Justicia Especial priorizará los crímenes del conflicto
La imposibilidad de juzgar e investigar todos los delitos cometidos por los grupos armados en el conflicto armado en 50 años de hostilidades, llevó a que la Justicia Especial para la Paz, JEP, priorizará aquellas afectaciones más graves en relación con los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Patricia Linares, presidenta de la JEP, dijo a EL COLOMBIANO que según el proyecto de la ley estatutaria que reglamentará este sistema judicial, serán los magistrados quienes elegirán los casos relevantes para darle solución judicial.
La abogada indicó que se hará de esta forma ante la imposibilidad de llevar todos los casos a las salas de este tribunal, además, desde se recibirán los informes que contienen las conductas que directa o indirectamente tuvieron relación con las hostilidades.
“Esos informes que recibiremos son los puntos de partida de la JEP. Allí quedaran consignados grandes casos que vigilaremos en detalle y que se- magistrados de la JEP se han posesionado hasta el momento. Faltan 3 para completar la sala.
rán recibidos de la Fiscalía, la Procuraduría, la Jurisdicción Penal Militar y la jurisdicción ordinaria”, expresó Linares.
Con la apertura hoy se da carta abierta a las investigaciones de 7.400 casos ya postulados, entre los que hay 1.824 militares y 27 casos de civiles. Además, se estudiarán 2910 solicitudes de guerrilleros que firmaron sus actas de compromiso para contar la verdad.
Desde hoy empiezan a contar dos años para que las entidades y organizaciones de víctimas entreguen sus informes, y para analizarlos, la JEP organizó un equipo interdisciplinario de 113 personas.
Linares explicó que las audiencias de la JEP serán públicas, con espacios para las víctimas, la ciudadanía y los medios de comunicación, pero aún está por definirse cuándo y cómo será el procedimiento.
Participación de víctimas
La participación de los afectados por acciones violentas se hará de forma paralela, como quedó establecido en los 228 artículos contenidos en el proyecto de ley presentado por los magistrados al presidente Juan Manuel Santos y que regirá esta justicia especial.
“Para diseñar la propuesta tuvimos en cuenta las lecciones aprendidas en las leyes de Justicia y Paz y el Código de Procedimiento Penal, con la idea de hacer más sencillo y ágil el proceso jurídico”, explicó el magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli.
Con los casos en sus manos, este tribunal tiene la potestad de imponer las sanciones a los autores que irán, según el Acuerdo, con penas entre 5 y 8 años de restricción a la libertad si el autor reconoce la autoría del hecho; habrá cárcel entre 5 y 8 años para quienes reconozcan su culpa de manera tardía; y aquellos que no lo reconozcan y sean hallados culpables serán condenados a 20 años de prisión