018). Sobre este débil argumento crítico, lo primero que es necesario señalar es que en la actualidad la CNSC tiene en su cronograma convocatorias planteadas para Cundinamarca, Valle del Cauca y Bogotá, además de muchas otras entidades (ver el listado en www.cnsc.gov.co). Tampoco se señala por los políticos locales, que la alternativa a la convocatoria es continuar con los cargos en condición de provisionalidad. Opción que es preferida por los políticos que rechazan la carrera administrativa, porque les permite nombrar los cargos públicos a dedo. En definitiva, se debe leer su rechazo como una resistencia a perder poder, aunque esto no lo pueden decir públicamente. En este sentido, el llamado de quienes creemos en un Estado profesional y meritocrático debe ser el de seguir adelante con el proceso, con independencia y rigor, para que quienes lleguen a los puestos públicos lo hagan por sus méritos y conocimientos.
Adicionalmente, debe resaltarse que cada uno de estos 47 mil ciudadanos solo puede participar en el proceso de selección de un cargo. Por un lado, esto garantiza un promedio de casi 10 candidatos por posición. Por el otro, exige perseverancia y una alta capacidad de procesamiento de datos por parte de los aspirantes, pues se deben tomar el trabajo de leer entre miles de ofertas para escoger los cargos que más le interesan. Si bien todos estos procesos molestan a muchos que prefieren la rosca o la recomendación del concejal o el diputado, a los ciudadanos nos garantiza que quienes participen tendrán que pasar por un proceso largo, demandante y una serie de pruebas, que incluyen un examen de más de 170 preguntas, además de un proceso de selección independiente.
En conclusión, lo que se debe hacer en este momento es monitorear y proteger la convocatoria, pues de la calidad de los funcionarios que en ella se contraten, dependerá la eficiencia de la gestión pública en el futuro por venir. En este sentido, sorprende que las únicas voces que se pronuncien al respecto sean las de los que han manejado los cargos de manera clientelista, mientras que la sociedad civil está ausente del debate, sin percatarse de la importancia del proceso que está ocurriendo
Se debe leer su rechazo como una resistencia a perder poder, aunque esto no lo pueden decir públicamente.